Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4Ante el gobierno y la derecha proimperialista es posible una "opción revolucionaria de los trabajadores y el pueblo"
La Asamblea Nacional, por instrucciones del presidente Chávez, presentó al Consejo Nacional Electoral, un proyecto de enmienda constitucional que posibilita la postulación ilimitada para optar a los cargos de elección popular. Efectivamente, en virtud de esta decisión, el próximo 15 de febrero los venezolanos y venezolanas, mediante un referendo nacional, debemos adoptar posición ante dicha propuesta de enmienda constitucional.
La enmienda es un nuevo intento por liquidar las conquistas democráticas del pueblo
A partir de 1999 los trabajadores y el pueblo venezolano lograron las más importantes conquistas democráticas de nuestra historia, superiores incluso, a las logradas con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958: se amplió la libertad sindical, proliferaron nuevos sindicatos clasistas; se liquidó a la burocracia sindical adeco-copeyana de la CTV , y como consecuencia de ello surgió la Unión Nacional de Trabajadores, la más importante conquista de la clase trabajadora venezolana; se amplió el derecho a la organización social y popular, mediante el surgimiento de Círculos Bolivarianos, frentes campesinos, organizaciones indígenas, asambleas populares, Mesas Técnicas de Agua, Consejos Locales de Planificación Pública, e innumerables organizaciones sociales. Y quizás lo más importante, se liquidó el régimen burgués puntofijista, abriéndose la posibilidad cierta de profundizar la revolución hacia el socialismo y de concretarse el poder obrero y popular.
Entre 1999 y el 2004 el gobierno del presidente Chávez se apoyaba en las masas movilizadas. Esto le permitió enfrentar y derrotar las tentativas fascistas de liquidar el proceso revolucionario. Sin embargo, en el período abierto con la derrota electoral que sufrió la derecha fascista en el referendo revocatorio presidencial, el gobierno optó por no profundizar el proceso revolucionario, tendiendo puentes a la burguesía derrotada y a sus agentes. Desde entonces el gobierno ya no se apoya en la movilización popular, y por el contrario, lo hace cada vez más en un nuevo sector burgués engendrado al calor de los recursos de la renta petrolera, a través del control del aparato de Estado y la mediación con la burguesía tradicional. En consecuencia, los métodos del gobierno son cada vez más burocráticos y antidemocráticos, y el contenido de sus políticas está orientado por los intereses de sus aliados burgueses.
Las conquistas democráticas logradas por los trabajadores y el pueblo en el marco del proceso revolucionario, se encuentran hoy en peligro. El gobierno intenta liquidarlas suplantándolas por el control autoritario de la sociedad y de todas las instituciones del Estado, y esto se refleja en una creciente corporativización del movimiento popular y sindical, expresada en el rechazo a la autonomía sindical; en el establecimiento de sindicatos paralelos aupados desde el Ministerio del Trabajo; en la represión a las movilizaciones, como el caso de los estudiantes o el reciente asesinato de 2 trabajadores de Mitsubishi por la policía de Anzoátegui; en el establecimiento de regímenes de presentación ante los tribunales; en la manipulación clientelar de los Consejos Comunales, y en el control presidencial de la Asamblea Nacional , la Fiscalía , el TSJ, la Defensoría del Pueblo, y demás instituciones estatales. Por ello decimos que tanto la reforma en el 2007, como ahora la enmienda, buscan liquidar las conquistas democráticas del pueblo.
La enmienda no es garantía de profundización del proceso revolucionario al socialismo
Rechazamos como falsas las argumentaciones del gobierno y de los voceros del PSUV, en el sentido de afirmar que la enmienda es el camino para garantizar la supervivencia del proceso revolucionario. Eso es totalmente falso. La única posibilidad de sostener y profundizar el proceso revolucionario, se encuentra en la aplicación de medidas de transición al socialismo que hagan efectivos cabalmente los derechos democráticos que hemos mencionado anteriormente; así como a través de la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción, pasándolos a manos de los trabajadores. Cuando el pueblo conquiste estos avances revolucionarios, se podrá hablar del Poder Popular como el ejercicio del gobierno directo por parte de los sindicatos, los consejos comunales, las agremiaciones campesinas, las comunidades indígenas, y demás organizaciones del pueblo.
Mientras que las luchas populares apuntan a la dignificación de los sectores más explotados y marginados, la práctica de los nuevos ricos en el poder apunta a la consolidación del actual estado de cosas. Como prueba fehaciente de lo que afirmamos están los distintos experimentos de empresas de desarrollo endógeno, cooperativas, “empresas socialistas”, recuperadas y renacionalizadas gracias a la luchas de los trabajadores, pero que en manos del gobierno y sus administradores boliburgueses y burocráticos se han convertido en la mejor expresión de la irracional explotación de la fuerza de trabajo, por cuanto se conculcan los derechos de contratación colectiva y organización sindical y se viola la Ley Orgánica del Trabajo, convirtiendo a los trabajadores, al igual que en China, en la nueva clase esclavizada de la sociedad, que cambia duras jornadas de trabajo por míseros salarios, y obligada a realizar trabajo “voluntario” y sin posibilidades reales de resolver las angustiosas calamidades que provoca el capitalismo. La inflación, el desabastecimiento, la falta de fuentes de empleo y seguridad social, el déficit de viviendas, la inseguridad y otras tantas lacras capitalistas, son el trasfondo en el cual los boliburgueses se enriquecen a la sombra de la renta petrolera. Y los altos funcionarios de la administración pública flotan cómodamente por encima de los males que aquejan a la población, gracias a salarios que superan 10, 20, y hasta 40 veces el salario mínimo, mientras que empleados y obreros de las instituciones estatales van para 5 años sin contrato colectivo, en medio de la incertidumbre de que no les renueven los contratos a tiempo determinado, inestabilidad que afecta al 63% de los trabajadores públicos.
En realidad, sólo la movilización obrera y popular podrá garantizar la profundización del proceso revolucionario.
Esta enmienda no es prioridad para el pueblo: luchemos por la enmienda necesaria
Afirmamos que esta enmienda no es la prioridad de millones de venezolanos y venezolanas, que desde hace muchos años venimos sufriendo la brutal ofensiva económica de los capitalistas y las multinacionales, expresada en carestía y desabastecimiento artificial de productos de consumo popular. Las prioridades son otras en esta coyuntura en la que sentimos los primeros coletazos de la crisis financiera y económica capitalista que se vive a nivel mundial, la cual el gobierno pretende minimizar, mientras somos los de abajo, los pobres, los asalariados, los que la sufrimos con todo rigor.
Si el proceso revolucionario descansara en la reelección, como afirman el gobierno y sus seguidores, estaríamos condenados a ver como continúa desarrollándose escandalosamente un nuevo sector burgués explotador, engendrado en las entrañas del proyecto “nacionalista” burgués que defiende el presidente Chávez, y se consolidaría la nueva casta burocrática que se empeña en secuestrar y deshonrar los derechos políticos de la población.
Esta enmienda es regresiva y pretende consolidar un gobierno que tiene ancladas sus expectativas en el lucro particular de sus funcionarios, que anuncia a los cuatro vientos acuerdos estratégicos con los empresarios explotadores, que convive y es permisible con la delincuencia organizada, que protege a los corruptos, y sobre todo que favorece la impunidad. Una impunidad que protege las arbitrariedades que se cometen contra quienes nos presentamos en forma diáfana ante el pueblo para decirle que este no es el socialismo por el que hemos venido luchando durante tantos años; una impunidad que ampara la liquidación de nuestras organizaciones revolucionarias, y en la que se asientan los asesinatos de dirigentes campesinos, populares y sindicales, como fue el caso reciente y trágico de nuestros camaradas Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, en el estado Aragua.
Al igual que en diciembre de 2007, decimos que estamos en contra de la enmienda constitucional, mucho más cuando ella se pretende imponer a fuerza de presiones, de amenazas y de chantajes contra cientos de miles de empleados de la administración pública, trabajadores de PDVSA y de habitantes de las comunidades que gozan de algunos beneficios a través de programas sociales y Misiones, por cierto, cada vez más en crisis y sumidos en graves conflictos con sus trabajadores.
Está claro que esa enmienda no nos conduce al socialismo, por el contrario, es un paso más en la restricción de las libertades democráticas, y por eso hay que rechazarla.
Estamos plenamente conscientes que de salir derrotado este nuevo proyecto gubernamental, la oposición golpista y fascista se seguirá oxigenando, tal y como lo ha venido haciendo gracias a la amnistía y a los puentes que le ha tendido el gobierno, pero eso no es responsabilidad de los trabajadores o del pueblo, ni mucho menos de los revolucionarios honestos que decimos la verdad dispuestos a pagar el precio que sea. Si la derecha proimperialista logra sacar provecho de esta política desastrosa, será exclusiva responsabilidad de quienes la han formulado de manera inconsulta: el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y los gobernadores y alcaldes, sobre ellos deberá caer el peso de la derrota.
La enmienda que defendemos y promovemos es aquella que posibilite efectivas ampliaciones a los derechos democráticos de la población, que garantice la organización sindical y política con independencia de clase, la movilización sin represión y sin amenazas, el ejercicio directo del poder por parte de los trabajadores y el pueblo, así como el derecho a la educación, el empleo, la vivienda, la salud y la seguridad universal.
En el contexto de la crisis económica del capitalismo mundial, que ya se expresa en nuestro país en despidos; revisión de nóminas en la administración pública; no renovación de contratos; austeridad en el presupuesto de gastos; supresión y eliminación de entes públicos, sin duda, habría que reformar la Constitución dándole una respuesta a la crisis con medidas que nos conduzcan de verdad al socialismo. La enmienda que habría que proponer en estas circunstancias es la de los artículos 112 y 115 que consagran la propiedad privada de los medios de producción, así como aquella que posibilite la reducción de la jornada laboral; el establecimiento del control obrero sobre empresas y fábricas; la eliminación de las empresas mixtas; la reforma agraria que entregue las tierras a los campesinos y acabe con el latifundio; la nacionalización de la banca y del comercio exterior; así como la discusión con los trabajadores y el pueblo de un Plan de Emergencia Económico y de Infraestructura para enfrentar la crisis.
Sin embargo, ninguna de las medidas que hemos enumerado forma parte del programa del gobierno actual, pero sí se mantiene el ejercicio político excluyente y clientelar, impuesto por el gobierno de la mano de la burocracia “roja, rojita” y de la nueva boliburguesía, reeditándose así la historia lamentable del populismo burgués puntofijista, ahora barnizado de “socialismo del siglo XXI”.
Ni el gobierno ni la derecha proimperialista son alternativas para el pueblo
Tanto el gobierno como la derecha tradicional y sus partidos quieren encasillarnos en un falso dilema, pretendiendo presentarse como las únicas opciones para el pueblo y los trabajadores venezolanos. Por una parte, la burguesía golpista y proimperialista, que tantas veces se ha coaligado con el gobierno de los EE.UU. para destruir los avances democráticos del pueblo venezolano, se presenta ante el país como la única alternativa al gobierno, y busca sacar provecho del legítimo rechazo que inspira en el pueblo la corrupción y el burocratismo crecientes en el aparato estatal. Por otra parte, los burócratas y boliburgueses chavistas afirman que ellos son la única garantía de que esa derecha golpista no vuelva al poder, y plantean que votar a favor de la enmienda garantizaría la permanencia del proceso revolucionario. Llegando a extremos discriminatorios, cuando el Presidente afirma que: “no estar con la enmienda es estar contra la patria” y “no estar con la enmienda es estar contra Chávez”. De acuerdo a esta visión simplista de la realidad, ¡Chávez sería la patria!
Los socialistas revolucionarios respondemos: “ninguno de los dos es alternativa para los trabajadores”. Los viejos y los nuevos ricos son enemigos del pueblo, y nos movilizaremos para arrancarles el poder político y económico que detentan.
Llamaremos al pueblo y a la clase trabajadora a que se movilice tanto contra la derecha tradicional como contra la burocracia y la boliburguesía chavista que hoy está en el gobierno.
Por una opción revolucionaria: construyamos el partido de los trabajadores
Es necesario terminar con este chantaje creado por el gobierno y por los partidos de la burguesía. Para lograrlo, y profundizar el proceso revolucionario al verdadero socialismo, es perentorio que los más combativos y consecuentes luchadores obreros, populares y estudiantiles, manteniéndonos en nuestras organizaciones sociales de base, nos articulemos políticamente en un partido revolucionario de los trabajadores y el pueblo, que destruya este dilema falso que restringe la política en nuestro país a “chavistas” y “escuálidos”, y que diluye la lucha de clases. Sin duda, sí es posible construir una opción revolucionaria de los trabajadores y el pueblo entre la derecha oligárquica y proimperialista, y el gobierno y su partido, que dirija el proceso revolucionario hacia el socialismo sin patronos, empresas mixtas, burócratas ni corruptos. Los trabajadores y el pueblo derrotarán la enmienda: VOTA NULO Convencidos de que los revolucionarios no podemos aprobar esta enmienda, llamaremos a votar NULO, para que quede claro que no hacemos ninguna concesión al falso socialismo que pacta con la burguesía.
Lo importante es expresar que no apoyamos la enmienda constitucional propuesta, razón por la cual nos solidarizamos con todos aquellos compañeros que piensan abstenerse en forma consciente para no comprometerse con una enmienda constitucional retrógrada, y también con los que están dispuestos a jugarse votando NO, sin importarles la manipulación y las presiones de todo tipo de que puedan ser objeto.
Nuestras argumentaciones no coinciden en absolutamente nada con las de la derecha fascista y proimperialista que promueve el voto al NO. Nosotros luchamos por una sociedad socialista revolucionaria, y no por un regreso a la IV República por el camino del triunfo electoral de la derecha tradicional, o por el de la conciliación y los pactos entre los nuevos y los viejos ricos.
Caracas, 23 de enero de 2009
Unidad Socialista de Izquierda