Por Amílcar Valle y Angélica Mencía

El 6 de junio fue uno de los momentos claves donde el movimiento Estudiantil Universitario definió uno de sus planteamientos de lucha como lo es la toma general de la Universidad, luego que fuesen agotadas las medidas para hacer visibles los reclamos por la derogación de las vigentes Normas Académicas y la justa representación estudiantil en los órganos de gobierno en la Universidad.

Otro momento crucial para entender el rumbo de la lucha estudiantil fue el desalojo del 1 de julio, que desencadenó un malestar generalizado en los estudiantes y la sociedad hondureña; el desalojo fue propiciado por las autoridades de la institución, quienes además de conceder las instalaciones universitarias a los cuerpos armados del Estado –lo que violó inmediatamente la autonomía universitaria– establecieron las condiciones para un ciclo de criminalización de estudiantes a nivel nacional: más de 75 requerimientos fiscales y órdenes de captura.

Medidas como la cancelación del periodo académico a distintas facultades y carreras y la convocatoria el 10 de julio a un pre-diálogo que mostrara el papel insistente de las autoridades en defender una 4arta reforma que en sus bases reglamentarias como las Normas académicas adolece de la verdadera participación estudiantil, y que además fue suspendido por las autoridades, ya que éstos no atendieron las exigencias homologadas por las asociaciones de carreras en donde se peticionaba un diálogo directo y sincero condensado en cuatro puntos claros: 1) derogación de Normas Académicas, 2) participación estudiantil, 3) cese a la criminalización estudiantil y 4) la desmilitarización de la universidad. Estos fueron los acontecimientos que devinieron luego del desalojo.

De un diálogo de sordos al cese de la acción penal y una mesa mediadora

Luego de una intensa jornada de discusión entre representantes del MEU y la comisión de diálogo conformada por las autoridades –donde se propusiera como punto inicial una mesa mediadora con representantes de ambas partes y un testigo de honor–, se pasó, transcurridos los días, a los puntos de mayor contradicción que eran el fin de las acciones penales, las Nomas Académicas y la organización estudiantil: del primer punto ambas partes llevaron propuestas, el MEU sostuvo la figura del «desistimiento» -que acabaría definitivamente con las acciones penales a nivel nacional– y las autoridades defendieron la figura de la «conciliación», que se traduce en la aceptación de las acciones penales y la criminalización del derecho a la protesta. Al llevar a cabo actos deliberativos los abogados de ambas partes por varios días, se llegó al acuerdo de detener los procesos penales, fin de las tomas, e instaurar la mesa mediadora: victorias parciales del movimiento, y en especial la de asegurarle la libertad a más de 75 compañeros judicializados.

El contenido del acuerdo sugiere un estudio sectorial de las Normas, es decir, analizar y debatir sus inconsistencias; después del estudio sectorial se llegaría a su discusión en un grupo más amplio acompañado de observadores y dar así propuestas de nuevas normas académicas que respondan a la realidad de cada carrera y facultad, finalizando su aprobación en el Consejo Universitario con un plazo hasta febrero del 2017. En cuanto a la organización estudiantil la mesa mediadora indicó que las autoridades tendrán que dar el apoyo necesario para la realización de un reglamento electoral de elecciones, y además el reconocimiento de las asociaciones de carrera, organizaciones político-académicas que vertebran al MEU, y las que han enarbolado esta justa lucha por la democratización de los espacios de decisión en la Universidad.

¿El MEU: una vanguardia estudiantil, o un movimiento que buscará compromiso con las luchas sociales?

Hasta este momento el MEU ha tenido que replantearse nuevos escenarios en esta lucha: desde sus victorias a corto plazo, sus trabajos de organización y su reestructuración interna. Este último punto fue llevado a cabo en un largo taller que reflexionara colectivamente sobre el MEU como definición, su trayecto y su papel en el tiempo venidero; desde el PSOCA invitamos a este movimiento a que participe –luego de dirigir los procesos de organización estudiantil– del compromiso con luchas igualmente importantes ahora: combatiendo las intentonas reeleccionistas de Juan Orlando Hernández con movilizaciones y protestas que den cuenta del descontento generalizado de la población hondureña, y asumir el enlace y nexos con organizaciones sociales en lucha –como el COPINH y OFRANEH– y organizaciones que han sido aplacadas desde el Golpe de Estado como los gremios magisteriales y sindicatos de trabajadores, para así vigorizar sus luchas en conjunto y acabar con las injusticias en menoscabo del pueblo hondureño.