Por Ernesto Quijano
La tradición que precede los inicios del Partido Nacional, está llena de enfermizas ansias por el continuismo o los gobiernos autoritarios de periodos muy prolongados. El caso que ejemplifica a la perfección esta tendencia, es Tiburcio Carías Andino, quién logró, bajo acuerdos vía Congreso Nacional y sórdidas modificaciones a las leyes constitucionales, quedarse dieciséis años en la silla presidencial.
Históricamente el Partido Nacional ha desistido de la idea de abandonar el poder en los años que estipulan las respectivas constituciones en el juego electoral de la democracia burguesa. Han sido las propias rencillas internas de este partido, la presión de los militares y el gobierno de EEUU, quienes han dado paso a nuevas elecciones de fachada, aparentando giros ficticios a la democracia.
En la actualidad el régimen de Juan Orlando se sostiene por el visto bueno del gobierno norteamericano de Donald Trump, varios organismos internacionales tutelados por el garrote gringo, como la ONU, y la casta militar dirigente que está a su favor. El único anuncio que contiene gran novedad es la contienda a lo interno del partido de gobierno, que ya desde hace algunos meses se disputa el mando de la dictadura. Las corrientes internas del nacionalismo insistirán en demolerse mutuamente para sacar otro candidato presidencial, quien asumirá ―según ellos― otro nefasto periodo.
Hace algunos días atrás ciertos representantes de las corrientes internas del Partido Nacional comenzaron una polémica antes de llevarse a cabo su convención, que, de fondo, anuncia la disputa por las nuevas figuras que aparecerán en las papeletas electorales del 2022. La escaramuza entre los distintos líderes de este nefasto partido, dejó por sentado que el continuismo cachureco, que ya lleva tres periodos de gobierno (Pepe Lobo y dos periodos de Juan Orlando), es el objetivo principal. El candidato a la alcaldía del municipio de Choloma, quién representa la fórmula de Ricardo Álvarez, Carlos Gustavo Cerón, dio a conocer el descontento y las contradicciones que tienen a lo interno los nacionalistas.
“Que no nos hayan tomado en cuenta me ha dado más fuerza para recorrer el país, el Partido Nacional es de todos, no de unos cuantos, en Salvemos Honduras tenemos claro que nunca fuimos parte (del gobierno de Juan Orlando Hernández), que nunca lo seremos porque nunca nos quisieron… ‘lo que sí les digo’, agregó, ‘es que no seguiremos siendo un movimiento escalera para que se suban por ella y después se olviden de los que se cachimbean para ganar elecciones’” (El Heraldo, 17 de noviembre de 2019).
Las figuras que hasta el momento buscan llenarse de simpatizantes a como dé lugar, para optar cargos de elección y puestos en un nuevo gabinete nacionalista, es Ricardo Álvarez, Jesús Mejía, David Chávez, Tito Asfura, entre otros más. El recambio por otro gabinete del mismo partido, es la única opción que tienen los colaboradores de este régimen embarrado de corrupción y ligado también a la narcoactividad, para seguir protegiéndose de las investigaciones que los involucren directamente.
Congresistas pretenden blindarse ante investigaciones sobre corrupción
Los congresistas que ocupan un puesto en las distintas bancadas de los partidos, especialmente los tradicionales, están metidos, muchos de ellos, en negocios que tienen que ver con ilícitos en la administración pública, y negocios vinculados al narcotráfico. Los hondureños estamos enterados de varias de las inconsistencias que rondan en el actuar de estos nefastos diputados; y por si fuera poco, en las últimas sesiones legislativas, las aprobaciones de leyes y reformas han ido encaminadas a proteger de las investigaciones sobre corrupción a los “padres de la patria”.
El pasado 16 de octubre los honorables diputados aprobaron dos leyes que los eximen de las responsabilidades penales mientras ejercen sus funciones en el Congreso Nacional. La aprobación de estas dos leyes, a todas luces, preparó el terreno para que estos funcionarios públicos llenos de privilegios, se libraran de cualquier señalamiento que los incriminará.
Los organismos independientes encargados de hacer las investigaciones oportunas sobre corrupción, como es la UFECIC, el CNA y la MACCIH, no han escatimado, hasta el momento, señalamiento alguno hacia los corruptos que han utilizado sus influencias para granjearse prebendas del erario público. Mauricio Oliva quien es el presidente del Congreso Nacional, entre otros diputados, fue señalado de irregularidades que no pudieron ser investigadas por el simple hecho de ostentar este alto cargo.
Ahora los diputados, en un Congreso Móvil en Choluteca, aprobaron otro nuevo pacto de inmunidad, que consiste en la prohibición a otros organismos ajenos al Estado, investigar las movidas del Tribunal Superior de cuentas.
“…respecto al anteproyecto de las reformas a este marco legal señala que ‘contiene aspectos preocupantes, contrarios a la efectiva auditoría y la sana administración estatal como la reflejada en la supresión de los incisos 7, 8, 9, 10, 11, 12 del artículo 5 de la Ley Orgánica de la entidad supondría que el TSC no podría auditar ni fiscalizar fondos de concesionarios privados, las Alianzas Público-Privadas (APP), las privatizaciones de las empresas del Estado y los fideicomisos’” (El Heraldo, 21 de noviembre de 2019).
Ante todas estas arremetidas del Congreso Nacional, en su mayoría nacionalista, es necesario volver a manifestarnos, y exigir la derogación de todas estas aprobaciones que lesionan el derecho a la información pública, y las correspondientes investigaciones sobre casos de corrupción.
