Por Victoriano Sánchez

Desde que se produjo el estallido social en abril del 2018 en Nicaragua, la Organización de Estados Americanos (OEA), por sus acciones y omisiones, ha jugado un papel destacado en la evolución de la crisis.

La primera comisión de agosto del 2018

Es preciso recordar los hechos, porque a veces tendemos a olvidar lo ocurrido. La masacre estudiantil y la matanza de mayo-junio del 2018, esta última en el periodo de aplastamiento de los tranques, obligaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, a emitir solemnes condenas contra la dictadura Ortega-Murillo, por haber cometido crímenes de lesa humanidad.

Una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, realizada en agosto del 2018, votó la creación de la primera comisión especial con el objetivo de realizar gestiones diplomáticas en Nicaragua. La dictadura la cerró las puertas, y la Comisión se disolvió en las sombras.

Durante el año 2018 las condenas internacionales contra la dictadura Ortega-Murillo no tuvieron ningún efecto sobre esta, logró mantenerse en el poder por la timidez de la comunidad internacional y por la cobardía de los empresarios. Las masas nicaragüenses pelearon solas contra la feroz dictadura y la indiferencia de la comunidad internacional

La comisión especial de junio del 2019

En la 49 asamblea general de la OEA realizada en Medellín, Colombia, los cancilleres dieron un tímido paso hacia adelante, iniciando el proceso de aplicación de la Carta Democrática contra la dictadura Ortega-Murillo, debiendo agotar primero las gestione diplomáticas, creando para tal efecto otra comisión especial que en un periodo de 75 días debía rendir un informe a la Asamblea General.

Como era de esperarse, la dictadura nuevamente le negó la entrada a la segunda comisión especial de la OEA, la que tuvo que realizar sus sesiones en países vecinos como Costa Rica y El Salvador

“Alteración del orden constitucional”

El esperado informe fue conocido en la sesión del lunes 25 de noviembre del 2019, ante el Consejo Permanente (CP) de la OEA. El gran avance fue que, en sus conclusiones, la Comisión Especial solicitó a la OEA que “declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”

Este reconocimiento de la dura que se vive en Nicaragua es importante, pero llega bastante tarde. Casi dos años después, la indolencia e incapacidad (consciente o inconsciente) de la OEA le ha permitido a la dictadura Ortega-Murillo ganar un tiempo precioso y sostenerse en el poder, mientras la resistencia popular es aplastada sin misericordia.

¿Habrá votos suficientes?

EL informe ante el CP será conocido próximamente por la asamblea general de la OEA, pero no se acordó fecha de la asamblea general, no se sabe si será una reunión extraordinaria u ordinaria, si se realizará este año o el próximo. Incluso, se conoce que todavía no existen los 24 votos necesarios para la aplicación de la Carta Democrática, que conllevaría a que Nicaragua fuese separada de la OEA; como ocurrió con Honduras después del golpe de Estado del 2009.

Todo esto ocurre mientras los organismos financieros internacional siguen concediendo préstamos a la dictadura, y a nivel interno los grandes empresarios siguen pagando puntualmente sus impuestos. Una posible suspensión de Nicaragua en la OEA, solo hace cosquillas a la dictadura.

La estrategia de la dictadura: ganar tiempo

Mientras la OEA descubre que el gato tiene cuatro patas, que hay dictadura en Nicaragua, esta ríe a carcajadas porque su estrategia es simplemente ganar tiempo para derrotar a la oposición, destruyendo su capacidad de movilización y de organización.

Mientras la OEA hace el ridículo, o se hace la tonta, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que es un proyecto político empresarial, trabaja arduamente para debilitar a la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), empujándola a la trampa de la gran coalición electoral dirigida por al ACJD. En pocas palabras, mientras la dictadura reprime violentamente a la UNAB, encarcelando a 13 de sus principales dirigentes, la ACJD aprovecha el momento para piratear las bases de la UNAB y crear un claro proyecto político empresarial, que en el fondo es una burla de las reivindicaciones de abril del 2018.