Por Leonardo Ixim
El pasado 21 de noviembre se celebraron elecciones regionales en Venezuela, para renovar las gubernaturas y los Consejos Municipales; esto en un ambiente marcado por las recientes negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición burguesa, divididas por lo menos en dos fragmentos en la Ciudad de México.
La novedad ha sido que la mayor parte de la oposición ha participado en el evento, además se contó con los apoyos internacionales de las distintas fuerzas en pugna: el gobierno de Biden y la Unión Europea (UE), que respaldan a la oposición, y China y Rusia, respaldando al gobierno de Maduro. La UE por su parte, por medio de su Misión de Observación Electoral (MOE), avaló el proceso, pero sin dejar de cuestionar aspectos relacionados al registro de candidaturas y del conteo electoral el propio día de la votación. Esto ha cambiado en los últimos años para que la mayor parte de la oposición participe, tan solo dejando de lado a los sectores más ultraderechistas como el María Corina y en una posición ambigua el del autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien fue el instrumento mas visible de la administración de Trump.
Las negociaciones de México
Los anteriores procesos de negociación, como el impulsado por la UNASUR en 2014, el Vaticano en 2016, en República Dominicana a finales de 2018 e inicios de 2019 y el de Barbados en 2019, donde intervino Noruega, no lograron avanzar. Recordemos que en Barbados, mientras que la Casa Blanca mantenía un discurso maximalista similar a los posturas mas extremistas, de sacar a Maduro por medio de asonadas militares e intervenciones foráneas, el Departamento de Estado apoyó las negociaciones, las cuales no avanzaron debido a las posiciones maximalistas de parte de la oposición, que en ese momento mantenía cierta unidad y el madurismo que se autoproclamaba con una legitimidad que ya no tenía.
Sin embargo, ahora la oposición presentó un plan que contemplaba el levantamiento de sanciones económicas que pesan sobre el gobierno de Maduro, sujeto a la realización de nuevas elecciones presidenciales libres bajo un gobierno de transición mixto, sin condicionarlo a la renuncia de Maduro. La oposición flexibilizó su posición admitiendo que se podía adelantar un proceso electoral con Maduro en el poder y el gobierno aceptó considerar esta opción, sin ofrecer por su parte una contrapropuesta, llegando a un Memorándum de Entendimiento el 14 de agosto.
Barbados en su momento también fracasó porque la oposición aun estaba envalentonada por la mayoría que tenía en la Asamblea Legislativa de 2016, las movilizaciones masivas contra Maduro de 2017, pero que ya para 2018 derivaron en acciones de grupúsculos con alto contenido reaccionario, desembocando en 2019 en intentos de levantamientos militares, llegando a perder apoyo social. El gobierno tampoco tuvo el interés en avanzar en ese momento, pese a convocar una Constituyente tras la derrota en el legislativo, la cual pretendió lograr cierto respaldo de masas como en los años dorados del chavismo y solo sirvió para garantizar el giro cada vez mas autoritario y la consolidación de una casta dominante en torno al ejército y a Maduro.
Esta situación de pérdida de apoyo de los actores políticos y la emergencia de un sector social que se ha formado a partir de la atención humanitaria a la crisis económica, que ha actuado como intermediario entre gobierno y oposición, presumiblemente ha logrado una cota de influencia en que las negociaciones de México. El madurismo responsabiliza de la crisis a las sanciones económicas y la oposición al supuesto rumbo socialista del gobierno.
A nivel latinoamericano, y con la jugada de proclamar a Guaidó como presidente “legitimo” reconocido por EU, UE y la mayoría de gobiernos conservadores de la región en el Grupo de Lima, quienes se plegaron a la estrategia de Trump, terminó en nada, al grado que Guaidó fue cuestionado por algunos círculos cercanos a Biden de apropiarse de fondos y impugnado por sectores de la oposición como no representativo.
En este contexto, la iniciativa de Lima ya no existe más y a los mismos gobiernos ante la cada vez mayor migración de venezolanos hacia el exterior, según Naciones Unidas han migrado casi seis millones sobre todo a partir de la crisis económica social del modelo rentista impulsado por Maduro y de las sanciones imperialistas sobre Venezuela. A los gobiernos de diverso cuño, agobiados por sus crisis internas, no les interesa tener otra bomba más en sus países.
La agobiante situación económica marca la pauta
En la práctica el madurismo logró su cometido, dividir a la oposición, la cual de por sí ya brillaba por su fragmentación. Eso se vio en las pasadas elecciones legislativas de diciembre de 2020, donde un sector de la oposición participó en dos coaliciones, Alianza Democrática y Alianza Venezuela Unida y otro como el de Henrique Capriles que lo avaló, aunque varios de estos partidos estaban intervenidos desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) afín al madurismo. La novedad fue el quiebre del Gran Polo Patriótico, donde un sector denominado chavismo crítico, bajo el mote de Alternativa Popular Revolucionaria (APR), que denunció persecución de la policía política, fue encabezado por el Partido Comunista Venezolano (PCV). En esta elección el madurismo logró obtener la mayoría del legislativo.
Previamente al mismo Memorándum de Entendimiento, en abril de 2021, se renovó el CNE que según lo califican sectores no afines a Maduro fue en base al ordenamiento legal y de la misma Constitución sin imposición desde el gobierno, llevando a nombrar por la AL a consejeros cercanos a la oposición. Esto allanó el camino para la aceptación de las negociaciones, de cara a las recientes elecciones, ya con el fin de realinear a los sectores de la oposición tales como Voluntad Popular de Leopoldo López, Primero Justicia de Henrique Capriles, Acción Democrática. COPEI y Un Nuevo Tiempo (aunque como veremos en dos alianzas separadas para este evento electoral).
Según Colette Capriles, en un artículo de Nueva Sociedad, el chavismo y la oposición coincidieron en adoptar el objetivo de alcanzar elecciones justas y competitivas; pero el significado de justas y competitivas no es igual para ambos. Para la oposición significa garantías institucionales y políticas para participar y hacer respetar resultados. Para el chavismo significa llegar a elecciones habiendo podido desarrollar su gestión de gobierno sin las restricciones que le imponen las sanciones.
Esto no refleja más que una apuesta de parte de las diversas facciones burguesas, tanto de la tradicional como de la emergente ligada a Maduro, para repartirse la administración del Estado y aplicar las recetas neoliberales que están el programa de los diversos partidos de la oposición y las cuales el gobierno ya está aplicando. A finales de 2019 se buscó generar un polo obrero independiente, pero esto se terminó partiendo en líneas pro oposición y pro gobierno.
Pero la situación económica marca pauta en la coyuntura, para muestra un botón. Venezuela se ha vuelto el país mas desigual de Latinoamérica; según datos de la Encuesta de Condición de Vida de 2021 hay un índice de coeficiente de Gini del 56.7 por ciento, una pobreza extrema que supera el 70 % de la población, como cuando Chávez llegó al gobierno a finales de los noventa.
El gobierno de Maduro ha aplicado una serie de medidas liberalizadoras de la economía, como forma de garantizar la supervivencia de la casta burguesa en mancuerna con el alto mando militar; por ejemplo, en el sector de los bienes naturales, como el petróleo o la minería, se eliminó la participación mayoritaria estatal (vía la ley anti-bloqueo) de los tiempos de Chávez, facilitando la entrada de capitales chinos, rusos, turcos, iraníes, pero también gringos y europeos, la mayoría accionaria. O la instalación de zonas de desarrollo especial para la inversión de empresas extranjeras con beneficios fiscales, reducción de las condiciones laborales y como una forma de acumulación donde las fracciones burguesas tradicionales y emergentes buscan participar, junto a los planes de Fedecámaras (asociación empresarial) para invertir en estas zonas.
A esa liberalización desde arriba se agrega una estrategia de sobrevivencia desde abajo, con recortes en subsidios, ingresos cada vez más paupérrimos, donde la economía debido a la mayor inflación del mundo, asiste a una salarización vía especie con bonos de alimentos, ya que el precio de la fuerza de trabajo es incapaz de alcanzar la inflación, a lo cual se agrega la dolarización y del peso colombiano que cubre el 67 % de intercambio mercantil. Esto da paso a las transacciones virtuales por medio de criptomonedas, lo cual el gobierno obligado lanzó una moneda electrónica oficial, teniendo como respaldado las riquezas naturales explotadas bajo el control militar. Lo cual no es producto de un desarrollo de la economía sino de lo contrario, la desarticulación de la monetarización.
Esta situación económica imprime la necesidad de negociar de los actores políticos, que se refleja en el resultado mismo en la reciente elección del abstencionismo, ascendiendo al 58 % según datos del mismo CNE, con la participación de un poco mas de ocho millones de votantes de un universo de empadronados de 21 millones.
Abstencionismo y triunfo del madurismo
El oficialista Polo Patriótico obtuvo el 46.66% de los votos, 19 gobernaciones de 23 en que se divide el país, sobre todo las densamente pobladas ubicadas en el centro del pais, como Miranda, Vargas y Carabobo. La Plataforma Unitaria (PU), conformada por los partidos y grupos de la extinta Mesa de la Unidad Democrática, obtuvo solo dos gobernaciones, entre ellas la de Zulia, cuya capital es la segunda ciudad más poblada Maracaibo, con el 26.25 % total de los votos. Alianza Democrática, formada por sectores de partidos de la PU que fueron intervenidos por el anterior CNE madurista y expresiones históricas autodenominadas de izquierda que acompañaron a la oposición el decenio anterior como el Movimiento Al Socialismo y Bandera Roja, tuvo una gobernación y el 16.72 % de los votos. Por su parte, el pequeño partido Fuerza Vecinal obtuvo el 5.26 % de los votos.
A nivel de las alcaldías, el principal partido del oficialismo el Socialista Unido de Venezuela, obtiene 210, Plataforma Unida 63, Acción Democrática, partido dominante anterior a Chávez (el puntofijismo) que fue en alianza con la PU en las elecciones para las gobernaciones, 22 alcaldías, Fuerza Vecinal diez y el también histórico COPEI proveniente igualmente del puntofijismo, nueve alcaldías.
APR, por su parte, no obtiene ningún puesto de importancia, denunciando que el CNE le impugnó una gran cantidad de candidatos, sobre todo a puestos municipales, donde según el PCV mas del 50 % de las candidaturas de esta alianza no fueron inscritas; paradójicamente la inhabilitación que el madurismo realizaba a la oposición de derecha, ahora se le aplica a esta oposición por izquierda, al grado que los comunistas denunciaron esta situación a la MOE de la UE. Sin embargo, las discusiones al interior de esta alianza, sobre todo desde sectores con posturas marxistas, es que el PCV y otras expresiones del chavismo crítico se decantan por una línea más electoralista.
Por su parte, Alianza Democrática también denuncia que en el estado de Barinas el CNE suspendió las elecciones, programándolas para el nueve de enero, donde iba ganando su candidato Claudio Fermín después de intentar inhabilitar esta candidatura.
Paralelamente, una serie de huelgas obreras ha aumentado posterior a la pandemia: trabajadores industriales ligados a la en parte estatal Petróleos de Venezuela, así como de empresas privadas y de empleados públicos. APR no logró canalizar este descontento, que se registró en el alto abstencionismo, mientras que otras fuerzas de izquierda, como el Partido Socialismo y Libertad con una fuerte organización en la industria petrolera, la Liga de Trabajadores Socialistas o la Unión Socialista de Trabajadores, asumieron una línea abstencionista. Estas expresiones, junto al chavismo crítico podrían convertirse en un polo que atraiga las luchas contra los planes ajustadores del gobierno y de la oposición de derecha.
