Por Armando Tezucún
El 10 de marzo finalizó la elección de nuevos magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021 – 2026, quienes tomarán posesión el 14 de abril. Ese día, el presidente de la república en consejo de ministros y el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designaron sus respectivos titulares y suplentes.
La decisión presidencial
El ejecutivo designó a Leyla Susana Lemus Arriaga como titular y a Juan José Samayoa Villatoro como suplente. En una sesión que se asemejó a un mal montaje teatral, Lemus, que hasta entonces ostentaba el cargo de secretaria general de la presidencia, fue propuesta por el ministro de energía y minas Alberto Pimentel, mientras que la propuesta de Samayoa salió del ministro de relaciones exteriores Pedro Brolo.
La única voz discordante en este melodrama fue la del vicepresidente Guillermo Castillo, quien desde temprana hora había propuesto su propia lista de candidatos. Desde hace meses han sido notorias las divergencias entre el presidente Giammattei y su vice, que se agudizaron durante la crisis inter burguesa de noviembre y diciembre pasados, en torno al presupuesto del Estado 2021, en la que Castillo actuó como uno de los representantes de los intereses de la oligarquía. Pero media vez el conflicto fue resuelto, Castillo ya no representa a nadie más que a sí mismo, figurando como un solitario Quijote.
Las candidaturas del vicepresidente Castillo fueron todas rechazadas, dándosele preferencia a los candidatos del presidente, cuyos nombres se conocían desde días antes. Castillo protestó por el proceso de elección: “No estoy de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido, es un hecho notorio señor presidente que las personas que han sido descalificadas cuentan con todos los requisitos, muchos de ellos son funcionarios, incluso al más alto nivel de la CC. Requisitos que no fueron pedidos en ningún momento”...“Creo que hubiera sido muy sano para un proceso transparente y legítimo, que se hubiera podido también invitarlos, no solo a ellos, sino a quien están designando a venir al Consejo a explicar que es lo que ellos estaban esperando de ser designados y pedir más información de sus credenciales y hojas de vida” (Prensa Libre 10/03/2021). Giammattei defendió el procedimiento seguido y luego de un agrio intercambio de argumentos entre ambos, el voto adverso de Castillo fue incluido en el acuerdo que designa a Lemus y Samayoa como magistrados titular y suplente de la CC.
La CSJ elige
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia designó a Roberto Molina Barreto como magistrado titular, con 10 de los 13 votos del pleno. Barreto ya es titular de la CC, al haber sido designado en noviembre pasado por la misma CSJ para finalizar el período de Neftaly Aldana, quien se retiró del cargo por problemas de salud. Molina es uno de los candidatos más cuestionados, pues en el proceso electoral de 2019 fue candidato a vicepresidente en la fórmula del partido Valor con Zury Ríos, hija del general genocida Efraím Ríos Montt; para subsanar la objeción, los magistrados de la CSJ habían retirado previamente de los requisitos para presentar una candidatura, el no tener militancia política. Como magistrado suplente fue electo Walter Paulino Jiménez Texaj.
La nueva CC
De esta forma, la nueva Corte de Constitucionalidad estará integrada por los magistrados titulares Leyla Lemus, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez Pimentel y Gloria Porras; y los magistrados suplentes Juan José Samayoa, Luis Rosales, Walter Paulino Jiménez, Claudia Paniagua y Rony Eulalio López.
En un artículo anterior de nuestro quincenario ya habíamos analizado las características de los magistrados electos por el legislativo, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos CSU) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). El resultado de este proceso electoral significa que el máximo tribunal del Estado ha caído finalmente bajo el control del bloque de intereses corruptos que ya tienen el mando el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. A este bloque lo podemos describir como una alianza entre las familias oligárquicas que controlan la economía del país, sectores empresariales emergentes que se enriquecen por medio de negocios con el Estado, el crimen organizado, militares en servicio y en retiro, y una pléyade de personajes arribistas que se involucran en los partidos políticos para enriquecerse vendiéndose al mejor postor.
Esta alianza no es nueva, ha sufrido transformaciones y exhibido diversas facetas a través de las décadas; los acontecimientos de 2015 que derrumbaron el gobierno de Otto Pérez Molina la hicieron poner sus barbas en remojo. A partir de 2016, con el gobierno de Jimmy Morales, los bloques en la alianza empezaron a apretar las tuercas en un giro hacia un régimen político más autoritario, deshaciéndose de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y retomando el control del Ministerio Público luego de la gestión de la fiscal general Thelma Aldana. Los magistrados de la CC habían logrado frenar muchas de las acciones que acuerpan actos de corrupción y proyectos de ley que refuerzan el giro autoritario y represivo. Por eso era urgente concluir el proceso de renovación de la CC en los tiempos estipulados, a diferencia del proceso de elección de Cortes de Apelaciones y de la CSJ, estancados desde 2019; no en balde uno de los integrantes de esta alianza perversa, el diputado del Partido Unionista Álvaro Arzú, declaró en febrero: “…pareciera que está hecho y diseñado para que los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad se prorroguen ellos mismos su periodo, ahí sí les digo: hay que sacarlos por las buenas o por las malas el 15 de abril si no entregan el cargo, porque es absolutamente imposible de considerar y justificar que una persona se prorrogue a sí mismo en su cargo”…“que se prorroguen ellos mismo en su cargo, es digno de irlos a traer con la fuerza pública…” (La Hora 16/02/2021). De igual manera la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que, ante la impugnación hecha contra la elección de magistrados por el Cang, “ningún recurso legal debe ser utilizado como mecanismo para prorrogar el plazo de la actual Magistratura” (La Hora 10/03/2021).
El endurecimiento del régimen político hace entrar en crisis al endeble sistema democrático burgués inaugurado por la Constitución de 1985, y pone en evidencia que para los grupos oligárquicos y demás bloques de poder económico ha sido históricamente necesario gobernar en alianza con los militares y con personajes con vocación autoritaria. El capitalismo particular de la región centroamericana, enlazado con el orden imperialista mundial, que constantemente produce pobreza y miseria, así lo requiere.
El imperialismo gringo interviene
La administración Biden, ante el giro que tomó la elección de la CC, ha continuado emitiendo sus opiniones y advertencias. La subsecretaria de Estado Adjunta Principal para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, declaró su preocupación por la transparencia en la designación de magistrados a la CC, agregando que los nuevos magistrados deben ganar la confianza pública y respaldar el Estado de Derecho. El senador Patrick Leahy señaló que la actual CC sufre los ataques del Congreso y el ejecutivo: “Si los magistrados de la Corte son reemplazados por compinches de las otras ramas del Gobierno, se perderá cualquier apariencia de un sistema de justicia creíble” (El Periódico 12/03/2021). Leahy también manifestó que el gobierno de Biden y el Congreso de Estados Unidos deben reevaluar su relación con los gobiernos centroamericanos, “que son la antítesis de socios creíbles” (Idem).
Se anunció que el 22 de marzo llegará al país una misión diplomática de Estados Unidos encabezada por el director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional Juan Sebastián González, e integrada por funcionarios que fueron claves para la cooperación con los países del Triángulo Norte durante el gobierno de Barack Obama. Los visitantes hablarán sobre el programa de ayuda para el país, y aclararán que el mismo depende de la continuidad de acciones contra la corrupción y la impunidad de parte del gobierno. Se sabe que manifestarán su respaldo a los magistrados de la CC Porras y Mata Vela, así como al fiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval y la jueza Erika Aifán, quienes recientemente fueron galardonados por el Departamento de Estado por su desempeño contra la corrupción.
Rechazamos la injerencia del gobierno imperialista de Biden en los asuntos de Guatemala. Demócratas y republicanos son dos caras de la misma moneda, que protegen los intereses de las grandes corporaciones que controlan la economía estadounidense y mundial. La administración Biden solo quiere maquillar con un retoque democrático el dominio férreo de las multinacionales en nuestra región.
Por una elección verdaderamente democrática de los magistrados
El proceso de elección de magistrados a la CC ha dejado en claro el fracaso del modelo decidido por la Constitución de 1985, que estableció una designación corporativa por los tres poderes del Estado, la universidad estatal y el gremio de abogados. Todas estas instancias en los hechos, al actuar independientemente de la voluntad y fiscalización popular, representan los intereses de los grupos de poder que ya hemos mencionado arriba. Por ello nuestra propuesta es que los magistrados de la CC y las cortes de justicia sean electos por voto directo y democrático de la población; estos funcionarios, al igual que los ministros y otros responsables, deben rendir cuentas ante las organizaciones populares, que los podrán destituir en cualquier momento si actúan indebidamente. Este sistema de elección popular debe ser avalado por una Asamblea Nacional Constituyente popular y plurinacional.
