Por Sebastián Chavarría Domínguez

La situación sanitaria en Nicaragua es realmente dramática. El coronavirus se abate contra una población indefensa. La estrategia de la dictadura, de promover la “inmunidad de rebaño”, demostró no solo ser errónea, sino que las consecuencias las paga directamente la población empobrecida.

Creciente mortandad

A diario se conocen noticias sobre la muerte de altos funcionarios de la dictadura: ministros, diputados, alcaldes, comisionados de policía, etc.  También se conoce la muerte de secretarios políticos departamentales y jefes paramilitares. Todas víctimas directas de los errores de la dirigencia de su partido, que promovió concentraciones masivas cuando la pandemia apenas estaba comenzando. Incluso, hasta inventaron una canción sobre el “virus importado”

Pero sería un error creer que solo están muriendo sandinistas. Están falleciendo personas de todos los estratos sociales, de todas las profesiones y corrientes políticas. El virus no respeta ideologías o banderas políticas. Los hospitales están al borde del colapso, por esta razón mucha gente prefiere convalecer en su casa.

La falta de acciones y políticas sanitarias de la dictadura ha acentuado la desesperación e incertidumbre en la mayoría de la población.

El llamado a la cuarentena voluntaria

La situación es tan grave, que mas de 33 asociaciones de médicos especialistas firmaron un comunicado criticando a las autoridades porque “(…) se continúa negando la situación y no se toman con urgencia medidas de lucha anti epidémicas y a gran escala para intentar contener el avance de la pandemia”

Esta cuarentena nacional voluntaria “(…) consiste en permanecer en casa por al menos 3-4 semanas, realizar compras de alimentos una vez por semana, garantizando el distanciamiento de al menos 1.5 metros de persona a persona, el uso de mascarillas y caretas faciales o pantalla protectora fuera de casa, y el constante lavado de manos”.

La dictadura respondió con el silencio. En otro comunicado, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) expresó; “(…) Instamos a todos los nicaragüenses a acogerse a esta cuarentena voluntaria (…) Llamamos al sector privado que sigan reforzando las medidas de seguridad para mitigar y prevenirlo y a aquellos empleadores que no lo han hecho a que lo hagan (…)”. (01/06/2020)

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) apoyó el llamado, manifestando su inconformidad porque “(…) han llamado al gobierno y a diversos actores de la sociedad a tomar medidas (…) ahora estamos en la etapa de contagio comunitario (…)” (02/06/2020)

Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) apoyó el llamado a la cuarentena nacional, pero se mostró cauteloso al afirmar que “(…) todas nuestras acciones van a tener un impacto muy limitado, si el gobierno no asume su responsabilidad (…) adoptando las medidas de salud publica que han orientado la OMS/OPS y que reiteradamente se le han solicitado, entre otras, suspender clases presenciales (…) prohibir aglomeraciones, establecer protocolos de seguridad en el transporte público (..)” (01/06/2020)

¿Es viable?

El llamado de las 33 asociaciones médicas, aunque no denuncia a la dictadura, es sincero, pero no es la repuesta adecuada. De hecho, una parte de la población está en auto cuarentena desde marzo. El problema es que cualquier cuarentena, sea voluntaria o forzada, necesita un respaldo económico, para que las personas puedan mantenerse resguardados en sus hogares, y puedan comprar comida, pagar los recibos de agua, energía eléctrica e internet.

Una cuarenta basada en la voluntariedad no funciona, sobre todo en un país donde el 80% de la población vive en la informalidad, es decir, no tiene un trabajo y salarios fijos.

Se salen por la tangente

A diferencia del gremio médico, en esta ocasión las cámaras empresariales si reclamaron tímidamente acciones y medidas a la dictadura, pero al final se salen por la tangente y dejan caer toda la responsabilidad del combate a la pandemia en las personas como individuos, a través de una casi imposible cuarentena voluntaria.

Los empresarios no mencionan sus propias responsabilidades, no dicen nada sobre la obligación que tienen de garantizar el empleo y el salario a sus empleados. Se limitan a llamar al cierre de las empresas no esenciales, pero siempre obvian sus responsabilidades laborales como empleador. De esta manera, como la dictadura no toma acciones reales, los empresarios hacen algunas críticas formales, pero en el fondo quedan con las manos libres para despedir a sus empleados.

El combate contra la pandemia debe ser desde las instituciones del Estado, si la dictadura no toma acciones reales, pues es hora de pensar como organizarnos para cambiar de una vez por todas a este gobierno criminal.