COSTA RICA.- CGT repudia y condena los desalojos y arrestos en conflicto agrario en Guanacaste

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

¡Así celebra Laura Chinchilla la anexión del Partido de Nicoya!

·         Brutalidad policial contra niñas, niños y mujeres embarazadas

·         Gobierno sigue criminalizando la protesta social

·         Terrenos baldíos son acaparados por terratenientes que apoyan campaña de Johnny Araya

El pasado lunes 22 de julio de 2013 a las 11:00 a.m. un fuerte contingente de la fuerza pública desalojó a un grupo de familias campesinas que, agrupadas en el Movimiento de la Reforma Agraria (MRA), reclaman, para trabajarlas, las tierras de la finca El Aguacate, en Liberia, Guanacaste.

Buses enteros de policías fuertemente armados, helicópteros y maquinaria pesada fueron utilizados para expulsar a las familias de las tierras que intentan cultivar desde hace varios años. El violento desalojo, que asemejaba más bien una ocupación militar, dejó un saldo de casi ciento cincuenta personas detenidas y decenas de personas heridas y agredidas, entre ellas niñas, niños y mujeres embarazadas; los ranchos y los cultivos fueron destruidos.

Esta es la segunda vez que desalojan a las familias, ya habían sido desalojadas el nueve de enero de 2012; en ese momento las familias tenían más de dos años de ocupar esas tierras de forma pública y pacífica, por lo tanto tenían derecho de posesión y existían varios procesos jurídicos sin resolver: tres Interdictos de Amparo de Posesión en el Juzgado Agrario de Liberia, demanda por usurpación en el Juzgado Penal, Juicio Ordinario en el Juzgado Agrario, Contencioso Administrativo, denuncias en la Defensoría de los Habitantes, en el IDA- INDER, y en la Sala Constitucional. Estos procesos judiciales continúan sin resolverse.

Los terrenos que ocupan las familias de la finca El Aguacate son tierras baldías, pues la finca sólo tiene inscrito en el registro de la propiedad 69 hectáreas, las demás 800 hectáreas son demasías, es decir, acaparamientos ilegales de tierra; de los cuales intentan apropiarse ilegalmente los terratenientes Baltodano Estrada y Víctor Arias -propietario y arrendatario respectivamente de Finca el Aguacate; ambos terratenientes apoyan la campaña de Johnny Araya, quien es entrañable amigo del actual presidente ejecutivo del INDER.

Como los arrestos masivos e indiscriminados del pasado 8 de noviembre, durante una protesta en defensa de la CCSS y los posteriores juicios a las personas que participaron de las manifestaciones; los hechos del pasado lunes forman parte de los intentos del gobierno por criminalizar la protesta social y se suman a la ya larga lista de persecuciones políticas del gobierno de la gente que está impulsando procesos de lucha.

Desde el punto de vista de la justicia social lo que hace el gobierno de Laura Chinchilla no tiene sentido: utilizar los recursos del estado, pagados con los impuestos de todas y todos, para expulsar familias campesinas –cuyo único delito es cultivar la tierra para llevar un plato de comida a la mesa– para favorecer los intereses de terratenientes a los que no les falta ni dinero ni alimentos. Es claro que la lógica del gobierno de Laura Chinchilla es otra, es la lógica del gran capital y de los interese politiqueros que van en detrimento de las grandes mayoría y en beneficio de unos pocos; lo cual ha quedado demostrado ya en los múltiples casos de corrupción como en la trocha fronteriza o en los intentos de concesionar las carreteras nacionales y los puertos en beneficio de grandes transnacionales.

En la junta directiva de la CGT consideramos que tanto los desalojos como los arrestos son ilegales, algunos arrestos se realizaron allanando casas que se ubican a una distancia de 200 metros de la finca e irrumpieron sin ninguna orden judicial. La violación a los derechos de las familias campesinas son intolerables, no solo se violentan los derechos económicos de las familias de buscar su propio bienestar sino que se les agrede y se les arresta injustamente, criminalizando una lucha que es justa. Desde ya responsabilizamos a la presidenta Laura Chinchilla y al ministro de seguridad, Mario Zamora, de las situaciones de violencia que se generen en los próximos días en Guanacaste como consecuencia de la lucha por la tierra.