Por Cassandra García
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En el mes de febrero han sucedido una serie de denuncias a propósito del Programa “Hambre Cero” que formalmente maneja el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). El estallido se dio a propósito de la renuncia del Director de dicho programa Gustavo Moreno.
Hambre Cero
Este programa fue creado por el gobierno sandinista con el objetivo de crearse una base política en su flanco electoral más débil: el campo, que tradicionalmente ha votado por la derecha anti-sandinista. Este programa se basa vertebralmente en el otorgar a cada familia un bono productivo: una vaca preñada, una cerda cubierta, aves, materiales para los corrales, semillas, material vegetativo, plantas frutales y forestales, biodigestor, crédito revolvente, entrenamiento y asistencia técnica.
Según el informe rendido por Daniel Ortega sobre el ejercicio del año 2008: “se benefició a 19 mil 709 familias, superando en un 56 por ciento a las atendidas en 2007. En total se entregaron más de trece mil 805 vacas, 444 berracos, ocho mil 860 cerdas, y 15 mil módulos productivos.” (www.poderciudadano.org)
Denuncias
Gustavo Moreno explicó en declaraciones a El Nuevo Diario que: “(…) el programa gubernamental no tiene capacidad técnica ni logística para buscar las 30 mil vacas que se requieren para entregárselas a las familias seleccionadas por los CPC, razón por la cual se recurrió a la compra directa a intermediarios privados que usaban medios propios y recursos económicos personales para buscar los semovientes en todo el país” (11/02/2009) La salida de Moreno, se da frente acusaciones de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) de que por la compra de las vaquillas se estaba cobrando “mordidas” y “coimas” por parte de los funcionarios; aunque según Moreno, son los propios CPC quienes gestionan tales compras: “el problema básicamente es que el Poder Ciudadano del Ministerio es el que se encarga de buscar a los proveedores del ganado” (Ídem.)
Muchas de las vaquillas distribuidas, se supone eran de inferior calidad a la necesaria, y peor aún los precios de compra de éstas fueron inflados, por lo que el Estado salió pagando más por unas vacas consideradas muchas veces de “descarte”. Anomalía que fue reconocida por el coordinador de los CPC en Managua, Edgardo Cuarezma: “De un tiempo para acá se comenzaron a observar denuncias de que algunos animales como las gallinas estaban muertas cuando las entregaban, o que las vacas estaban más flacas, y eso se comenzó a repetir hasta que en varias reuniones y sesiones de trabajo se llegó a determinar que lo mejor era recurrir directamente a la autoridad, porque había un problema y se debía dar una investigación” (El Nuevo Diario.- 13/02/2009)
Las Cifras
La compra de insumos para el bono, que asciende a millonarias sumas, se ha hecho de forma irregular. A pesar de que el FSLN tiene un férreo control sobre la Contraloría General de la República, optaron por solicitar que las compras se hicieran sin licitaciones, con el claro fin de beneficiar a personeros y testaferros de la burguesía sandinista. El monto solicitado para compras sin licitación: “Entre abril de 2007 y lo solicitado en enero de este año, suman 681 millones 521 mil 526 córdobas (…)” (El Nuevo Diario.-11/02/2009)
Esto ha sido señalado por las organizaciones gremiales de la burguesía ganadera. Daniel Núñez, Fiscal de la Comisión Nacional de Ganaderos de Nicaragua (Conagan) señaló: “Nosotros nunca fuimos invitados como organización a proveer los animales, ellos, los del Ministerio, tienen sus proveedores fuertes, hay dos personas fuertes en el Norte que se han dedicado a eso, a buscar los animales y venderlos al Magfor, de hecho hay uno que le ha vendido al Estado de reventa como cinco mil vaquillas, y le ha sacado un dineral al Estado” (El Nuevo Diario.-12/02/2009)
Enriqueciéndose desde el poder
El FSLN al volver al poder ha encontrado en el control del presupuesto estatal para enriquecer a su propia burguesía. Las “coimas” y “mordidas” sólo son migajas en el gran negocio que hace la burguesía sandinista, que por medio de compras amañadas esquilma los fondos estatales.
Los trabajadores, campesino y demás sectores debemos exigir que el Programa “Hambre Cero” sea manejado y fiscalizado por las organizaciones municipales y comarcales de campesinos y trabajadores del campo de forma independiente. Los CPC como aparato político partidario no representan los intereses de los más humildes.