Por Melchor Benavente

Los procesos de independencia en América Latina, que obedecían a una dinámica de lucha interna contra las autoridades coloniales, fueron alentados por un factor externo: la invasión de Napoleón sobre la península Ibérica en 1807 y la consecuente crisis de la monarquía española.

En la capitanía General de Guatemala, que más adelante sería el territorio de las Provincias Unidas de Centroamérica, los acontecimientos adquirieron una dinámica muy particular. En un primer momento las autoridades coloniales cerraron filas con el rey Fernando VII, contra la ocupación francesa, posteriormente se inclinaron ante el establecimiento de una monarquía constitucional por medio de la Constitución de Cádiz (1812), proyecto que fue frustrado con la restauración de Fernando VII en el trono, derogándola.

En 1820, el levantamiento militar del general Rafael del Riego obligó al rey Fernando VII a restablecer temporalmente la Constitución de Cádiz. Este hecho agitó las aguas en el virreinato de la Nueva España (México) y también dentro de la Capitanía General de Guatemala, acelerando las conspiraciones de las elites para proclamar la independencia.

El Plan de Iguala

El 16 de septiembre de 1810 fue proclamada la Independencia del Virreinato de la Nueva España, el cual quedó devastado por una guerra civil entre el ejercito realista, comandado por Agustín de Iturbide, y el ejercito independentista comandado por Vicente Guerrero. Al final, ambos jefes se unieron y suscribieron, en la ciudad de Iguala, el 24 de febrero de 1821, el Plan de Independencia de la América Septentrional, conocido como Plan de Iguala, basado en tres garantías: 1.- Establecer la Independencia de México del régimen de España. 2.- Imponer la religión católica como religión única y absoluta en México. 3.- Establecer la unión de todos los individuos, es decir, imponer igualdad social entre americanos, españoles, africanos o asiáticos.

El régimen político, copiando a las instituciones de Cádiz, sería una monarquía constitucional, convirtiéndose Iturbide en el nuevo emperador de México el 21 de julio de 1822.

La conspiración por la independencia en la Capitanía General de Guatemala

Los acontecimientos en México encendieron la llama de la rebelión en Chiapas. El 28 de agosto de 1821, por medio de un Cabildo abierto en Comitán, Municipalidad de Chiapas, se pronunció por la independencia de España, en conjunto con las municipalidades de Ciudad Real y Tuxtla.

Temerosos de los acontecimientos, en agosto de 1821, en la ciudad de Guatemala, la familia Aycinena junto con algunos intelectuales independentistas, entre ellos Pedro Molina, propietario del periódico el Editor Constitucional, conspiraron “para que las mismas autoridades del Reino de Guatemala fueran las que decidieran la separación en forma pacífica de la Monarquía española y solicitaran ayuda militar a sectores conservadores y al alto clero de México, encabezados entonces por Agustín de Iturbide, para garantizar la continuidad del sistema económico, político y social que hasta entonces había imperado” (Horacio Cabezas, pág. 71, 2010)

Esta conspiración fue conocida como el “Plan pacifico de la independencia”, denunciado por Jose Cecilio del Valle, en el periódico “Amigo de la Patria” en noviembre de 1820.

Fue así, como una maniobra o conspiración, que las mismas autoridades coloniales proclamaron la primera Independencia, el 15 de septiembre de 1821, en un texto plagado de temores y contradicciones.

“Primero.- Que siendo la Independencia del Gobierno Español la voluntad general

del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor Jefe Político, la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.

Segundo.- Que desde luego se circulen oficios a las Provincias por correos extraordinarios, para que sin demora alguna, se sirvan proceder a elegir Diputados o Representantes suyos, y estos concurrirán a esta Capital, a formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia general absoluta, y fijar en caso de acordarla, la forma de Gobierno y Ley Fundamental que deba regir".

Aunque la primera independencia fue proclamada, en el Acta del 15 de septiembre de 1821 se estableció que la decisión final correspondería a un Congreso que debía convocarse para tal efecto. Como resultado de la primera independencia se formó un gobierno provisional con el nombre de Junta Provisional Consultiva (JPC), formada por Gabino Gaínza, José Cecilio del Valle y Pedro Molina.

La anexión a México

Las autoridades de Guatemala ya conocían el Plan de Iguala, pero en vez de convocar al Congreso que debía tomar la decisión, decidieron hacer una consulta. El 30 de noviembre de 1821, el Capitán General, Gabino Gaínza, por medio de carta, consultó a las municipalidades de Centroamérica para que expresaran su opinión a favor o en contra de la anexión a México, o si por el contrario estaban a favor de la independencia total.

El 2 de enero de 1822 fueron publicados los resultados de la consulta: 104 a favor, 11 a favor con algunas condiciones, 21 a favor de que decidiera el Congreso, 32 dejaron la decisión en manos de la JPC, 67 ayuntamientos no enviaron respuesta.  San Salvador y San Vicente votaron en contra. Los resultados de la consulta reflejaron la profunda división, y los temores a la existencia como Estado independiente, pero 21 municipalidades insistieron en la convocatoria a un Congreso. El 5 de enero de 1822, se declaró oficialmente la anexión a México con la oposición frontal de los salvadoreños.

Ocupación y retirada de tropas mexicanas

Iturbide envió al general Vicente Filísola, al frente de la “división protectora”, a garantizar la anexión a México. Los salvadoreños se opusieron con las armas en la mano a la anexión, y los nicaragüenses al mando de Cleto Ordoñez.

Iturbide recurrió a la implantación de impuestos para recaudar ingresos, provocando el rechazo de los centroamericanos. Las medidas adoptadas por Iturbide, en contra de los derechos ciudadanos (violando las tres garantías) y la declaración de guerra contra España, condujo al estallido de una rebelión contra el emperador. Esta situación brindó a los centroamericanos la oportunidad para liberarse del dominio de México. Los acontecimientos al interior de México influirían en el desarrollo de los acontecimientos en Centroamérica.

Iturbide fue obligado a renunciar el 19 de marzo de 1823, el proyecto de monarquía constitucional fue abortado, y la republica fue proclamada. Comprendiendo que la situación había cambiado, Filísola organizo la retirada de las tropas mexicanas, al mismo tiempo que organizo una transición de poder, mediante un Decreto del 29 de marzo 1823, resucitando la convocatoria del Congreso que había sido establecido en el Acta del 15 de septiembre de 1821.

Filísola ordenó que las elecciones de los diputados se hicieran conforme a los procedimientos de la Constitución de Cádiz de 1812, “(…) un Diputado por cada quince mil almas (…) luego que se hallen reunidos en esta capital las dos terceras partes de los diputados, se instalará en ella el Congreso (…) el primer objeto de esta

Asamblea será, además del que expresa el artículo 2º de dicha Acta de Setiembre para que desde entonces fue convocado, examinar el pacto de 5 de Enero de 1822, las (…) no se hará innovación alguna en este Gobierno, ni en los subalternos de las provincias, que continuarán rigiéndose por la Constitución española bajo el actual

sistema, y por las leyes y decretos existentes (…)”.

Instalación del Congreso y segunda independencia

A la sesión inaugural del Congreso, instalado solemnemente en ciudad de Guatemala, el 24 de junio de 1823, asistieron 40 diputados, en su mayoría eran representantes de Guatemala y El Salvador. La sesión fue presidida por el salvadoreño Jose Matías Delgado. Los diputados provinciales y los jefes políticos de antaño permanecieron en sus puestos durante los diecinueve meses de duración de la A.N.C. los gobiernos siguieron los precedentes de la ley español. Fue una transición bastante ordenada.

El Congreso se convirtió en Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar una Constitución. Casi dos años después de la proclamación de la primera independencia, y después de haber vivido la amarga experiencia de la anexión a México, el Congreso emitió, el 1 de julio de 1823, la declaración de la segunda independencia: “(…) Que las expresadas provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna (…) Que las provincias sobre dichas, representadas en esta Asamblea (y demás que espontáneamente se agreguen de los que componían el antiguo reino de Guatemala) se llamaran, por ahora sin perjuicio de lo que se resuelva en la Constitución que ha de firmarse: “PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMÉRICA”.

A pesar de las declaraciones solemnes, como la segunda independencia o la abolición de la esclavitud, los diputados trabajaron arduamente en una misión que resulto catastrófica: copiaron partes de la Constitución de Estados Unidos, con un sistema federal, republicano y un régimen presidencialista, con los remanentes de la Constitución de Cádiz de 1812, que en esencia promulgaba un régimen de monarquía constitucional. La mezcolanza fue fatal. Al final prevalecieron las instituciones de Cádiz, pero sin la institución principal de un poder ejecutivo fuerte. Todo lo contrario, los liberales de la época se esforzaron en debilitar al máximo al poder ejecutivo, en una “democracia” señorial que le negaba los derechos políticos a la mayoría de la población indígena.

El derrumbe de la federación, en esas condiciones, era inevitable.