Por Maya
Desde el mes de Agosto del 2009 se empezó a visibilizar en los medios de comunicación televisivos, escritos, virtuales, nacionales e internacionales, los términos hambre, hambruna, desnutrición crónica y desnutrición aguda como sinónimo de la llamada “crisis alimentaria” del país. Situación que se ha dado periódicamente en las últimas décadas y que ha sido nombrada de la misma forma en años anteriores.
Todos los conceptos mencionados son diferentes y se refieren a diferentes estados en las personas y en las poblaciones. Pero, dada la recurrencia y falta de claridad con que son mencionados en las últimas semanas es necesario describirlos, sobre todo porque a partir de esto se están tomando decisiones políticas coyunturales como respuesta a la presión que diferentes actores con intereses particulares hacen utilizando el poder que sobre la opinión pública ejercen estos términos.
Hambre es un concepto más mediático, y se puede definir como “escasez de alimentos básicos que causa carestía y miseria generalizada“.[1] El término hambruna está más asociado con imágenes de inanición masiva y es el resultado de una secuencia de procesos y sucesos que reduce la disponibilidad de alimentos, causando un aumento notable y propagado de la morbilidad y mortalidad.[2]
Por otro lado, la desnutrición es un estado patológico que resulta de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. Hay 3 tipos: crónica, aguda y global. Las más mencionadas en el último mes han sido las dos primeras y la diferencia básica entre ellas es que la desnutrición aguda manifiesta la situación actual de la persona y es tratable, mientras que la crónica es una condición irreversible, y es la base de la problemática en Guatemala que según las cifras oficiales el 45% de la niñez la presenta, de los cuales el 62.5% son niños y niñas indígenas[3].
En la segunda semana del mes de agosto a través de denuncias en medios de comunicación por el Director del Hospital Nacional del Departamento de Jalapa, se inició un bombardeo mediático para evidenciar el incremento de casos de desnutrición aguda en ese departamento. Con el transcurso de los días la atención se amplió a un total de siete departamentos[4] y se atribuyó la situación a que estos se encuentran en el corredor seco. Según diarios escritos enero hasta julio de este año, los monitoreos de la Dirección de Epidemiología del propio Ministerio reportaban la muerte de 54 infantes por esta causa[5].
“Hambruna” y “crisis alimentaria” han sido desde ese momento los titulares de los medios de comunicación y uno de los principales temas de conversación para el ciudadano común. En prácticamente todas las emisiones de los noticieros se han presentado monitoreos diarios y reportajes especiales en todas las emisiones e incluso algunos promovieron una jornada de recolección de alimentos para ser movilizados en calidad de “ayuda humanitaria” a estas áreas, y principalmente hacia el departamento de Jalapa.
La sociedad civil comprometida con la temática han denunciado públicamente que la situación alimentaria actual de Guatemala no es nueva, y que este tipo de brotes de escasez han sido cíclicos en la historia del país. Acrecentándose el impacto de los fenómenos, tras la entrada en vigencia del tratado de Libre Comercio de Centro América con Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA). Señalan que la situación de “crisis alimentaria” actual tiene las siguientes causas estructurales:
• Las derivadas de la concentración de la riqueza y el despojo de los recursos a las poblaciones rurales que producen alimentos.
• La falta de políticas y leyes que apoyen realmente a las pequeñas productoras y productores de granos básicos y voluntad política para impulsarlas.
• Incumplimiento de la legislación laboral, sobre todo en lo relacionado al Salario Mínimo y la vigilancia a las violaciones de los derechos laborales.
• La falta de reconocimiento por parte del Estado de la importancia del sector productivo campesino de granos básicos como aporte real a la seguridad alimentaria nacional.
• La no aplicación de leyes existentes como la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.[6]
Otros actores involucrados también reaccionaron. El gobierno señala que la economía y liquidez de los consumidores guatemaltecos está reducida, que al menos a nivel urbano los supermercados tienen anaqueles llenos de alimentos para la oferta, que el flujo comercial se reduce cada vez más. Se da también el llamado que empresas en coordinación con algunas asociaciones civiles e iglesias organizaron “centros de acopio” en los que llamaban a los “guatemaltecos de buen corazón” a donar específicamente cuatro productos con marca comercial registrada (incaparina, harina de maíz, frijol y azúcar) para ser llevados como acciones caritativas hacia áreas focalizadas del corredor seco.
En respuesta, el presidente Álvaro Colom declara que se ha identificado que la problemática alimentaria actual no es producto de la escasez de alimentos sino de la alarmante baja capacidad adquisitiva que la gran mayoría de la población tiene para comprarlos. Remueve de su cargo a Juan Aguilar - Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional - , Celso Cerezo – Ministro de Salud Pública y Asistencia Social - Juan Carlos Rodríguez - Director del Hospital de Jalapa -, sin tomar acciones hacia el Ministro de Economía, Ministro de Trabajo y Previsión Social, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Ministro de Agricultura a quienes por mandato legal según el Decreto 32-2005 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional les corresponde “impulsar las acciones tendientes a contribuir al acceso físico, económico y social a los alimentos de la población en forma estable”.
Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) que reportaba en el octavo mes del año una ejecución presupuestaria menor al 50% y reaccionaba con la entrega de bolsas de alimentos en los departamentos afectados y trasladaba Q60 millones a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) aún cuando esta última por ser una secretaría presidencial no tiene capacidad ni función ejecutora. [7]
Como medidas inmediatas el ejecutivo anuncia la entrada en vigencia del Decreto 10-2009 de “Estado de Calamidad Pública” como forma de enfrentar la “crisis alimentaria”. Con el se centralizan los recursos y servicios públicos, se limita el derecho de la libre locomoción y la concentración de personas, permite el establecimiento de precios en productos básicos y la movilización de habitantes de sus zonas de residencia.
De esto la única valoración positiva se hace en relación a los precios tope que podrían evitar la especulación y acaparamiento en las circunstancias actuales. Preocupa que esto posibilite la continuación de los desalojos violentos que se han incrementado en el último año y que en la primera semana de septiembre del 2009 dejaron a más de 30 familias de Panzós, Alta Verapáz, sin vivienda, cosechas, herramientas de trabajo al producirse un desalojo violento de dos comunidades en complicidad con fuerzas de seguridad públicas y privadas, y en presencia de representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
El Procurador de los Derechos Humanos –Sergio Morales – anuncia en el departamento de Jalapa el lanzamiento de un “Frente Contra el Hambre” para combatir la crisis alimentaria. Que es una estrategia de visibilidad con intereses políticos personales y que no es más una iniciativa coyuntural con tintes de plataforma para posicionamiento en la opinión pública.
En este mismo contexto el Programa Mundial de Alimentos (PMA) inició la entrega de 200 toneladas de frijol, maíz y harina; 20 toneladas de galleta nutritiva y anuncia la posibilidad de clausurar por falta de fondos el “plan nutricional” a través del cual entregan a la población materno infantil en áreas en extrema pobreza el alimento fortificado “Vitacereal”[8]. Por su parte el representante de la Comisión Europea en Guatemala - Rafael Zeñán - en donde anuncia que aportarán 15 millones de Euros que “tenían reservados para hacer frente a la crisis en Guatemala”[9]. Dichos fondos como es de esperarse serán canalizados en más del 70% por el PMA y serán utilizados para financiar dos meses más de entrega del “Vitacereal”.
El gobierno por su parte lanza una “mesa de seguridad alimentaria” con sectores campesinos y organizaciones sociales que tratan el tema, desde esta mesa creemos en el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) que los sectores ahí representados deben emplazar al gobierno a que se apliquen medidas urgentes para reducir los casos de desnutrición, siendo la más urgentes el aumento salarial tanto urbano y rural, políticas de apoyo y fortalecimiento a los pequeños productores para garantizar la capacidad productiva alimentaria y no depender de importaciones por lo tanto la salida del TLC con Estados Unidos, la aplicación de la ley del Sinasan y que se prohíba la distribución de alimentos transgénicos.
[1] Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) Centroamérica. Conceptos Básicos en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sin Fecha Identificada.
[2] IBIDEM
[3] Ministerio de Educación. II Censo de Talla en Escolares.
[4] Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Baja Verapáz, Santa Rosa.
[5] Diario Prensa Libre , 08 de Septiembre del 2009.
[6] Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación, Campaña Vamos al Grano, Campaña Guatemala Sin Hambre. Comunicado del 23 de Agosto del 2009: “Por una Guatemala Sin Hambre, Vamos al Grano”.
[7] Diario El Periódico. 31 de Agosto del 2009.
[8] Desde el año 2007 la Red por la Soberanía Alimentaria y la Organización CEIBA han denunciado los resultados de un estudio en el cual a través de análisis de laboratorio se identificaron por lo menos siete tipos diferentes de transgénicos contenidos en el Vitacereal entregado en Chiquimula, San Marcos y Huehuetenango.
[9] Diario Prensa Libre, 10 Septiembre del 2009.