Por Andrés Morales
Tanto el gabinete de los nacionalistas como el Congreso Nacional, han puesto en marcha varias medidas aprobadas en el transcurso del mes de abril; entre ellas se encuentran la emisión del Decreto Legislativo No. 33-2020, una mayor asignación presupuestaria para la emergencia del covid-19, y la enunciación de un plan especial para el agro hondureño que busca una aclamada “soberanía alimentaria”.
Un plan económico que prioriza la estabilidad de los grandes empresarios
En medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del SARS-CoV-2 y la anunciada crisis económica mundial, los grandes países centros del capitalismo, EEUU y varios países europeos, se encontraron con una encrucijada, que a pesar del tiempo que lleva la crisis, todavía no ha sido resuelta: llevar a sus respectivas poblaciones con medidas de aislamiento como ser la cuarentena o, salvar la economía. El espeluznante incremento de casos de personas contagiadas y de fallecimientos en estos países ―EEUU con 30 mil muertes hasta la fecha―, demostró que la balanza se inclinó más por el lado del rescate de la economía, que hoy se desploma a la vista de los líderes mundiales. “El interés no piensa; calcula. Los motivos son sus números…” dirá Marx con acierto en un texto de más de cien años.
Los países centroamericanos no tardaron en promulgar sus respectivos planes de contingencia de esta crisis, y a pesar de las variaciones existentes en dichos planes, hay puntos de coincidencia que a la larga nos volverán más hermanos por el endeudamiento a los bancos internacionales, y por la crisis social que se avecina.
En Honduras, la medida económica de mayor actualidad es el decreto legislativo no. 33-2020, o también llamada Ley de alivio al sector productivo y a los trabajadores. Esta “aclamada” ley es decretada en medio de una gran incertidumbre que viven en la actualidad los trabajadores del sector privado y el sector informal, puesto que ellos son los más golpeados por esta crisis. En resumidas cuentas, esta ley solo prorroga por ciertos meses los pagos de impuestos de los pequeños comerciantes:
“Se concede prórroga a los Obligados Tributarios categorizados como pequeños y medianos contribuyentes y a las personas naturales y profesionales independientes para la presentación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta, Aportación Solidaria y Activo Neto…” (Decreto Legislativo No. 33-2020).
En esta ley no existe ninguna defensa expresa del derecho de los trabajadores a mantener intacto su empleo, ni medidas de exoneración que libren del pago de servicios públicos, más bien anuncia sutilmente una remuneración dada por el RAP (Régimen de Aportaciones Privadas) a los trabajadores del sector privado que ya se dan por despedidos de las grandes empresas multinacionales.
“ARTÍCULO 27.- APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL PARA LOS TRABAJADORES: Los trabajadores que sean objeto de una suspensión de contratos por causa de fuerza mayor derivada de la Emergencia Sanitaria Nacional, podrán recibir una aportación solidaria temporal…” (Decreto Legislativo No. 33-2020).
No hay instituciones gubernamentales que sean confiables
Hasta el momento somos el país de la región centroamericana que ha destinado el mayor presupuesto para contener la crisis sanitaria provocada por el covid-19 en términos de préstamos a bancos internacionales y dinero público: 3,742 millones de dólares, equivalentes a 92,807 millones de lempiras (El Heraldo, 14 de abril de 2020). Lo cierto es que, a pesar de tener la mayor cantidad de dinero asignado ante esta crisis, las instituciones que responden al manejo de la misma, no tienen ya ninguna credibilidad de parte de la mayoría de hondureños. Ni SINAGER, ni todas las dependencias estatales han demostrado los mecanismos mínimos de transparencia ante este escenario catastrófico de la pandemia. Hugo Noé Pino, ex funcionario público, resume el tema:
“Lo que no entiende el Gobierno es que la desconfianza con el manejo de los recursos públicos es por: a) los casos de corrupción recientes b) ni Fonac, ni el Cohep, ni ASJ son garantía de veeduría social c) no tienen ni la capacidad técnica, ni la voluntad política.” (Twitter de Hugo Noé Pino, 12 de abril de 2020).
La ausencia de los respiradores mecánicos es un hecho a pesar de haber sido mostrados en la propaganda del gobierno hace algunas semanas. Desde que fue iniciada esta cuarentena, ya hace un mes, los nacionalistas en cadena nacional insistían en efectuar la masiva entrega de utensilios de bioseguridad a los médicos hondureños; utensilios que, hasta la fecha, siguen sin entregarse al personal que labora en los hospitales sin ningún resguardo más que sus rutinarios trajes. Ante el desabastecimiento y falsas promesas del gabinete cachureco, el personal de salud se ha manifestado en varias ocasiones declarando su salida de los hospitales si los implementos de bioseguridad no se entregan en tiempo y forma.
“…la Asociación Hondureña de Médicos Residentes, acuerda: 2. Dar un plazo máximo de 48 horas para el abastecimiento de EPP en suficiente cantidad y cumplimiento con los estándares de bioseguridad establecidos por OMS/CDC (mascarillas N95, lentes y caretas de protección, overol desechable, gorros, botas y guantes) en todos los centros asistenciales a nivel nacional donde laboran médicos residentes. 4. De no cumplir las medidas solicitadas se procederá al retiro del 100% de los médicos residentes…” (Comunicado ASOHMER, 1 de abril de 2020).
Al descrédito que tienen personajes como Omar Rivera del FONAC, se unen los cuestionamientos a otros personajes como Gabriel Rubí, ministro de Copeco, Marco Bográn de INVEST-H, quiénes junto a la ASJ (Asociación para una sociedad más justa), pretenden hacernos creer que la veeduría social de todos los fondos aprobados, es un hecho a todas luces transparente; los hondureños ya no creemos en dichas organizaciones ―ONGs la mayoría― que se “encargan” de los procesos de transparencia, por lo que es necesario respaldar a otras organizaciones más confiables ―el CNA, FOSDEH, entre otras―, en este seguimiento del correcto uso del dinero público y las respectivas denuncias. En relación al caos que tiene el gobierno en el manejo de los fondos, Suyapa Figueroa lo sintetiza con la mejor ironía:
“Lo advertimos desde un inicio que era dinero a la garduña. Que no iban a comprar mascarillas sino las más caritas. Lo que no sabíamos es que igual las iban a robar y luego las volverían a vender. Estos no tienen parangón, sabíamos que eran corruptos, pero nunca a este nivel.” (Twitter de Suyapa Figueroa, 16 de abril de 2020).
¿Un nuevo plan para el agro?
El gobierno aprobó el pasado 9 de abril, a través del decreto ejecutivo pcm 030-2020, una propuesta de seguridad alimentaria que consiste en el seguimiento de varios programas vinculados al agro hondureño, como ser: la Alianza para el Corredor Seco, el Proyecto de Competitividad Rural de Honduras (COMRURAL), y el Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Sur (ACS PROSASUR); el mejoramiento del crédito para los productores a través de nuevas normativas dadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Central; y se suma a este seguimiento de programas, la aprobación de más dinero para dicha estrategia:
“ARTÍCULO 6.- Se instruye a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) para que tomen las medidas siguientes: 1. Asegurar el abastecimiento total de la Reserva Alimentaria Estratégica del Estado con al menos Cien Millones de Lempiras (L. 100,000,000.00).” (Decreto ejecutivo número PCM 030-2020).
Esta nueva medida, tomada por los nacionalistas para el fortalecimiento del agro, presta de algún modo atención a las condiciones de países agrarios que tenemos los territorios centroamericanos, en donde la crisis económica mundial barrerá con las principales actividades primarias de nuestras débiles economías, como ser la exportación de materias primas:
“América Latina no podrá escapar de una caída de su economía arrastrada por la lenta recuperación de la demanda china, por la fuerte crisis europea y una bajada de la demanda estadounidense, todo lo cual se traducirá en la mayor debilidad de los precios de las materias primas, principal exportación de la región.” (www.realinstitutoelcano.org)
Ante el panorama catastrófico en materia de transparencia en esta crisis, es de conocimiento ya de cualquiera, que existirán más irregularidades perpetradas por esta administración corrupta. No es suficiente la escandalosa exhibición en cadenas televisivas, de nuevas medidas que “resolverán” de alguna forma el tormento que nos espera, puesto que los mismos funcionarios públicos que ahora siembran esperanza, fueron los mismos que se ligaron al crimen organizado y saquearon sin ningún escrúpulo varias instituciones valiosas.
A los hondureños que vemos pasar frente a nuestras narices todos los actos propios de este gabinete, como ser la sórdida corrupción, la falta de previsiones e información creíble sobre los casos de contagio, nos toca organizarnos en nuestras instancias más cercanas, barrios y colonias, independientemente de las torpes directrices estatales.
