Por Ricardo Patzán
El gobierno municipal de la ciudad de Guatemala ha estado controlado por la misma corriente política desde 1986, año en que asumió la alcaldía por primera vez Álvaro Árzú Irigoyen. Fue el Partido de Avanzada Nacional (PAN), fundado entre otros personajes, por Arzú, el que controló ese año el gobierno edil, siendo una coalición de partidos de extrema derecha impulsados por sectores de la oligarquía. Arzú ganó las elecciones presidenciales en 1996 y miembros del PAN ejercieron el gobierno municipal. En 1999 el PAN se fracturó, y Arzú y sus seguidores formaron el Partido Unionista; desde el año 2000 este partido ha controlado la gestión de la capital, con Arzú gobernando desde 2004 hasta su fallecimiento en 2018. Fue reemplazado por su pariente político y primer concejal Ricardo Quiñónez, quien concluyó el período del difunto y resultó electo en los comicios de 2019.
El Partido Unionista representa a una fracción de la oligarquía venida a menos, que ha convertido al gobierno municipal en su principal bastión. La carrera política de Arzú, y la del padre de Quiñónez, inició en el Movimiento Liberación Nacional, de la extrema derecha anticomunista, y durante su presidencia privatizó la telefonía y la distribución de energía eléctrica. Manejó la alcaldía con mano férrea y logró reelegirse gracias al impulso de obras de ornato, permaneciendo sin solución problemas urgentes como la distribución de agua y el transporte colectivo. La exfiscal general Thelma Aldana y la extinta Cicig acusaron en 2017 a Arzú, Quiñonez y otros funcionarios municipales de utilizar fondos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana para financiar la campaña de Arzú entre 2011 y 2015; a raíz ello, el alcalde y su equipo se convirtieron en enemigos acérrimos de la Cicig y promotores de su salida del país.
Al igual que otros gobiernos municipales, el de la capital se caracteriza por continuas violaciones a los derechos de sus trabajadores, el nepotismo y la manipulación para lograr la lealtad de los funcionarios. Los problemas que afrontan las y los empleados municipales de la capital fueron denunciados en una manifestación realizada el 31 de agosto por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Transporte (Sintraemt); en esta acción participaron también compañeros de varias dependencias del municipio, como la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), la Empresa Municipal de Transporte (EMT), la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Empresa Municipal de Agua (Empagua).
Las denuncias expresadas por los compañeros se refieren a largas jornadas laborales sin pago de horas extras, despidos injustificados, la falta de beneficios laborales desde hace más de cinco años, el mal funcionamiento del sistema de buses municipales Transmetro. Los trabajadores exigieron que se establezca un diálogo con el alcalde Quiñónez. Un caso específico es el del despido de trabajadores de Empagua, algunos con más de 35 años de antigüedad; a pesar de que ya un juez ya ordenó su reinstalación, la comuna no ha acatado esa instrucción, aduciendo que no ha recibido tal orden de reinstalación.
Esta no es la primera vez que los sindicatos municipales realizan acciones de protesta. El 10 de agosto montaron un plantón frente a la sede municipal en el Centro Cívico, en rechazo a la administración del alcalde Quiñónez y en defensa de sus derechos laborales. Abner García, secretario general del Sindicato de Transmetro declaró: “Simplemente estamos exigiendo ser escuchados y que se respeten nuestros derechos ya constitucionales y en las diferentes leyes, principalmente en la Ley Municipal que establece los horarios y jornadas de trabajo” (Prensa Libre 10/08/2022). El dirigente denunció que la administración municipal se fabricó un parto colectivo que disminuye sus derechos, pues no tienen derecho a cobrar las horas extras; para lograr esto, fueron declarados empleados de confianza. El problema es que, en el Código de Trabajo, artículo 124, se estipula que los empleados de confianza son los gerentes, concejales y jefes inmediatos; Los únicos que reciben el pago de horas extras son los allegados al partido y al alcalde.
Entre otras denuncias están que las autoridades municipales no apoyan a los trabajadores que sufren enfermedades como resultado de su trabajo, y a veces son despedidos. Además, los agentes de la PMT son obligados a cobrar multas de tránsito, siendo esta responsabilidad de las oficinas, y también los obligan a imponer multas injustificadas a los conductores.
Los empleados municipales en todo el país son víctimas de continuos abusos, como despidos injustificados, salarios por debajo del mínimo, falta de prestaciones laborales, etc. Nuestra total solidaridad con los compañeros sindicalistas de la comuna capitalina.
