Por Leonardo Ixim

La decisión de Trump de revivir una ley existente por lo menos desde los años noventa, que separa a los niños migrantes que viajan rumbo a Estados Unidos ya sea con sus padres o apoderados o para encontrarse con éstos, ha evidenciado el carácter autoritario y de desprecio a los derechos humanos de la actual administración presidencial estadounidense.

Desde el mes de abril en que el actual gobierno gringo anunció la aplicación su política de “cero tolerancia” a la migración calificada de ilegal hacia ese país, hasta los días pasados en que Trump dio marcha atrás a tan abominable acción, se calcula que alrededor de 2,300 niños fueron separados de sus padres. Ya en los días anteriores recordemos que había sido asesinada la joven guatemalteca de 20 años Claudia Patricia Gómez Gonzáles en la ciudad de Laredo, Texas; esta joven que se había graduado de educación media pero por falta de recursos no había podido ingresar a la educación superior; era procedente de un municipio maya-Kiche del departamento de Quetzaltenango.

El carácter racista de la política migratoria

El ascenso de Trump a la presidencia de la principal potencia imperialista evidencia la crisis de legitimidad de los órganos representativos de ese pais, que para mantener su hegemonía han necesitado de la creación de instituciones formalmente democráticas. Acompañado de discursos y prácticas de cuestionamiento al racismo,  que fue una de las bases de la creación de esta nación, aunque limitado después de la guerra civil del siglo XIX y de las luchas sociales por los derechos civiles hace más de cincuenta años.

Trump emerge con discurso racista y sobre los dos principales partidos políticos, aunque postulado por el republicano, se posiciona como un outsider acusando a las “élites” de la decadencia del imperio. Ya en el gobierno, afianza la relación con estas mismas élites, sobre todo con las fracciones monopólicas de la burguesía y un fuerte sector de funcionarios cercanos a éstas y al ejército de ese país. De sus diatribas anti-globalización en la campaña pasan a representar la punta de lanza de sectores de esos monopolios, que buscan reposicionarse a nivel global ya no con el multilateralismo y consenso con otros países capitalistas desarrollados, sino con el unilateralismo, reflejo de una potencia en crisis.

Lo que se ha aplicado, aunque no sin contratiempos, es la  política migratoria  que anunció, pues aunque jueces locales han revertido la imposición de visados restrictivos a países de Medio Oriente y el famoso muro -que existe pero no como una muralla- no ha podido avanzar sin un presupuesto para su construcción. Avanzando en medidas como  la lotería de visas para turistas y lo que mas ha preocupado, la eliminación del Programa de Acción Diferida (Daca por su siglas en ingles) que consistió a normalizar la residencia de jóvenes nacidos en ese país de padres migrantes quienes estudian diversos niveles educativos, con la posibilidad de expulsar  a miles de jóvenes que se han criado y desarrollado en ese país.

Por su parte, los demócratas que han cuestionado con vehemencia las políticas migratorias de Trump, en los gobiernos de los últimos años, el de Bill Clinton y los dos de Barak Obama, no se han quedado atrás en las políticas represivas migratorias. Fueron éstos, sobre todo el de Obama, el que mas migrantes centroamericanos y mexicanos ha deportado y si bien éste buscó impulsar una ley que regulara la situación migratoria de mas de 10 millones de personas indocumentadas, esto era acompañado con reforzamiento militar y policial con alta tecnología de la frontera entre Estados Unidos y México y de controles migratorios en aeropuertos, denominado  E-Verify.

Por eso decimos, que el muro existe ya desde hace años con el cada vez mayor uso de la Guardia Nacional -un cuerpo militarizado- acompañando a la Border Patrol en la frontera sur estadunidense. Pero que ahora con Trump es más descarnada su aplicación represiva.

A eso se aplica la militarización en la frontera sur mexicana, donde el ejército de ese país tiene la asesoría gringa para poner un dique de contención en lo que se considera la primera medida de seguridad estadounidense para evitar la migración. Acompañada del control militar del lado guatemalteco a partir del retiro del ejército de Guatemala de las calles y su trasladado a la frontera con México. Dique de contención que, a partir de Costa Rica, sin excepción, todos los países centroamericanos aplican.

La necesidad de mano de obra mal pagada para abaratar los salarios de los obreros norteamericanos y migrantes impide un control total de las fronteras; por eso y otras particularidades, como el costo de un muro como lo sueña Trump, es inconcebible para los grandes capitalistas, pero sí lo es una regulación cada vez más draconiana del flujo migratorio. De allí que los tipos de visas para trabajadores manuales e intelectuales se hagan cada vez más restrictivos y no garanticen un cumplimiento cabal de derechos laborales.

Ahora, su discurso racista es para satisfacer ciertas audiencias de la población estadunidense de origen anglo-sajón que comulgan con la extrema derecha votantes tradicionales republicanos y algunos sectores de la clase obrera que por repudio a las anti-populares políticas aplicadas por los demócratas votaron por Trump, bases cuyo apoyo tampoco es garantizado. Esto en su afán de ubicarse como un Bonaparte, otro síntoma que refleja la crisis de las instituciones republicanas de ese país. Con ello o como parte de, se ha registrado una serie de manifestaciones racistas de toda índole en ese país, ya no solo contra latinos, musulmanes o árabes, sino contra todo aquel que no sea blanco.

Reacciones en Centroamérica

Las denuncias de que los niños, al ser separados de sus padres o al llegar solos a la frontera, eran trasladados a centros donde permanecían encerrados, bajo condiciones terribles, encerrados en jaulas sin posibilidad de moverse, no poder ir al baño, sin abrigo necesario, falta de atención médica o mala alimentación, violando todos los convenios de derechos humanos sobre niñez; puso al desnudo cómo el imperialismo, pese a su discurso promotor de DDHH, viola constantemente los derechos de la población que migra hacia ese país, esto acompañado de protestas en varias ciudades de ese pais y en las capitales centroamericanas, en las cuales nuestras secciones han participado.

Las protestas obligaron, como mencionamos, a Trump a dar macha atrás en esta medida, pero ahora aparece otro problema igual de doloroso, sobre los procedimientos burocráticos para reencontrarse con sus padres, de los cuales muchos están retenidos. Estos centros para los niños o sus padres han sido calificados por organizaciones civiles como verdaderos campos de concentración. Ante eso la misma primera dama Melania Trump fue a visitarlos para constatar tal situación.

Por su parte, los procuradores de derechos humanos de Ecuador, Colombia, Guatemala y México solicitaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos  que otorguen medidas cautelares para prevenir que menores de edad sean separados de su familia. Requiriendo a la CIDH que actúe y pida al Gobierno de Estados Unidos que adopte  medidas necesarias para proteger los derechos de la familia, la integridad personal, la libertad personal y los derechos de la niñez (El Periódico 18 de junio).

Por su parte los gobiernos centroamericanos han tenido una actitud timorata, siendo el caso más patético el de Guatemala. Los gobiernos de El Salvador y Honduras emitieron comunicados pero hasta allí, mientras que en Guatemala, después de una serie de evasivas y declaraciones lamentables que le costaron el cargo al  ahora ex vocero presidencial Heinz Hiemann, quien llegó al grado de decir que respetaba la política migratoria de Trump, la canciller Sandra Jovel se pronunció pero sin mayor contundencia.

La Comisión Nacional de Atención al Migrante  de Guatemala por su parte, anunció que pedirá a la Unicef una mesa de coordinación para realizar políticas de atención a la niñez migrante. Esto mientras una mujer guatemalteca ha anunciado que demandará al gobierno gringo por apartarla de su hijo. A esos se suma los últimos datos de la Dirección General de Migración de Guatemala, que dan cuenta que las deportaciones aumentaron en un 77 % a mayo de 2018 en comparación del año anterior  (La Hora 20 de junio). Mientras las remesas siguen aumentando después de una baja al inicio del gobierno de Trump, de US$ 2,992 millones en 2005 a US$ 8,182 millones en 2017.

Fronteras abiertas para todos y todas

Compartimos el  pedido de varias organizaciones guatemaltecas que exigen la renuncia de la canciller Jovel, a partir de un comunicado al que nos sumamos y lo exigimos también para los cancilleres de Honduras y El Salvador por su inoperancia. Consideramos también que es importante que los trabajadores de Centroamérica, México y Norteamérica, sindicatos, organizaciones civiles y de derechos humanos sumen fuerzas para realizar movilizaciones para parar las políticas represivas de Trump y en última instancia, consideramos que solo desmontando las fronteras que las burguesías nacionales han impuesto, por medio de una revolución socialista internacionalista en todo el continente americano se logrará por fin el derecho a la movilidad humana, porque ninguna migración tiene que ser ilegal.