Por: Justo Severo Izquierdo
El pasado 15 de julio se cometió un crimen más en contra de dirigentes campesinos; esta vez le tocó al compañero Tomás García, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El dirigente fue atacado por efectivos militares cuando se dirigía junto a su hijo Alan García, quien salió gravemente herido, a una toma pacífica por la defensa del río Gualcarque en el sector de Achotal, Río Blanco, Intibucá.
Comunidad Lenca se opone a la construcción de proyecto hidroeléctrico
“Agua Zarca”, es el nombre del proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en un espacio territorial que atenta contra el patrimonio cultural del pueblo Lenca. Estos son un grupo étnico con una población cercana a los cien mil habitantes y viven aproximadamente en cien comunidades entre los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. Históricamente, es el grupo más importante y numeroso de Honduras. Los Lencas opusieron una larga resistencia en el occidente y el centro del país contra la conquista española en 1536, siendo su máxima figura el cacique Lempira, que con su gallardía y tenacidad mantuvo a los soldados españoles en vilo, hasta que finalmente en 1537 y 1539 fue vencido junto a sus guerreros por las argucias en el arte de la guerra de los Iberos.
Asesinato de Tomas García
La muerte de Tomás García, está ligada por la oposición que sostiene este grupo étnico contra la construcción de la represa “Agua Zarca”, que lejos de beneficiar a los intereses de la población, va en menoscabo de los bienes comunes como el agua, suelos, bosques etcétera, que están en consonancia con la vida espiritual del pueblo Lenca. El conflicto se da a raíz de la concesión que le brindó el Estado de Honduras a la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima, DESA y la transnacional China SINOHYDRO, de construir una represa hidroeléctrica.
Como es de esperarse en este tipo de negocios capitalistas, cuyo afán es arrasar con todos los recursos naturales, sin percatarse de los enormes estragos que esto conlleva en la cultura de los pueblos, las autoridades agilizaron un trámite amañado y en un santiamén aprobaron los permisos para la explotación de la zona, sin previa consulta y participación de la comunidad Lenca, que por cientos de años han ocupado esos territorios como legados ancestrales. Los empresarios capitalistas, con el fin de monopolizar y privatizar los servicios de energía y el agua para generar exorbitantes sumas de dinero, pretenden despojar a los pueblos indígenas de sus bienes comunes.
El gobierno, lejos de solventar la crisis, más bien la ha agudizado al confabularse con los ejecutivos de la empresa transnacional, al respaldarlos mediante el envío de fuertes contingentes militares y policiales, para sumarse a los grupos de seguridad privada de la empresa con el propósito de reprimir y asesinar a cuantos se opongan y pretendan desbaratar un negocio lucrativo para unos pocos, que traerá miseria y explotación para muchos. La comunidad de Río Blanco mantiene una lucha de más de 120 días con protestas en las afueras de la empresa, marchas y el cierre del paso a maquinarias y técnicos de la compañía constructora. Esto ha permitido que los ejecutivos militaricen la zona en conflicto, como estrategia para instaurar el terror y miedo en los pobladores, a través de las amenazas, represión y asesinatos selectivos de dirigentes. En el mismo conflicto han sido amenazados a muerte y persecución política y judicial, los miembros del COPINH Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño.
Unidad contra la represion
Ante tales acontecimientos, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), repudia los actos represivos en contra de la comunidad Lenca y dirigentes del COPINH, quienes libran una heroica lucha de resistencia por la defensa de los recursos naturales y nos unimos a clamor de todas las instituciones combativas y de lucha para que se castigue a los hechores y autores intelectuales del vil asesinato del compañero Tomás García.
Al gobierno le exigimos que retire tropas y policía de la zona y al Congreso Nacional le exigimos que suspenda definitivamente las concesiones a la empresa DESA-SINOHYDRO. El gobierno debe de garantizar el derecho de los pueblos de elegir su propio modelo de desarrollo y de implementar como política gubernamental la protección de la biodiversidad y fuentes de agua.
