Por Frente Sur y Ursula Coj
Con motivo de las tormentas que asolan a Centroamérica y Guatemala, agravadas aún más por el cambio climático, provocando desastres que no tiene que ver solamente con causas naturales, sino con vulnerabilidades socio-ambientales provocadas por el modelo capitalista extractivo y dependiente, se aprobó un estado de calamidad por las bancadas oficialistas en el Congreso.
Estos estados de calamidad han sido cheques en blanco al gobierno de Alejandro Giammatei y su partido VAMOS, para apropiarse de recursos financieros para su grupo de poder y de cara al próximo evento electoral como ya ha sido señalado, el interés es generar con estos recursos clientelismo para que este partido se logre reelegir en la presidencia o por lo menos obtener una buena cantidad de alcaldes y diputados.
El estado de calamidad permite a todas las entidades descentralizadas y autónomas el poder de gestionar el uso de recursos económicos, de dinero y bienes del Estado por el tiempo que dure el estado de excepción (de treinta días) aprobado el martes 11 de octubre decreto 50-2022. Por tanto se considera que es obligación de las municipalidades de la llamada Mancomunidad del Sur (Villa Nueva, San Miguel Petapa, Villa Canales y Amatitlan) socorrer las necesidades reales.
Como Frente Sur proponemos que derivado a la ratificación y vigencia del Estado de Calamidad Pública; hacer visibles las necesidades y propuestas para que las municipalidades asuman un compromiso real con las principales problemáticas de infraestructura vial, de vivienda y previsión de desastres en áreas urbanas con índices de riesgo a desastres provocados por deslaves, inundaciones y hundimientos. Así como generar proyectos que mitiguen o reduzcan crecidas en temporadas de lluvias.
Por ende el estado de calamidad no se debe convertir en un plan para alimentar la corrupción, las compras innecesarias o para hacer negocios pre electorales, sino que se materialice en proyectos de mitigación en las zonas vulnerables y brinde atención técnica y financiera en la logística para cubrir necesidades de alimentación, salud y ambiente; ya que las consecuencias de las lluvias constantes han asolado a muchas colonias y comunidades y hasta ahora solo se ha visto trabajos de pavimentación en rutas principales, a lo cual también dudamos de la calidad de estos trabajos.
Consideramos importante, la creación de un plan de emergencia territorial que su propósito sea coadyuvar a la supervisión y evaluación técnica de las redes de drenajes que cada municipalidad administra. Es una tarea de todas las municipalidades del área metropolitana prevenir desastres como por ejemplo los hundimientos que sucedieron en Villa Nueva, implicando implementar en cada reglamento o ley de alcantarillado una revisión periódica para actualizar las condiciones de los servicios de drenaje.
Además de la supervisión de los recolectores de agua, ante el deterioro de las tuberías que drenan las aguas pluviales. Pues es de carácter obligatorio en todos los reglamentos de alcantarillado municipal la responsabilidad de los gobiernos ediles de prestar los servicios de drenaje y que también pueda obrar y facilitar la conexión al servicio de drenaje, a las viviendas que aún no tienen dicha conexión con la red de drenajes y colectores de agua pluvial.
Desde el PSOCA apoyamos las demandas de las comunidades urbanas afectadas por las tormentas y consideramos importante el fortalecimiento de la organización vecinal para exigirle a las municipalidades que cumplan con su función básica, pero sobre todo para la creación de espacios de poder popular contra los partidos políticos de los ricos que se disputan estos gobiernos municipales.
