Por Carlos A. Abarca Vásquez
INTRODUCCION
El desarrollo del capitalismo en Costa Rica ha suscitado reflexiones sobre sus particularidades. La conquista y colonia fueron condicionadas por la baja población, escasez de oro, destrucción de la agricultura y de los modos de vida en cacicazgos, y el desarraigo forzoso de los nativos para conquistar Centroamérica, extraer oro y plata en el Perú, y el comercio.
Las rebeliones indígenas en las tierras altas del Atlántico y el Pacífico retardaron la colonización. Las invasiones de piratas ingleses, zambos y mosquitos desactivaron la explotación de indios, negros y mestizos en los cacaotales de Matina. En el siglo XVIII las migraciones del este al oeste consolidaron aldeas en la meseta central. Surgió una agricultura de subsistencia y comercial basada en chacras campesinas y haciendas de ganado, tabaco y azúcar que sirvieron de sustento a las futuras provincias. En Guanacaste y Puntarenas se impuso el latifundio ganadero.
Temprano el siglo XIX, la expectativa de lucrar con el café generó expropiación de los pueblos de indios y cofradías, y la entrega gratuita de tierras. La hacienda cafetalera se afianzó a partir de la inversión inglesa, las ganancias de las exportaciones, la explotación solapada del agricultor y las transacciones de tierras. Surgió la concentración de la propiedad. Pero la entrega de las leguas de tierras municipales, el reparto de baldíos fuera del valle central y la mediación estatal en las querellas por derechos de uso de la tierra aminoraron el conflicto agrario y facilitaron el control político. (Castro, S. 1990: 207-212).
La ley de baldíos de 1884 y el Código Fiscal de 1885 remozaron la avidez por la tierra. El Estado liberal dio cuantiosas regalías para la construcción del ferrocarril a Limón, producción de banano, caucho y maderas, extracción de oro y generación eléctrica. Campeó la inversión imperialista, inseparable del latifundio y de la expectación e intereses de la burguesía exportadora. Otras leyes acogieron con renovado énfasis colonialista la inmigración de los expulsados por las sociedades industriales. Se legisló con nuevo énfasis colonialista para obsequiar tierras libres, sin límite de extensión y al margen de derechos de posesión de los campesinos. En 1888 se creó el Registro de la Propiedad y los terratenientes inscribieron las demasías adquiridas con las leyes de baldíos.
Entre 1895 y 1930 afloró la violencia agraria en Guanacaste, la región minera Tilarán, Abangares, Montes del Aguacate; el sur de San José, Puriscal, Turrialba y el Atlántico. (Gudmundson, L. 1983: 177-192; De la Cruz, V. 1986: 319-328; Edelman, M. 1998: 138-175). El Estado toleró el uso privado de la represión, ejerció control institucional e impuso coacción policial. Pero entre 1904 y 1934 promulgó cuatro leyes de cabezas de familia que habilitaron la colonización interior del país, amortiguaron la presión sobre el latifundio, expandieron las relaciones capitalistas y afianzaron las funciones del Estado. En 1923 se instaló en Guanacaste una guarnición policial.
En ese desarrollo histórico y estructural ¿Cuál fue el efecto de las propuestas agrarias del Partido Comunista? La pregunta persigue los siguientes objetivos:
1.- Relacionar las propuestas de transformación agraria del Partido Comunista con la reproducción del capitalismo en Costa Rica.
2.- Caracterizar la inserción del Partido Comunista en el movimiento de lucha por la tierra que surgió en el contexto de la crisis de la Segunda Guerra Mundial.
3.- Comprender las limitaciones del Partido Comunista para articular acciones de interés político común, entre la clase obrera y el campesinado pobre.
II. LA PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA AGRARIO
La agricultura de subsistencia, los estímulos a la apropiación individual y familiar de la tierra, la extensión de la escolaridad por grados y programas desiguales en el campo o la ciudad, la función parroquial, y la literatura costumbrista conformistas y apaciguadores, idealizaron el modo de vida campesino, ocultaron la explotación y adormecieron las sensibilidades ante la situación social de los indígenas y los campesinos pobres.
En 1910 el dirigente obrero Juan Rafael Pérez reaccionó contra el acaparamiento de tierras “sin importar que el propietario sea extranjero o nacional… En este estado de cosas vendrán las subversiones agrarias con sus secuelas de asesinatos.” Once años más tarde, la Confederación General de Trabajadores se solidarizó con los campesinos que eran hostigados por terratenientes en Colorado de Abangares. “La CGT se opondrá a todo intento de despojo contra los pequeños trabajadores que ya han creado un derecho de propiedad desde el momento en que entrando a la montaña, creyéndola libre, han luchado contra la adversidad y la han vencido formando sus fincas… Es más legítimo propietario quien cultiva la tierra que quien la posee por especulación o por lujo”. (Citado por De la Cruz, V. 1986: 328 y 330).
Esas percepciones denuncian los abusos de los terratenientes, anuncian la violencia ocasionada por el despojo y la resistencia, legitiman la posesión de propiedad por el uso de la tierra, insinúan la indefensión, común a los trabajadores del campo, artesanos y asalariados de la ciudad. “Al iniciar el siglo XX el grado de ocupación de tierras privadas por campesinos se indica en un censo hecho en 1907 a once grandes propiedades, en el cual se hallaron 10.262 personas en asentamientos y pueblos aislados dentro de las fronteras del latifundio” (Edelman, M. 1988: 144). Entre 1920 y 1930 bajó la densidad y beligerancia de los conflictos agrarios (De la Cruz, V. 1986:331); pero el problema agrario suscitó el interés de los partidos políticos, contrapuesto a la libre apropiación de baldíos que fomentada el Estado.
Desde 1920 el Partido Agrícola representó a la mediana burguesía ligada al mercado interno. Una de sus propuestas fue crear la Escuela Nacional de Agricultura, aprobada por ley, en diciembre de 1926. www.historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/ensagra-na.htm. Más acorde con la proletarización del campesino, en 1923 el programa del Partido Reformista propuso la reforma agraria, formar colonias agrícolas y cooperativas, y devolver baldíos al Estado. (Salazar M., 1981:47). El gobierno, por su parte, creó en 1924 la Colonia Palmareña, en Los Ángeles de San Ramón.
La crisis de 1929 contrajo la agricultura para consumo interno y la exportación. El desempleo y la emigración interna presionaron las tierras libres abandonadas y el latifundio. La UFCo inició la apropiación del litoral Pacífico Sur y hubo despojo contra indígenas y colonos en la cuenca del río Térraba. En las elecciones de 1929 el Partido Socialista propuso entregar tierras a los desocupados, crear granjas agrícolas, abrir la Oficina de Catastro Público. Medianos propietarios se agruparon en la Cámara de Agricultores, la Sociedad Agrícola de Ahorro, la Asociación de Productores de Café y en cooperativas de café y banano. (De la Cruz, V. 1981: 225-226).
En esa campaña participó además el Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales; síntesis de un movimiento social e ideológico disidente y diverso que se configuró desde 1926. La Alianza propuso a Joaquín García Monge, candidato a diputado, y en el programa apenas se menciona “el problema de la tierra”. No obstante, fue el primer intento por constituir en el país un bloque político con inquietudes sociales revolucionarias. (De la Cruz, V. 1981:232).
El historiador Daniel Kersffeld ha constatado que entre 1927 y 1931 hubo influencia importante de la III Internacional Comunista en algunos círculos marxistas del país, por intermedio de la filial mexicana de la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA), fundada en 1925. El repudio a la política exterior de Estados Unidos, la crítica a los monopolios y la divulgación de un ideario nacionalista y socialista por parte de la sección local de la Liga, animó la represión del Secretario de Gobernación Raúl Gurdián Rojas, en el gobierno de Cleto González Víquez (1928-1932).
Hacia 1929 surgen escisiones en LADLA y la sede aprobó una norma tendiente a proletarizar los cuadros dirigentes, “bajo el esquema del así llamado Tercer Período y de los lineamientos de clase contra clase…con base en preceptos obreristas”. La tesis fue acogida en Costa Rica en 1931 cuando se fundó la Sección de la Escuela de Derecho de LADLA, liderada por Manuel Mora Valverde. “En ese contexto, un grupo de militantes enrolados en ARCO contribuyeron el 6 de junio de 1931 a fundar el Partido Comunista de Costa Rica bajo influencia directa del Buró del Caribe, creado un año antes con sede en Nueva York… y con la primacía de cuadros provenientes de clases medias, sobre aquellos otros de extracción proletaria”. http://www.estudiosgenerales.ucr.ac.cr/estudios/no22/ind22.html
La fundación del PCCR culmina el avance de una opción ideológica y política latente en sectores medios urbanos, artesanos y obreros de la manufactura como reacción al carácter oligárquico del régimen liberal y al desgaste paulatino de su hegemonía. La tarea inicial del Partido consistió en inscribirse para las elecciones de 1932 y en ese ajetreo abrió secciones en Limón, Alajuela, Heredia y Cartago. Entre julio y octubre fue rechazada la inscripción electoral. Aunque las autoridades aceparon que participara en los comicios municipales, con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. La denominación, empleada hasta 1942, recogió la experiencia electoral de 1929 y respondió a una táctica de los partidos comunistas, recomendada por la Internacional. (Gómez A., 1994:49).
El programa mínimo del PC se publicó en el periódico Trabajo, en marzo de 1932. El capítulo de política económica, artículo 13, propone legislar para eliminar el latifundio, expropiar las tierras no cultivadas y favorecer a los campesinos pobres con las tierras del Estado para trabajarlas en forma socializada. La propuesta está en relación con este enunciado: “todo el poder político para la clase trabajadora. Creación de Consejos de obreros y campesinos”. (Trabajo 13-3-1932:3).
Sin embargo, no se especificaron las condiciones de la alianza obrera y campesina; mientras que en varios textos perciben al campesinado como agente incapaz de realizar la revolución. (Gómez, A. 1994: 143 y 181). Con ello se anuló el concepto de lucha de clases como movimiento objetivo de las organizaciones populares, el cambio político y el desarrollo; omisión que contrasta con el estado de insurgencia de Augusto César Sandino y las revueltas campesinas en El Salvador. Si bien el PC no fue indiferente a aquellas luchas, tampoco mantuvo una actitud solidaria coherente y consecuente con los ideales revolucionarios.
Por otra parte, en Costa Rica la crisis del 29 activó diversas modalidades de lucha por la tierra y el salario agrícola; pequeños propietarios de café confrontaron entre 1932 y 1936 con industriales y exportadores en defensa de precios justos (Acuña, V. 1991: 161-176); otros agricultores creaban cooperativas, sociedades de ahorro, denunciaban y resistían la inversión imperialista en el agro y el uso del agua y los pequeños agricultores vieron comprometidas sus tierras hipotecadas. No obstante, el PC quedó a la zaga de esos conflictos y organizaciones.
“El Partido Comunista dividía las clases sociales del campo en tres grupos: grandes propietarios o latifundistas, pequeños productores en tierra propia, arriendo o esquilme, y jornaleros”. (De la Cruz, 1986:352). El Secretario General, Manuel Mora Valverde distinguía en 1934 “la pequeña propiedad producto del trabajo personal y la propiedad capitalista producto del trabajo ajeno y la usurpación de la pequeña propiedad por los tagarotes… El comunismo va contra la propiedad capitalista y eso es lo que decimos en nuestros discursos de agitación”. (Gómez A. 1994:62) Ambas tipologías abstraen la apropiación de la tierra del carácter de las relaciones capitalistas y sus articulaciones con la inversión privada e imperialista, la competencia mercantil y la función del Estado con respecto a la soberanía y el avance de las fuerzas productivas.
Entre 1934 y 1943 el Partido priorizó la sindicalización de los obreros y los asalariados del sector agrícola. En el periódico Trabajo se constata la creación de cuatro federaciones de trabajadores agrícolas y 29 sindicatos: 5 de las plantaciones de banano y abacá en el Atlántico y el Pacífico, 3 en Turrialba, 7 en Alajuela, 7 en San José, 2 en Cartago, 2 en Heredia, 2 en Guanacaste y 1 en Esparza. Por años: 4 en 1942, 16 en 1943, 18 en 1944, 1 en 1946 y 2 en 1947. Entre 1933 y 1943 el Partido tuvo presencia en al menos 12 huelgas en el sector agrícola: 6 en Turrialba, 1 en Limón, 2 en San José y 3 en la zona bananera del Pacífico. (Trabajo. Años mencionados).
Esas cifras corroboran que en la óptica de la dirigencia comunista, la clase obrera de la ciudad y el campo era estimaba el sujeto y agente de la lucha social en proyección revolucionaria. Los sindicatos agrícolas se formaron con los jornaleros. Se organizaban por finca, plantación y por región y un Comité Central para todo el país. Las reivindicaciones planteaban alzas de salarios, apertura de fincas y hospitales en las fincas, pago de inhabilidad, abolición del pago con fichas y cupones, ajustes de precios en los comisariatos y creación de una Federación Costarricense de Trabajadores Agrícolas. (De la Cruz, V.1986:353).
El Partido se abocó a organizar a los obreros agrícolas, luego de la huelga bananera de 1934 y más tarde apoyó las luchas por la tierra. Desde 1933 su periódico divulgó problemas de los trabajadores del campo y las crónicas despertaron sensibilidad por la situación de los peones y campesinos pobres. “En 1935 encargó la organización campesina a Guillermo Fernández y Jaime Cerdas Mora, en apoyo a los colonos”. Crearon ligas campesinas o agrupamientos de propietarios de pocas hectáreas, con objetivos como rebajas de impuestos, crédito bancario y ayuda técnica; incluso para financiar la instalación de beneficios de café. En 1937 funcionaban ligas en Purral e Ipís de Guadalupe. También impulsó una ley para que los finqueros dieran herramientas a los peones, pues debían comprarlas o soportar las rebajas de sus salarios, si eran del patrono. El proyecto no prosperó, a pesar de la firma de 827 personas. (De la Cruz, V. 1986:349-357).
Al parecer, el trabajo de apoyo a los colonos mostró al Partido que el campesinado no era una clase particular. Con frecuencia se dividían y aislaban de sus familias, en busca de trabajo. Los pequeños propietarios sufrían inestabilidad, se arruinaban y perdían parcelas, herramientas y animales. Los más pobres emigraban a la ciudad”. (De la Cruz, V. 1986: 354). Pero la crisis de la Segunda Guerra gestó otro movimiento espontáneo de migraciones campesinas y demandas de tierras baldías. El Partido sí se involucró en este movimiento por la colonización agrícola.
En el campo de las ideas, la situación no le favorecía. La iglesia católica cultivó el anticomunismo desde la Revolución Rusa. Durante la guerra civil española contra el gobierno del Frente Popular (1936-1939), la prensa del clero divulgó noticias y fotos alusivas “al exterminio” de curas por el ejército de liberales republicanos, comunistas, socialistas y anarquistas. El 19 de marzo de 1937 Pío XI publicó la Encíclica “Divini Redemptoris” que condenó la filosofía y doctrina del marxismo. También lo combatían el liberalismo político, los seguidores del reformismo “socialcristiano” y círculos sociales expresamente anticomunistas.
Es comprensible, por ello, la fuerza de los prejuicios al comunismo. El 23 de abril de 1937 un campesino de Carrillo, Guanacaste, enfatizó su aversión a esa doctrina política, en una carta que envió al Presidente Cortés instándolo a ejecutar una ley de 1900 para expropiar una parte de la Hacienda El Viejo: “Considero del caso agregar que quien esto escribe detesta de las ideas de exterminio comunistas, pero no por ello puede comulgar con la desigualdad social que implica el problema de los latifundios incultos de la Provincia”. (Edelman, M. 1998:202).
III. LA UNIÓN CAMPESINA DE LUCHA POR TIERRAS Y CRÉDITOS
En agosto y setiembre de 1940 un grupo de 500 campesinos de Barba de Heredia envió un memorial al Poder Ejecutivo. Solicitaron la acción del gobierno para enfrentar el desempleo y la carestía “considerando que hay miles de hectáreas de tierra sin cultivar”. El Dr. Rafael Ángel Calderón G., recién electo Presidente, respondió que enviaría a la Asamblea un proyecto de ley para repartir tierras. (Trabajo 21-9-1940: 1-4).
La gestión de los campesinos inició un movimiento de organización. En los pliegos de peticiones indican que son afectados por la crisis del café. Los finqueros rebajan los salarios y despiden a los jornaleros a consecuencia del cierre del mercado europeo. Los peones y campesinos más pobres emigran a la zona bananera del Pacífico Sur, ocupan tierras baldías o predios sin cultivar por los grandes propietarios.
Al mes siguiente, campesinos de San Rafael de Heredia apoyaron las peticiones y a ellos se sumaron agricultores de Santo Domingo. En Santa Bárbara, en una reunión de 300 trabajadores se discutió la disponibilidad de tierras al norte de la provincia y enviaron otra petición al gobierno. El Presidente ofreció incluir la zona de Sarapiquí en el proyecto de ley agraria. Un requerimiento similar le mandó otro grupo de campesinos de San Juan de Tibás, en San José. (Trabajo 12-10-1940: 2; 11-1940:2).
Estas acciones culminaron en una Asamblea Provincial de Campesinos que se celebró el 3 de octubre con presencia de 5 delegaciones de Heredia, 5 de Cartago, 5 de San José y 1 de Alajuela. Se acordó crear la Unión Campesina de Lucha por Tierras y Créditos y manifestarse ante “la aguda miseria que comparten los campesinos a consecuencia de la pérdida de parte de los mercados cafetaleros provocada por la guerra”. (2-11-1940:1-4).
Otra reunión que fue convocada por el Partido Comunista discutió las bases de la organización y las tareas implícitas en los pliegos de demandas. Asistieron 41 delegados: 12 de Cartago, 3 de Tres Ríos, 6 de San José, 6 de Alajuela y 14 de Heredia. Se decidió enviar al Presidente unas objeciones al proyecto de colonización. Organizar comités provinciales. Crear la Conferencia Nacional de Trabajadores Agrícolas. Promover manifiestos de campesinos. (2-11-1940:1-4)
En esa asamblea se estableció una línea de acción conjunta “tal como lo han hecho los cafetaleros a quienes el gobierno ya ha oído”. Tomaron en cuenta los memoriales firmados por un millar de campesinos y enviaron las críticas al proyecto del Ejecutivo: 1) Se asigna un presupuesto escaso y no se señala las fuentes de crédito a bajo interés. Proponen aumentarlo de 5 a 10 millones y financiarlo en los bancos. 2) Sugieren nacionalizar las tierras incultas cuando los dueños posean más de 500 hectáreas. 3) Proponen que el gobierno asuma los pagos de honorarios de los denuncios. 4) Hacer un plan nacional de colonización. (Trabajo 9-11-1940:5).
Ocho días después se nombró el Consejo Nacional de la UCLTC. Se acordó financiarse con cuotas no obligatorias y constituir Comités Regionales. (Trabajo 16-11-1940: 1-2). Entre noviembre y diciembre se crearon comités en Turrialba -integrado por 500 campesinos- Orotina, Poró de Grecia, Sarchí y Liberia (Trabajo 30-11-1940:1; 7-12-1940: 2 y 21-12-1940: 1). A principios de 1941 se organizaron 121 campesinos de Goicoechea; otros en la Legua de Río Cuarto de Grecia, Tucurrique, Turrialba y Limón. En San Gabriel de Aserrí, Salitral y Bajos del Jorco, los campesinos acordaron, pedir que San Isidro de El General se incluyera como zona de reparto de tierras.
En febrero de 1941, en la reunión constitutiva de la Unión Campesina de Grecia, aprobaron las siguientes consideraciones. “Existen las condiciones objetivas y subjetivas para formar un gran movimiento de masas en el campo que sea capaz de lograr una reforma agraria. Entre ellas: a) el absurdo de la reducida producción agrícola…b) el tener que importar artículos de primera necesidad…c) la deformación de la agricultura por el monocultivo…d) la guerra como causa de la creciente pauperización… f) el hecho de que el 90% de las tierras cultivables son terrenos ociosos… g) la total parálisis de la United Fruit Co. en el Atlántico y el Pacífico, provocando el éxodo campesino… i) Incorporar a los campesinos a la lucha por la tierra y ganar aliados en las ciudades, en el movimiento obrero y la pequeña burguesía”. (Trabajo 15-2-1941: 1-2).
Al mes siguiente el Concejo acordó “organizar una expedición a la región norte de Heredia para localizar tierras denunciables” con el objetivo de formar una colonia agrícola. Los acompañó el Ing. Enrique Góngora. En el informe al Poder Ejecutivo indican que La Unión es una de las primeras organizaciones campesinas del país. Estiman que la Guerra apenas comienza y las consecuencias se agravarán cuando Estados Unidos entre al conflicto. Proponen que el gobierno aumente la producción dotando tierras, construyendo caminos, abriendo créditos a bajo interés y por medio de la reforma agraria. Transcriben las propuestas que aprobó la Conferencia Nacional del 3 de octubre de 1940:
“1) Promulgar una ley que asegure derechos de propiedad a los llamados parásitos, dándoles escrituras e indemnizando a los dueños previa investigación del origen de la propiedad.
2) Establecer un plan de créditos a bajo tipo de interés para la pequeña agricultura y modificar la Ley del Banco Nacional de modo que garantice las cosechas, más que la propiedad.
3) Modificar el Art. 29 de la Ley de Baldíos que obliga a los denunciantes a pagar honorarios para medir y levantar planos; razón por la cual los campesinos no completan el trámite de denuncios. Tales gastos los debe pagar el Estado o contratar esos servicios.
4) Enviar a la Asamblea un proyecto de ley de Colonización Agrícola para reformar la propuesta que existe, incluyendo: a) financiamiento por medio de las reservas bancarias y los depósitos del BNCR; b) regionalización de la colonización en tres áreas: Sarapiquí-Santa Clara-Heredia; San Carlos- Río Cuarto en Alajuela; Valle de El General y Cartago. Comenzar el reparto de tierras en cualquiera de las zonas.
5) Destinar 3.000 Has para formar colonias en cada zona, con parcelas de 40 has por familias y trabajar en cooperativas dotándolas de vivienda y asistencia médica mínima.
6) Crear una Junta de Colonización con técnicos agrarios, como organismo autónomo del Estado y con presupuesto propio para independizarla de los partidos políticos.
7) Usar las reservas de tierras del BNCR, de los baldíos, de las leguas municipales y las áreas no cultivadas por latifundistas o acaparadas por títulos de propiedad dudosos o falsos, los cuales deben expropiarse con indemnización. (Trabajo 8-2-1941:1-2).
Concluyen brindando apoyo a los colonos de San Joaquín para que adquieran derechos sobre parcelas denunciadas. Solicitan que se cree una colonia en las tierras aún libres de la Legua de Santo Domingo, o las que sean baldías o mal habidas. Solicitan que se construya un camino público en San Joaquín, tal como lo ofreció el Presidente Cortés Castro. (Trabajo 2-3-1941:1-4 y 19-4-1941:1-4).
Poco después, el regidor comunista Arnoldo Ferreto presentó mocionó en el Consejo Municipal de Heredia para ofrecer al Poder Ejecutivo las tierras de la legua, formar una colonia agrícola, e instar a la Municipalidad de Alajuela a pronunciarse en el mismo sentido sobre las tierras de la legua de San Carlos. (Trabajo 10-5-1941: 1).
El 19 de mayo el Presidente Calderón recibió al Consejo Nacional y el plan de peticiones del 12 de mayo de 1941. Informó el envió de un proyecto de ley que daría derecho de propiedad a los poseedores en precario. Consideró viable disponer de las reservas de tierras del BNCR para aplicarlas a la agricultura y se comprometió a enviar el proyecto de ley respectivo. (Trabajo 17-5-1941: 1).
La Unión Nacional Campesina organizó mítines y divulgó el pliego de demandas, convertido en plataforma de lucha. Hubo reuniones en Turrialba, Santa Bárbara de Heredia, San Juan de Tibás, Rosario de Desamparados, Río Segundo de Alajuela y San Ramón. En este cantón, uno 400 campesinos el Consejo local.
En Heredia, el Consejo Campesino pidió al Presidente que enviara al Congreso un proyecto presentado el año anterior por el diputado Mora Valverde a solicitud de la Unión de Grecia, para ampliar la cobertura de la Ley de Accidentes de Trabajo y proteger a los trabajadores del campo (Trabajo 5-7-41:3). En 1941 presentaron a la Asamblea otro proyecto para que el gobierno asumiera los costos de levantado topográfico. (Trabajo 26-7-41:4). En Limón, la Unión Campesina envió carta al mandatario solicitando financiamiento y un proyecto de ley para repartir las tierras de la legua municipal de Matina, en lugar de subastarlas. (Trabajo 10-1-1942:2).
Las expediciones para localizar baldíos continuaron en 1942, esta vez a las montañas de Dota, al sur de San José. En Turrialba, recorrieron la finca Pavones, propiedad de la firma Niehaus y Co. y pidieron al Ejecutivo que expropiara el área no cultivada y la otorgara en parcelas. (Trabajo 21-3-42:2). En mayo, el Consejo Nacional preparó otros dos proyectos: uno para traspasar al Estado las tierras incultas mayores de 100 hectáreas. El segundo para adjudicar el derecho de propiedad a los poseedores de parcelas adquiridas de hecho. (Trabajo 16-5- 1942: 2).
En Santa Teresita de Peralta, Cartago, 30 peones de la finca del BNCR solicitaron que les eliminaran el esquilme y convertir la hacienda en una colonia agrícola. (Trabajo 1-8- 1942: 2). La Unión Campesina de Alajuela retomó la idea. Pidió al Ejecutivo una ley “para que no sea facultad del dueño de la tierra el cobro del esquilme y se fije en 1/5 de la cosecha y no el 50%”. (Trabajo 17-10- 1942: 1).
En concierto con esas movilizaciones y gestiones, el Comité Central del PC abrió una oficina para tramitar denuncios y encargó la asesoría legal a Manuel Mora y Jaime Cerdas. Se consideró que “La Unión Nacional Campesina tiene un programa agrario que recoge la tesis del partido respecto a que en Costa Rica cabe en este momento la creación de la pequeña propiedad e impulsar su explotación en cooperativas”. La oficina se abrió el 19 de marzo y hasta el 4 de noviembre tramitó 46 inscripciones de denuncios. (Trabajo 21-11-42:2).
IV. LA LEY DE OCUPANTES EN PRECARIO
En el gobierno de León Cortés (1936-40) se emitió la Ley de Terrenos Baldíos, No.13 del 10 de enero de 1939. La norma definió los terrenos baldíos, exigió posesión legal, permitió adjudicar denuncios de hasta 30 hectáreas con la condición de trazar carriles, cultivar el 30% y se prohibió enajenarlas durante diez años. www.pgr.go.cr/scij//nrm_texto_completo.asp?param2
El 14 de julio de 1941, la Ley de Informaciones Posesorias reguló el procedimiento para inscribir los terrenos no registrados en posesión de hecho durante 10 años. La ley evidenció que muy pocos colonizadores procedían a titular las tierras conforme al Código Fiscal de 1885, las leyes de Cabezas de Familia y de Baldíos. Además, que las prohibiciones de vender los derechos de posesión eran inaplicadas, había especulación y concentración de tierra. www.iij.ucr.ac.cr/download/file/fid/170
El principal logro de las luchas de las Uniones Campesinas, fue la promulgación de la Ley No. 88 del 14 de julio de 1942, conocida como “Ley de Ocupantes en Precario”. El Dr. Calderón Guardia expresó: “….Otro de los proyectos de mi gobierno se dirige a una liberación económica de aquellos campesinos que, por su laboriosidad, merezcan el estímulo del Estado mediante donaciones de tierras que les permitan convertirse en pequeños productores y propietarios… Me ha preocupado la situación de los mal llamados "parásitos" que cultivan la tierra sin preguntar de quién es, porque ellos viven la ley de la montaña, la ley de la naturaleza que sólo se rinde al que lucha contra ella y la vence…” (Calderón G., R. 1942: 276).
Esa Ley reconoce y legitima la posesión de tierra en precario en terrenos privados y del Estado. Establece un procedimiento de indemnización para legalizar la propiedad que consiste en que “se podrá promover arreglo con el dueño a fin de que las tierras ocupadas le sean cambiadas por baldíos nacionales”. La cantidad de terreno que le corresponde la establece un Juzgado con aval técnico y la aprobación de la Secretaría de Fomento.
El juzgado protocoliza las tierras de los ocupantes, previa inscripción en el Registro. Los campesinos que ocuparan tierras con anterioridad, tendrán derecho a que se les adjudiquen. Contra ellos no proceden acciones de desahucio, restitución, ni reivindicación. Será rechazada toda denuncia por usurpación o daños en terrenos sin deslindar. Si la denuncia fuere admitida, no habrá detención, ni prisión preventiva, mientras no se demuestre que el ocupante invadió la propiedad ajena…Si esa intención no apareciere manifiesta por ignorancia del ocupante, se sobreseerá en la causa. http://www.pgr.go.cr/scij//TextoCompleto.Norma=37473&n
Al año siguiente la Oficina de Colonización de Tierras de la Secretaría de Fomento informó haber tramitado 1.466 solicitudes distribuidas así: 276 en San José, 450 en Limón, 334 en Cartago, 66 en Alajuela, 60 en Guanacaste, 10 en Puntarenas y 270 en Turrialba. En Limón y Cartago muchas fincas eran abandonadas y los precaristas las trabajaron, convirtiéndose en “parásitos”… El Estado ha comprado 1.939 Has y necesita unas 20.000 para atender solicitudes, a un promedio de 10 Has por persona.
Mandaron solicitudes de tierras o de derechos de posesión, campesinos de las fincas Germania, Guácimo, Cairo, Parismina, Herediana en Linea Vieja; Beverley, Penshurts, Westfalia en Limón; Bajos de Humo, Peralta y Pascua, en Cartago; Puerto Cortés, Parrita y San Juan de León en Puntarenas; Pital, Florencia, Villa Quesada y Venecia en San Carlos, y otros lugares de Heredia y San José. Todas ocupadas por “parásitos”.
En el Pacífico y el Valle Central había 1.590 precaristas en 3.796 Has. En la Finca Pabellones de Escazú un solo “parásito” tiene 30 hectáreas. En fincas del Estado de esas zonas había 2.232 has y 55 colonos que cultivan el 64% en promedio de 47 hectáreas. En Higuito de San Mateo, una finca no reunía condiciones para colonia, igual que otra en Pavones.
Dos fincas particulares, en San Carlos, tenía 324 “parásitos” en un 600 Has. En la región se formó la Colonia Agrícola Toro Amarillo, al norte del Volcán Poás, dividida en 97 lotes. En San Miguel de Sarapiquí funcionaba la Colonia Carvajal, dividida en 140 lotes. De las 1.580 Has de extensión de las 79 parcelas, solo se trabajaban 139,25 y el 5,26 % tenían cultivos. Ahí entregaron 80 escrituras sin cumplir con los requisitos de la ley que creó la Colonia.
En síntesis, en 1943 el gobierno registró 1.970 precaristas y 144 colonos. Los primeros ocupaban 4.426 hectáreas en fincas de particulares y 3.812 del Estatal, sin incluir la colonia Toro Amarillo. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_43-colonizacion-tierras.pdf
Después de la Guerra Civil, la Junta de Gobierno recibió el siguiente informe. “Hoy tenemos gran cantidad de leyes sobre distribución de tierras: la Ley sobre Terrenos Baldíos, la Ley de Informaciones Posesorias, la Ley de Ocupantes en Precario, la Ley de Esquilme y leyes sobre compra de fincas por el Estado. Según la oficina de colonización, más o menos desde 1909 el Estado adquirió 199 fincas con 190.000 Has para resolver problemas de tierras, en propiedad de de unos 4.000 ocupantes. Con la Ley de Ocupantes en Precario, el Estado recibió 47.800 Has. y hay 9 fincas más, tomadas por precaristas. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_49-III-agrario.pd
Veinte años después se promulgó la Ley de Tierras y Colonización No. 2825 del 14 de octubre de 1961 y al año siguiente se creó el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). Eran los tiempos de la Revolución Cubana.
V. CONCLUSIONES
En Costa Rica, la estructura de tenencia de la tierra con base en el latifundio y la mediana propiedad se gestó como herencia colonial, la formación de la hacienda cafetalera, la inversión imperialista y la apropiación de baldíos. Esa estructura la dinamizaron los ciclos de producción para la exportación y el mercado local, expuestos a los cambios en el capitalismo mundial, la competencia y las protecciones del Estado liberal. Prevaleció una distribución desigual de la tierra que, ligada a la mayor población y su asentamiento en el Valle Central, generó migraciones al interior del país y distintas modalidades de colonización. El fenómeno reforzó la propiedad privada individual y reprodujo las relaciones capitalistas de producción.
Las luchas sociales gestaron desde fines del XIX ideas, organizaciones y disensos políticos. A partir de 1931 el Partido Comunista avizoró y luchó por transformar el modo de producción capitalista, influido por la revolución rusa, sus afanes de internacionalismo proletario y sus controversiales zigzagueos ideológicos y alianzas políticas. Los vaivenes de la coyuntura económica y política mundial entre 1920 y 1948 forjaron los dilemas políticos que, en el campo agrario, los comunistas costarricenses resolvieron en perspectiva del capitalismo y, por ello, sin posibilidades de forjar alianzas revolucionarias con el movimiento obrero y la burguesía ligada al mercado interno.
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Trabajo 1939-1945
