El pasado jueves 15 de marzo se anunció un acuerdo en la Mesa de Diálogo sobre el tema minero e hidroeléctrico en la Comarca Ngäbe-Buglé y áreas anexas. Dicho acuerdo, fue firmado por Jorge Fábrega, ministro de Gobierno, en nombre del gobierno nacional; la Cacica Silvia Carrera en representación  del Congreso General Comarcal; Rogelio Montezuma, por la Coordinadora de Lucha;  la representante de la ONU y el de la Iglesia Católica. Son 7 puntos  principales que se pueden resumir así:

 Sobre el artículo 5 del Código Minero, se acordó cancelar todas las concesiones y solicitudes de concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales vigentes a la fecha en la comarca y áreas anexas.

Se estableció que las solicitudes futuras de concesiones deberán contar con la aprobación de los congresos locales, regionales y comarcales y ser sometidas a referendo en las circunscripciones afectadas.

Se estipuló que, de aprobarse alguna concesión de acuerdo a los criterios anteriores, éstas deberán establecer un beneficio mínimo del 5% de la facturación anual como resarcimiento para la comunidad, y contratar al menos el 25% de la fuerza de trabajo del área.

Se convino crear un fondo especial para el desarrollo de la comarca. Los  beneficios serán administrado a través de un patronato por dos representantes del Congreso General, dos por el Congreso Tradicional y uno del Consejo de Coordinación.

En caso de aprobarse algún proyecto minero o hidroeléctrico, serán indemnizadas las familias afectadas.

Respecto al proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en ejecución en este momento, se nombra una comisión compuesta por los mismos sectores que integraron la Mesa de Diálogo para revisar el estudio de impacto ambiental, pero la obra no se detendrá, salvo al momento de hacerse la inspección. Si hubiera controversia sobre ese proyecto, se nombrará una comisión independiente para realizar un peritaje.

Se acordó el diseño de un Plan de Desarrollo Integral para todos los pueblos originarios de Panamá.

Un análisis objetivo de estos acuerdos, a la luz de las experiencias recientes de otras “Mesas de Diálogo”, con éste y con gobiernos anteriores,  permite reflexionar  y sacar  las siguientes conclusiones a considerar  en el contexto actual:

Gracias a las movilizaciones y la vigilancia permanente de los ngäbes buglés, nos parece que se han logrado  pasos importantes en el Diálogo, pero si el pueblo Ngäbe-Buglé decide democrática y soberanamente repudiar estos acuerdos y volver a las calles a luchar por mejores concesiones, contará con el apoyo incondicional del Movimiento Popular Unificado (MPU), como también de  las  otras organizaciones populares panameñas que les acompañamos  en esta ardua lucha.  La decisión es del pueblo Ngäbe-Buglé.

Sin embargo, nos parece que el acuerdo en su conjunto es positivo, aunque no contemple todas las aspiraciones de la lucha, como la prohibición absoluta de minas e hidroeléctricas en la comarca y la suspensión completa del proyecto de Barro Blanco. Tómese en cuenta que las mesas de diálogo de la “ley chorizo”, en 2010, como  la de la Caja de Seguro Social, en 2005, obtuvieron logros limitados y no del 100 por ciento.

Aunque no se puede confiar, de ninguna manera,  en la palabra del actual gobierno,  constituye un triunfo de la lucha la suspensión de todas las concesiones existentes y la obligatoriedad de que, a futuro, cualquier proyecto no sólo debe ser aprobado por los y las caciques, sino por los congresos generales y tradicionales y, además, pasar por un referendo popular. Esa conquista no existe en el resto de la República, y éste es un buen precedente para exigir lo mismo.  Hay que seguir vigilantes para que se cumpla lo firmado

Nadie en su sano juicio puede considerar negativo que el gobierno se comprometa a un Plan de Desarrollo Integral para todos los pueblos originarios que contenga la participación de sus autoridades comarcales. Todo lo contrario, hay que obligarlo a que cumpla con ese Plan bajo los parámetros que señalen los pueblos originarios.

El punto débil del acuerdo, y  el más difícil de lograr, era la suspensión total del proyecto de Barro Blanco por encontrarse en ejecución. Pero en esta materia no hay nada definitivo todavía. No tenemos la menor duda que, si las comunidades afectadas deciden movilizarse contra ese proyecto, puedan lograr su cancelación.

Es completamente legítimo que sectores de las bases critiquen la manera cómo se condujo la negociación o los contenidos de los acuerdos, pero NO nos parece correcta la opinión de algunos sectores que evalúan estos acuerdos como “una derrota”. Primero, porque a la letra esto no parece ser la realidad; segundo, porque la política del “todo o nada” puede conducir a la desmoralización masiva de la vanguardia de esta lucha y a la derrota que le gustaría al gobierno.

La experiencia latinoamericana y panameña ha demostrado reiteradamente que el resultado de cada lucha que emprenden los sectores obreros y populares siempre tendrá un carácter parcial y circunstancial, mientras exista un régimen oligárquico neoliberal. La única manera de obtener una victoria definitiva es transformando el movimiento reivindicativo en un movimiento político que aspire a la toma del poder transformando el carácter de clase del Estado panameño. Tarea que viene proponiendo el MPU desde el 2005.

Exhortamos al pueblo Ngäbe-Buglé a mantener la movilización y la unidad para continuar esta batalla que aún no termina. La división solo conviene al gobierno de Martinelli.

Exhortamos a las organizaciones populares de la República de Panamá a que sigamos sosteniendo la solidaridad con estos hermanos y hermanas y  a mantener la unidad popular frente a las intenciones divisionistas del gobierno.

Panamá, 18 de marzo de 2012.