Por Melchor Benavente
La primera guerra civil centroamericana (1826-1829) terminó con el triunfo militar de los liberales criollos bajo el mando del general Francisco Morazán. El liberalismo de la época no era homogéneo, no existía un partido liberal centroamericano, sino que eran la sumatoria de las diversas agrupaciones nacionales, las que tenían diversos intereses, a veces contradictorios entre sí.
El 13 de abril de 1829 fue derrocado el gobierno conservador de Mariano Beltranena y Llano (1828-1829), quien ejerció la presidencia de la república federal por un corto periodo. Los liberales expulsaron al arzobispo Ramon Casaus y Torres, a los curas de ciertas ordenes religiosas y los principales miembros de la oligarquía guatemalteca.
El 25 de junio de 1829 le sucedió como presidente interino el senador Jose Francisco Barrundia y Cepeda, quien organizó las elecciones en las que, en septiembre de 1830, resulto ganador el general Francisco Morazán, quien asumió como el cuarto presidente de la recién nacida república federal.
La elitista democracia de los liberales criollos
Habiendo reconquistado el poder, la corriente liberal de Morazán, la más importante e influyente, inicio una reforma liberal, para sacudir el lastre de las instituciones que había establecido la breve Constitución de Cádiz de 1812, que todavía perduraban y eran dominantes en el conjunto del Estado Federal. Morazán pretendió modernizar la débil democracia de una elite criolla, que era absoluta minoría en relación al conjunto de la población indígena y ladina.
La primera Constitución del Estado de Guatemala, aprobada en 1825, era una copia local de la Constitución de la República Federal de 1824, que a su vez retomaba muchas las instituciones de la Constitución de Cádiz de 1812.
El articulo 46 definió que eran ciudadanos “todos los habitantes del Estado naturales o naturalizados en cualquiera de los otros Estados de la Federación que fuesen casados o mayores de diez y ocho años, siempre que ejerzan alguna profesión útil, o tengan medios conocidos de subsistencia”. De esta manera, aunque todos los habitantes varones eran considerados ciudadanos, no todos tenían derechos políticos. La mayoría de los indígenas y ladinos no podían ejercer el derecho de elegir o ser electos, mucho menos las mujeres, que no tenían ningún tipo de derecho.
Aunque teóricamente la asamblea legislativa era unicameral, en realidad era bicameral por la existencia del “Consejo Representativo”, una especie de senado, compuesto por “representantes elegidos popularmente, en razón de uno por cada departamento del Estado (…)” (artículo 115). Este Consejo Representativo tenía la facultad de vetar las leyes (Título V, sección 2), lo que hacía aún más elitista la democracia liberal de los criollos. Guatemala no era la excepción, esa era la regla en toda la república federal.
Las enormes contradicciones de la reforma liberal
En ese periodo fue electo como Jefe de Estado de Guatemala, el liberal Mariano Gálvez (1831-1838). Los liberales morazanistas impulsaron la reforma liberal, la que tuvo enormes repercusiones políticas en Guatemala. Se aprobó la libertad de cultos, la abolición de los diezmos a favor de la Iglesia Católica, la transformación de conventos en escuelas, cuarteles u hospitales. Se instauró el matrimonio civil y el divorcio. Con muchas limitaciones financieras, se instauró la educación pública. El conjunto de la legislación fue adaptada a los Códigos de Livingston, originalmente elaborados en 1826 para el Estado de Lousiana, Estados Unidos.
En Guatemala, la reforma legal inspirada en los Códigos de Livingston, fue aprobada por la Asamblea Legislativa entre abril de 1834 y agosto de 1836, y entró en vigencia en enero de 1837. El sistema de justicia sufrió un repentino cambio, al instaurarse el sistema de jurados. La reforma educativa y judicial fueron las que tuvieron más impacto en Guatemala y El Salvador, por ser los Estados con mayor población indígena.
Aunque las masas indígenas no tenían derechos políticos, sufrían directamente las consecuencias económicas para sufragar los gastos de esta reducida y elitista democracia liberal de los criollos. La implementación de los Códigos de Livingston al establecer el sistema de jurados, hubiera gozado del apoyo y aceptación de la población indígena, acostumbrada a una justicia comunal, si hubiesen gozado de los derechos para elegir a sus representantes como miembros de los tribunales de jurados, pero no fue así, sencillamente porque no tenían derecho a ser electos como tales. La democratización del sistema judicial era solo para la minoría criolla. Para implementar el nuevo sistema de justicia, se obligó a las comunidades indígenas a construir cárceles mediante trabajo forzado, incluida la construcción del puerto Livingston.
La reacción conservadora pasa a la ofensiva
Después de finalizada la primera guerra civil centroamericana, en 1831 la reacción conservadora pasó nuevamente a la ofensiva. Irónicamente, la Iglesia Católica, perseguida por los liberales, ejerció siempre una influencia total en las masas indígenas, que habían fusionado a sus dioses paganos con los santos del catolicismo.
En 1831 estallaron rebeliones en Honduras, El Salvador y Guatemala., que fueron apoyadas por los exiliados que fueron derrotados en 1829. El expresidente Manuel Jose Arce, refugiado en México, ataco la región de Los Altos de Guatemala.
Las causas de la rebelión indígena
Algunos historiadores han creado el mito que el triunfo de la rebelión campesina e indígena dirigida por Rafael Carrera fue producto de las conspiraciones de los conservadores y de la Iglesia Católica. En realidad, intervinieron otros factores mucho más importantes.
Ante la declinación de los precios del añil en el mercado internacional, en Guatemala se produjo un auge de las exportaciones de cochinilla, la que era cultivada en Amatitlán, Antigua, Cuajinicuilapa y Chiquimula (47). Esta fue una zona donde el levantamiento de Carrera gozó de amplio apoyo social. Este auge de las exportaciones fue posible a costa de la propiedad comunal indígena.
Desde 1825 la Asamblea Constituyente de la República Federal decretó que las tierras baldías podían ser denunciadas y compradas a un precio bajo. En vez de legalizar la propiedad comunal, bajo la Republica federal se acentuó el proceso de concesiones a compañías extranjeras, y el despojo de las comunidades indígenas. De igual manera, la distribución de las tierras ejidales causó conflictos entre las diferentes comunidades. Los indígenas no tenían dinero para comprar tierras. Los hacendados fueron los únicos beneficiados, porque tenían dinero para comprar las tierras “baldías”.
Adicionalmente, al proceso de despojo de las comunidades indígenas, el gobierno liberal de Mariano Gálvez, necesitados de fondos, decretó nuevos impuestos: uno de contribución directa, parecido al tributo que los indígenas pagaban en la época colonial, y que había sido derogado con el movimiento independentista de 1811, restablecido por Fernando VII y vuelto a derogar inmediatamente después de la independencia.
En 1834 se creó un impuesto sobre el destace de reses sacrificadas en cada pueblo. El diezmo eclesiástico, existente durante la época colonial, odiado por los indígenas y campesinos, fue derogado en 1832, pero fue sustituido por un nuevo impuesto territorial. En 1836 el Congreso Federal, necesitado de fondos, decretó un impuesto de dos pesos por cabeza, que echó más leña al fuego.
El inicio de la rebelión y el surgimiento de Rafael Carrera
En abril de 1833 se produjo la rebelión de los indios nonualcos en El Salvador, contra el impuesto de capitación, que terminó con la muerte del líder indígena Anastasio Aquino. En mayo se produjo una rebelión en Mataquescuintla, Guatemala, al frente del desconocido líder Rafael Carrera, un bastardo ladino que desempeñó diferentes oficios: comerciante de cerdos, arriero de mulas, etc.
En ese mismo periodo se produjo otra rebelión en San Juan Ostuncalco, departamento de Quezaltenango. Todo el oriente de Guatemala, con mayor presencia ladina, fue sacudido por levantamiento violentos contra los impuestos del gobierno de Gálvez. Incluso, hasta los hacendados estimulaban las protestas. Morazán intervino militarmente ayudando a aplastar la protesta campesina e indígena. En Santa Rosa se produjo otra insurrección, llegando a formar un gobierno rebelde. Carrera se convirtió en el líder de una masiva revuelta campesina, bajo la forma de una guerra de guerrillas, contra las políticas expoliadoras del gobierno de Gálvez.
La división de los liberales guatemaltecos
La rebelión campesina e indígena dividió al gobierno liberal. Mientras Gálvez intentaba aplastar la rebelión con el apoyo militar del gobierno federal, Barrundia y Pedro Molina insistían en respetar las libertades. La política de terror de Gálvez mas bien ampliaba la base social de la rebelión. Presionado por la fracción de Barrundia y Pedro Molina, Gálvez acepto otorgar una amnistía limitada. Gálvez era apoyado por los comerciantes, mientras Barrundia era apoyado por los terratenientes, quienes se mostraban conciliadores con la rebelión, y querían pacificar el campo.
En la medida que el gobierno de Gálvez se debilitaba, este busco apoyo entre los conservadores, que habían sido derrotados en 1829. Estableció alianzas con el padre Jose de Aycinema. En agosto, Gálvez decreto una amnistía general. Mientras tanto, crecía la rebelión campesina.
Gálvez formo en diciembre de 1837 un gobierno de unidad nacional con los conservadores, teniendo como ministros de Justicia al padre José de Aycinema, y a Marcial Zebadúa como ministro de finanzas. Esta fue la gota que colmó la paciencia de la otra fracción de Barrundia y Molina
Barrundia y Morazán se acercan a Carrera
Consciente de la importancia de la rebelión indígena, Barrundia intentó negociar infructuosamente con Carrera. Pedro Molina solicitó la intervención militar del ejercito federal, pero Morazán se mostró muy cauto, y autorizo a la fracción de Barrundia y Molina entablar negociaciones con Carrera. Gálvez decretó un empréstito forzoso para aumentar el numero de tropas. Barrundia reaccionó instalando un gobierno paralelo en Antigua, lo que enfrentó a las dos fracciones liberales en medio de la guerra.
José Gregorio Salazar, vicepresidente de la federación, y Miguel Alvarez, ministro de relaciones exteriores, mediaron entre los dos gobiernos liberales. Acordaron en el cuartel de Guardia Vieja que Gálvez debía renunciar y Pedro Valenzuela asumiría el gobierno de Guatemala. Parecía que la fracción de Barrundia se había impuesto, pero no fue así.
El 1 de febrero de 1838, Carrera entró triunfante a la capital, a la par cabalgaba nada menos que Barrundia. Las tropas campesinas saquearon negocios y mansiones. El vicepresidente federal Jose Gregorio Salazar fue asesinado. En medio del caos, Carrera restableció el orden, convirtiéndose en el centro de un nuevo poder.
Carrera se prapara para el asalto final
Carrera se subordinó al nuevo gobierno, su fuerza militar fue disuelta y enviada a sus hogares. Era una situación caótica por que el Consejo Representativo no había aceptado la renuncia de Gálvez, pero Pedro Molina ya era presidente de la Asamblea Legislativa. Los conservadores tenían muchas dudas sobre las intenciones de Carrera. El nuevo Jefe de Estado, Pedro Valenzuela, al tener información que Carrera estaba reorganizando sus fuerzas, decretó un nuevo empréstito forzoso para reclutar mas soldados. Los conservadores se opusieron. Pedro Molina renunció a la presidencia de la Asamblea Legislativa. El último gobierno liberal moría aceleradamente.
El 3 de marzo de 1838 la Asamblea Legislativa aceptó formalmente la renuncia de Mariano Gálvez, a pesar de la existencia del gobierno de Pedro Valenzuela. El día 13 de marzo fueron derogados los Códigos de Livingston, lo que se hizo efectivo hasta el día 29. Mientras agonizaba el gobierno liberal, los conservadores levantaban la cabeza y Carrera reorganizaba sus tropas campesinas para la batalla final contra Morazán.
