Por Úrsula Coj
El pasado 21 de noviembre de 2020, segmentos de la población urbana y organizaciones sociales manifestaron su descontento por el intento abrupto de aprobar el Presupuesto General de Ingresos e Egresos del Estado para el año 2021, por un monto de Q99,700,000,000 de parte de las bancadas oficialistas, presupuesto destinando a cubrir endeudamiento; hecho que provocó el descontento de la población.
En esa jornada de protestas, como es sabido, manifestantes mostraron su indignación, quemando parte de la fachada del Congreso de la República, situación que fue criminalizada por tirios y troyanos para calificar este hecho como una infiltración de parte de Policia Nacional Civil (PNC). Pero lo que sí es cierto es que fue la policía quien reprimió salvajemente a los manifestantes quienes se concentraron en diversos puntos del centro de la ciudad de Guatemala. La PNC detuvo a mas de 50 personas (hombres y mujeres de todas las edades) lo cual provocó batallas campales, como no se había visto en los ultimos años, contra la ordas del ministro de Gobernación, a cargo de la PNC Gendry Reyes. Este es un oscuro personaje vinculados a prácticas represivas. En estas jornadas dos jovenes sufrieron pérdidas de uno de sus ojos, situación no dilucidada por los tribunales de justicia.
En el operativo fueron también golpeados muchos periodistas, los cuales aportaron pruebas grabadas al Ministerio Público (MP) sobre tal represión. Esta situación fue usada por Reyes y por Consuelo Porras, a cargo del MP, para detener a tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, acusándolos de daño al patrimonio por la quema de la fachada del edificio del legislativo.
Los detenidos fueron en un primer momento Juan Francisco Monroy Gómez, Nancy Paola Chiriz Sinto, y posteriormente Dulce María Archila Cáceres. Monroy Gómez y Archila Cáceres, son dos artistas visuales, además, esta última es estudiante de ciencias politicas de la Universidad de San Carlos. Por su parte, Chiriz Sinto estuvo afiliada al partido de izquierda Winaq, estando a cargo de la Secretaría de Juventud de ese partido, en el cual ya no participa y es conocida en ciertos espacios por la defensa de los derechos de las mujeres y jóvenes indígenas.
A raíz de las detenciones y debido a que éstas eran una forma espuria de responsabilizar a tres jóvenes de la quema del Congreso, utlizando las imagines entregadas por periodistas para evadir de parte de la PNC su responsabilidad en la represión, provocó una ola de indignación en las redes sociales, la cual no pasó a mas de eso, pero sirvió para que las y el joven fueron liberados ligándolos a proceso. Estos quedaron bajo arresto domiciliario sin vigilancia de la PNC, tienen prohibido salir del país sin la autorización del juzgado que lleva el proceso, además deben presentarse a cada 15 días al MP para colocar su huella digital, pagando una multa de Q5 mil.
Asi las familias de estos jóvenes, la Asociación de Estudiantes de Ciencias Politicas, el partido Winaq, organizaciones de jóvenes, feministas y de otra indole manifestaron su repudio, exigiendo que el MP avanzara realmente en el proceso de dilucidar responsabilidades penales sobre la represión ese día, en la cual el ministro de gobiernación tiene responsabilidades por los hechos.
La presión permitió -como una forma de bajar la presión sobre el gobierno- que cinco agentes policiales (tres mujeres y dos hombres) sindicados de posible delito de simulación de delito y por abuso de autoridad se presentaran al juzgado que sigue el caso. Este les otorgó medidas sustitutivas, otorgándoles arresto domiciliar y obligándolos a pagar Q2,000 de multa.
El vespertino La Hora, quien entrevistó a Stephanie Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, mencionó en relación a las detenciones que: “el 21 de noviembre del año pasado sugirieron hechos mucho más graves como la PNC que utilizó un uso desmedido de la fuerza (...) ahora sabiendo que hay policías que no recibieron orden de captura como lo hicieron con estas personas que estaban manifestando de forma pacífica, me parece que hay un uso inadecuado del derecho penal por parte del Ministerio Público (La Hora 28 noviembre de 2021).
De hecho, lo que menciona Rodríguez es una forma de redituar el derecho penal del enemigo interno, contra quienes son cosiderados por los grupos de poder de la burguesia como peligrosos para sus intereses. En ese orden, consideramos urgente de parte de las organizaciones sociales crear un Comite Nacional en Defensa de las Libertades Democráticas, las cuales este gobierno, como parte de una tendencia de endurecimiento del régimen político, viene violando y requiere la organización para combatir estas tendencias represivas.
