Normal 0 21 false false false ES-NI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4Por Ana María Vida
Instituto Bartolome de las Casas / La Haine
Noviembre de 2007, García publica en el “prestigioso” diario “El Comercio” sus tan inteligentes artículos “el perro del hortelano” y “el perro del hortelano reloaded”, donde nuestro supremo presidente dice:
“El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología.
Ahora solo existen las concesiones que dependen de la voluntad del Gobierno y del funcionario que puede modificarlas. Por eso nadie invierte ni crea un puesto de trabajo por cada dos hectáreas como debería ser; ni hay elaboración de la madera y exportación de muebles. En su mayoría, esas concesiones rapiña solo han servido para sacar la madera más fina, deforestar y abandonar el terreno.
Por el contrario, la propiedad formal por grandes empresas colectivas como los fondos de pensiones permitiría hacer inversiones de largo plazo desde la siembra hasta la cosecha años después.
Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano.”
¿Alguna mención a los pueblos indígenas?
No hay, seguimos en la época del caucho al parecer….
12 de diciembre de 2007, García pide al Congreso facultades para legislar (sacar decretos legislativos) temas referentes a la implementación del TLC. Ojo, según la Constitución, cuando se piden facultades para legislar, estas son específicas, y solo se puede legislar sobre la materia que se ha establecido, en este caso TLC.
19 de diciembre de 2007, el Congreso, como siempre tan raudo y eficiente, le da las facultades, artículo 2: el contenido de estos decretos se limitará a lo concerniente al TLC. Las facultades son por seis meses.
28 de junio de 2008, o sea un poquitito antes que acabe el plazo para legislar, saca una cantidad de Decretos Legislativos (DL), algunos regulaban hasta el tema de universidades, definitivamente mucho que ver con el TLC…
Septiembre y agosto de 2008, empiezan las paralizaciones de los pueblos indígenas, en contra de estos decretos.
Agosto de 2008, paralización de los pueblos indígenas (AIDESEP agrupa a 1350 comunidades nativas): el Congreso derogó el D.L. 1015 (la ley de la selva, que permitía comprar, con el acuerdo de tres personas, toda la propiedad de la comunidad. También la Defensoría presentó una demanda de inconstitucionalidad contra este D.L., porque era ¡faltozaso!) y el D.L. 1073. Javier Velazquez Quesquén [presidente del Parlamento], dice que conformará una comisión para evaluar los decretos legislativos.
Diciembre 2008, la comisión del Congreso presentó su informe, pero Quesquén dice que lo presentará el 1 de febrero, ya que los congresistas estaban de vacaciones.
1 de febrero de 2009, llegó el día del plazo, Quesquén no dijo esta boca es mía.
12 de marzo, AIDESEP envía cartas a Velásquez Quesquén y a Simon [primer ministro] recordándole cual había sido su compromiso.
9 de abril, no hay respuesta alguna de las autoridades (ya pasó un mes de las cartas!, ya pasaron 3 meses de que Quesquén se comprometió a presentar el informe!). Los líderes (ojo, no solo Pizango [Alberto, presidente de AIDESEP(*)], cada comunidad tiene un jefe que lo representa) acuerdan iniciar la paralización, pero las restringen al interior de sus comunidades.
18 de abril, en vista que nadie les hace caso —en una entrevista Simón calificó sus demandas como caprichos, frente a un permisivo (por no poner otro adjetivo) Althaus [editorialista de El Comercio, periódico de derechas]— decide radicalizar la protesta.
20 de abril, se reúnen en la PCM. Simon se comprometió con AIDESEP a formar una comisión multisectorial (poder ejecutivo y AIDESEP), pero ante la prensa Simon dice que firmará la resolución para esa comisión multisectorial cuando se levante el paro.
24 de abril, Quesquén dice que presentará el informe de la comisión multipartidaria (ese que debía poner a debate el 1 de febrero, porque en enero los congresistas estuvieron de vacaciones), pero… pero… pero antes debía ser aprobado por la junta de portavoces. La junta de portavoces no aprobó su pase a pleno.
Última semana de abril, Tarapoto y Yurimaguas se unen al paro.
9 de mayo, el gobierno declara en emergencia distritos amazónicos de 5 regiones del Perú. Estado de emergencia: en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación… (eso dice la constitución, bien clarito, que afecte la vida de la nación).
11 y 13 de mayo, Pizango se reúne con Simon, no llegan a ningún acuerdo. Simon dice que Pizango le habla a él en castellano, pero por teléfono, se dirige a “los nativos” en su “dialecto” (¿no sabe un primer ministro la diferencia entre dialecto e idioma?, ¿porqué Aldito no se queja de eso?)
15 de mayo, Pizango dice lo del derecho a la insurgencia.
16 de mayo, Alan dice: “la selva es de todos los peruanos y no sólo de un grupo” (¿no sabe acaso lo que implica el derecho a la propiedad y a la posesión?, ¿no sabe que muchos pueblos tienen títulos de propiedad desde los '70?… ah, verdad, a él lo votaron de derecho de la Católica. Le recordamos lo que el Código Civil dice sobre el Derecho a la propiedad: “es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”). En todo caso, no dice lo mismo cuando los propietarios son las mnultinacionales mineras...
Ese mismo día los dirigentes se reúnen con la Defensoría del Pueblo y anuncian que la protesta será dentro del Estado de Derecho.
19 de mayo, el D.L. 1090 (ley forestal y de fauna silvestre) es declarado inconstitucional por la comisión del Congreso, su derogatoria entonces ahora tendría que ser debatida (ojo, no solo votada) por el pleno del Congreso.
22 de mayo, la tía Charo (Rosario Fernández, ministra de "justicia") denuncia a Pizango por alentar la rebelión, la sedición y la conspiración y dice: "Hemos escuchado los argumentos del señor Pizango y no parecen de un nativo desprevenido."(sic)
4 de junio, al caballazo suspendieron el debate de la derogatoria: Mulder [Congresista y barón del Apra] interpuso una cuestión previa para suspender el debate y la votación sobre esa ley hasta que la comisión multisectorial (si, la misma de Simon con los indígenas, que desde el 13 de mayo está entrampada), remita un informe sobre los decretos cuestionados.
Ese mismo día la Defensoría del Pueblo presenta una demanda de inconstitucionalidad ante el TC: el D.L. 1064 vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas.
5 de junio: 639 “efectivos” de la DINOES (Dirección Nacional de Operativos Especiales) completamente armados, más personal de las Fuerzas Armadas (también súper armados), van a levantar la protesta, teniendo como consecuencia: 4 (7) policías muertos y más de 20 (50) indígenas muertos. Sale el jefe de la Policía a decir que como “los nativos están usando armas” eso demuestra la infiltración. Conclusión de su razonamiento (incluido el de la tía Charo): como son indígenas, no pueden usar armas (su cerebro no les da pa tanto) y deben ser desprevenidos….