Por Sebastián Ernesto González

El 23 de marzo del 2010, el docente José Manuel Flores Arguijo fue asesinado en el Instituto de la Colonia El Pedregal. Entre estudiantes y maestros, las balas asesinas del régimen post golpe terminaron con la vida de una persona que dedicó su vida a la lucha por las causas justas. Los últimos suspiros de Manuel, fueron en medio de los brazos de la maestra, amiga y camarada de lucha Rosa Vargas, quien sigue sintiendo aún, esos últimos latidos del corazón que siguen clamando justicia e igualdad social.

Son doce años ya los que han pasado del vil asesinato de Manuel Flores, miembro fundador del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) y, miembro de la Junta Directiva del COPEMH en el periodo  2000-2002, un docente más que incrementa la larga lista de crímenes que han quedado en la impunidad como también lo fue el de la maestra Ilse Ivania Velásquez Rodríguez, muerta el 17 de marzo del 2011 después de una fuerte represión cometida por la Policía Nacional que, en aquel momento dirigía Óscar Álvarez, muy ligado a Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

A las muertes de los docentes Manuel Flores, y, la  maestra Ilse Ivania, hay que agregar las del docente Róger Abraham Vallejo, asesinado el 31 de julio del 2009, la muerte muy sospechosa de Félix Murillo y el asesinato del maestro Mario Contreras. A estos crímenes de lesa humanidad hay que contabilizar los de abogados, estudiantes, defensores de derechos humanos, campesinos y muchos más que, tenían como denominador común el ser miembros activos del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), movimientos de masas construido para oponerse al régimen post golpe.

Fiscalía y Corte Suprema de Justicia arraigaron impunidad

Mientras los fiscales y jueces se ensañaban persiguiendo a miembros de la resistencia para judicializarlos como delincuentes, funcionarios del régimen se lucían en violentar derechos laborales, tal y como lo hizo la ex rectora de la UNAH que ilegalmente despidió empleados, expulsó alumnos y acusó judicialmente a otros. En el caso del magisterio, el ex Secretario de Educación; Marlon Escoto, violentó la ley tantas veces como quiso, el caso más emblemático fue el del director del Instituto Central, despedido ilegalmente  sin ser reintegrado a su puesto de trabajo aún y cuando ganó el caso en los juzgados, el maestro Roberto Ordóñez murió en el año 2021 si haber recibido justicia.

La banda criminal que se adueño del país con el golpe de Estado del 2009, también controló la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, de ahí que no es extraño que funcionarios corruptos andan libres y personas honestas han sido martirizadas por el único pecado de pelear por un pueblo.

Actualmente, los operadores de justicia que antes reverenciaban al criminal Juan Orlando Hernández, con manos temblorosas deben decidir entre el delincuente o la petición de los estadounidenses de extraditarlo al norte. Sin duda alguna que, esta Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General, siguen siendo los mismos personajes corruptos que apañaron el crimen y bailaron al son del narco gobierno, siguen teniendo la misma sed de sangre que tenían antes, con la diferencia que ahora deben moverse al son de la justicia de USA, caso contrario; corren la misma suerte de ser extraditados y terminar su vida en la cárcel.  Por lo anterior, se vuelve imperativo la destitución de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General y el Fiscal Adjunto.

Por la creación de una comisión independiente que investigue los crímenes del régimen post golpe

Hasta ahora, no hay un tan solo personaje preso por los centenares de casos de violación a los derechos humanos, violación a derechos laborales, o, en el peor de los casos; por asesinato. Es obligación del actual gobierno de LIBRE, conducido por doña Xiomara Castro, no permitir que la impunidad siga siendo una coraza para los criminales, la lucha en las calles no ha terminado, hay que salir a exigir justicia para los mártires de la resistencia, estos claman desde sus tumbas que se condene a los asesinos y a los funcionarios que irrespetaron la ley.

José Manuel Flores Arguijo cumple 12 años de asesinado, el mismo tiempo que duró en el poder el Narco Partido Nacional. El magisterio, los sindicatos y campesinos tienen la obligación de exigir la investigación de todos estos crímenes cometidos por la estructura golpista, es seguro que muchos policías y militares que violentaron los derechos humanos ahora son parte del engranaje del gobierno de LIBRE, aun estos deben ser judicializados de ser encontrados culpables.

¡Sangre de mártires, semilla de libertad!