Por Leonardo Ixim
El fin de año termina con sendas luchas sociales en contra de las políticas neoliberales relacionadas a la privatización de los servicios públicos, luchas que están llevando a cabo sindicatos y comunidades organizadas.
Nos referimos a las luchas llevadas a cabo por comunidades organizadas del sur de San Marcos contra las abusivas tarifas que las empresas privatizas distribuidoras de energía eléctrica imponen a la población, así como la represión gubernamental ante la resistencia a estas políticas.
De igual forma la lucha por la defensa al derecho de la salud que el sindicato del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social lleva a cabo en su intención de asegurar medicamentos en la prestación de este servicio y pedir para sus afiliados un salario justo.
Represión y Resistencia de las Comunidades de San Marcos
Este es un conflicto que hunde sus raíces en la privatización de la generación, distribución y comercialización de este servicio durante el gobierno de Álvaro Arzu, esta fue una venta espuria realizada por este gobierno privatizando la distribución y comercialización controlada en la actualidad por le empresa trasnacional de capital español Unión Fenosa por medio de las filiales “Distribuidora de Energía de Oriente y Peten. Sociedad Anónima” (Deocsa) y “Distribuidora de Energía Occidente, Sociedad Anónima” (Deorsa).
Esta también consistió en desmonopolizar el control que el Estado tenía por medio del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en la generación de energía permitiendo a empresas privadas esta actividad.
Otros elementos del modelo neoliberal de prestación de este servicio fue la creación de un mercado mayorista donde se comercia las generadoras y distribuidoras la energía eléctrica y una tarifa especial regulada por el Estado en el cual se vende el servició al consumidor, dicha tarifa busca generar una ganancia a los prestadores privados de este servicio, se llama VAD.
Aunque existe una instancia reguladora de parte del Estado, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) que supuestamente tiene que regular la compra y venta de este servicio en el marcado mayorista, su venta al consumidor de parte de las distribuidora velando por no afectar con precios demasiado alto al consumidor, así como custodiar la calidad de prestación del servicio, en la practica es poco lo que hace y cuando ha actuado en defensa de los intereses estatales y del consumidor, muchas veces los órganos de justicia hacen retroceder tales medidas.
Hago este pequeño recorrido para mostrar que el conflicto que los habitantes de los municipios de El Carmen, San Pablo, Malacatan, El Rodeo y Catalina situado en la costa del sur occidental del departamento de San Marcos, fronterizo con México, tienen con la empresa Deocsa, prestadora del servicio de energía eléctrica en esta zona, tiene que ver con las altas cuotas que dicha empresa le carga al consumidor, tomando en cuenta que el consumo residencial de los habitantes de estos municipios es menor al que le cobrar la empresa.
A raíz de los altos cobros de Deocsa los habitantes, unos 60 mil, apoyados por el Frente en Defensa de los Recursos Naturales (Frena) decidieron no pagarle, lo cual le ocasiono a la empresa dejar de recibir 80 millones de quetzales en concepto de pagos.
Caso singular es el del municipio de San Pablo que tiene una empresa municipal distribuidora de energía eléctrica lo cual creemos que tampoco es una solución, pues es demasiado costoso el servició, pues el precio es demasiado alto que se le compra al INDE como generador, además de usar el sistema de distribución de Deocsa; esta empresa municipal tuvo que dejar de pagar el servicio y también le fue cortado.
Volviendo al tema, la acción de resistencia de la población fue respondida por Unión Fenosa con sabotajes al tendido eléctrico, a los transformadores y a las planta distribuidora del servicio ubicado en Malacatan lo cual está fuertemente vigilada, por lo tanto imposible es de realizar una acción de sabotaje. Así como supuestas conexiones ilegales, acusando a los pobladores de tales hechos.
Sin embargo se ha comprobado que los distintos sabotajes fueron llevados a cabo por personeros al servicio de la empresa a lo cual fue notificado al Ministerio Publico y hasta horita no ha procedido a identificar responsabilidades penales por estos hechos. Como parte de la escalada de represalias contra la población la empresa decide suspender el servicio el 15 de diciembre.
Esto ocasiona perdidas económicas pues se afecta el comercio minorista muy activo en estas fechas, se corto el fluido de agua potable, se pierden 40 mil vacunas para niños, aumenta el riesgo de padecer enfermedades infecto-contagiosas y otras dolencias. Todo esto se puede calificar de acto terrorista, mientras el gobierno actúa complaciente con estas medidas.
A esto se suma semanas antes el asesinato Víctor Gálvez quien era un luchador social miembro de Frena que acompañaba a los habitantes en defensa de sus derechos, desde ya como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exigimos que se investigue y se halle a los culpables de tal crimen que todo apunta a que es parte del terrorismo de la empresa contra la resistencia de la población.
Por su parte, debido al corte del servicio, la población cansada de tanto abuso de la empresa y de la complacencia gubernamental sale a cortar la ruta que se dirige a la frontera con México, ocasionando perdidas millonarias a la burguesía centroamericana y mexicana que circulan sus cercanías por esa vía.
Rápidamente la respuesta del gobierno, como parte administrativa del Estado burgués semicolonial es reprimir con lujo de fuerza a los pobladores e impone un estado de prevención por 15 días, estados de prevención que este gobierno ha sido campeón en imponerlo. Esto consiste en declarar ilegal toda manifestación o acción de protesta, así como censurar todo derecho a informar y ser informado de lo que suceda en estos 15 días.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denunciamos dicha acción por violatoria a los derechos humanos políticos y civiles y responsabilizamos al gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom, al Estado en su conjunto y a la empresa Unión Fenosa de estos hechos y de lo que pueda suceder a la población que defiende su derecho a recibir la prestación de un servicio básico como es la energía eléctrica. Exigimos de igual forma que se levante dicha situación violatoria a las garantías constitucionales.
De igual forma denunciar la actitud servil de las directivas de los sindicatos del INDE y de las empresas Deorsa y Deocsa que asumen la defensa de los intereses de las patronales y por lo tanto de las trasnacionales que oprimen al pueblo de Guatemala en lugar de defender los intereses de los trabajadores y de la población. Pues en sendos comunicados de prensa acusan a la población de saboteadores, cuando los saboteadores son sus amos.
Sabemos que muchos de los directivos de estos sindicatos como forma de comprarlos les han regalado cuantiosas acciones en estas empresas. Ante eso un llamado a las bases de estos sindicatos a expulsar a estos dirigentes vendidos y hacer un sindicato verdadero en defensa de la clase trabajadora.
El conflicto en la actualidad queda suspendido pues por intermediación de la iglesia católica se detuvo momentáneamente la represión gubernamental, pero se mantiene el estado de prevención y se obliga a los pobladores a pagar desde enero de 2010 el servicio, Creemos desde el PSOCA que se ha sufrido una derrota pero con la represión estatal encima quizás por este momento no se podría hacer más.
Desde ya nos unimos a la campaña lanzada por el Frente Nacional de Lucha (FNL) para no pagarle a estas empresas usureras, instamos a toda la población a tomar como ejemplo la resistencia de los pobladores del sur de San Marcos contra estas empresas. Llamamos a la creación de comités, conformándonos desde los ámbitos laboral, estudiantil y residencial, por la nacionalización de los servicios públicos privatizados, por el funcionamiento con calidad y gratuidad de estos servicios y a luchar contra Proreforma que seria la cúspide de todas estas políticas neoliberales.
Es importante que estos comités y todas las organizaciones populares luchen por la nacionalización del sistema energético, desde la generación hasta la prestación al consumidor, es imperioso que dicho servicio no se riga por la ley de la ganancia, pues debe ser un derecho, no una mercancía. Así como, que el sistema sea administrado por los trabajadores con participación de los consumidores.
Irregularidad en servicio de salud
Una exigencia de la población y un derecho de esta, es que se tengan servicios públicos de calidad y gratuitos, uno de ellos es el de salud, pues a pesar de los discursos más propagandísticos que reales, del gobierno de universalizar este servicio, en la actualidad se tiene un servicio que carece de medicinas y además de ser tortuosa la atención a la población.
Sin duda una condición para un buen servicio es que se pague a los trabajadores del sistema de salud un salario que le garantice un buen nivel de vida, en ese sentido, los trabajadores de hospitales Roosvelt en la capital y el de Quetzaltenango, les adeudan sueldos, aguinaldo y un bono de productividad por 1,000 Quetzales (El Periódico 23 de diciembre), en solidaridad los trabajadores de otros hospitales también están en paro.
El Sindicato de Trabajadores de la Salud por medio de su secretaría de organización Regina Ruano menciona que el paro seguirá hasta que se cancele los pagos pendientes. Por su parte las autoridades de los Ministerios de Saludo por medio de la Viceministra para Hospitales Silvia Palma han dicho que los pagos pendientes dependen de que el banco lo hagan efectivo.
Sin duda este es un problema permanente en la administración publica, un problema que debe ser resuelto para que se pague a tiempo, de igual manera no se debería confiar en bancos privados el hacer efectivos los pagos de los trabajadores estatales sino debería ser la banca nacional.
Desde el PSOCA nos solidarizamos con los trabajadores del sector salud y exhortamos a los médicos que se unan a las acciones del sindicato de trabajadores, exigimos al gobierno como parte patronal que vea que no se retrase los salarios, así como un llamado a los trabajadores del sector de salud a prestar un servicio de calidad al usuario, teniendo como base que es un derecho.
De igual forma apoyamos las acciones legales que lleva a cabo el FNL que ha emplazado al gobierno tras los anuncios de este, de que, de no aprobar la reforma fiscal habrá despidos en el sector publico y le hacemos un llamado al FNL a la movilización publica como forma de presión ante estas amenazas.
Es inaceptable que ante la falta de voluntad y coraje político, sin duda debido a las limitaciones de clase de este gobierno, se quiera cargar la falta de financiamiento del Estado en los trabajadores y no en la burguesía que son los que tienen que pagar.