Por Ricardo Patzán
Durante la semana del 1 al 7 de marzo el proceso de elección de nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021 – 2026 avanzó notablemente. El Congreso de la República, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (CSU) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) eligieron sus magistrados titular y suplente.
Esta celeridad contrasta con el atraso a todas luces intencional que ha tenido el Congreso para elegir magistrados a las Cortes de Apelación y Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos actuales integrantes debieron dejar sus cargos en octubre de 2019. La razón de este desfase es que los actuales magistrados de las cortes fueron electos mediante oscuras componendas entre los partidos Patriota y Lider, que entonces dominaban el legislativo y ahora han desaparecido y sus principales líderes guardan cárcel por actos de corrupción; así, estas cortes se han caracterizado por proteger a los políticos y funcionarios corruptos cuando el Ministerio Público ha solicitado el retiro de su inmunidad. En cambio, la actual CC, por voto mayoritario, ha adversado y frenado muchas de las leyes y decisiones tomadas por los poderes ejecutivo y legislativo para favorecer la impunidad y los negocios y manejos ilícitos de políticos y empresarios; el caso más evidente es el respaldo de la CC a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ahora a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Los grupos de extrema derecha que favorecen la corrupción, el endurecimiento del régimen político y la impunidad para sus compinches, tienen toda una agenda de leyes que han sido frenadas por la CC, como las reformas a la Ley de Ongs, las reformas a la Ley de Aceptación de Cargos (que permitiría excarcelar a criminales y corruptos) y las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional (que libraría de culpa a los militares encarcelados por genocidio), entre otras, además de resoluciones que han frenado actividades de empresas mineras e hidroeléctricas. Por ello es clave que las instancias que tienen a su cargo la escogencia de nuevos magistrados a la CC designen a personajes que les favorezcan.
El legislativo fue el primero en elegir sus designados el 2 de marzo. Mediante 101 votos a favor, 5 en contra y 54 ausentes, la aplanadora oficialista escogió a Dina Ochoa como magistrada titular, y con 89 votos a Luis Alfonso Rosales como magistrado suplente. Ochoa ya era magistrada titular, siendo designada en 2016 por el expresidente Jimmy Morales, así que tendrá un segundo período; ella se ha caracterizado por favorecer los intereses de los poderes legislativo y ejecutivo, emitiendo votos disidentes cuando el bloque mayoritario emitía fallos contrarios a las intenciones de estos poderes. Rosales actualmente es diputado del partido Valor, que integra la alianza oficialista, y es segundo vicepresidente del Congreso. Fue diputado del partido del exgeneral Ríos Mont, Frente Republicano Guatemalteco, durante el período 2000-2004, y parte del equipo de abogados que defendieron a Ríos Mont durante el juicio por genocidio y deberes contra la humanidad en 2013. El Partido Valor es liderado por la hija del exgeneral, Zury Ríos.
El 4 de marzo del CSU escogió a sus correspondientes magistrados titular y suplente. Después de 12 rondas de votación, el organismo eligió a Gloria Porras como titular; Porras es actualmente magistrada titular de la CC y estaría iniciando su tercer período en el cargo. En 2011 fue designada por el expresidente Álvaro Colom y en 2016 por el legislativo. Ha sido parte del bloque de magistrados que mostraron independencia respecto al ejecutivo y el legislativo, vetando acciones y leyes regresivas y a favor de la impunidad. Como magistrado suplente fue electo Rony Eulalio López, actual secretario de la fiscal general Consuelo Porras.
Por último, el CANG eligió el 5 de marzo. Fueron escogidos Néster Vásquez como magistrado titular, quien es magistrado de la CSJ, y como suplente Claudia Paniagua. Vásquez fue mencionado en el caso Comisiones Paralelas 2020 por tener nexos con Gustavo Alejos. Esta elección ya tiene una acción de impugnación en su contra.
Para el 10 de marzo está planificada la elección de la CSJ y del presidente Giammattei en consejo de ministros. Para este último cuerpo se menciona insistentemente como favorita la actual secretaria general de la presidencia Leyla Lemus. En el caso del pleno de magistrados de la CSJ, al parecer son favoritos Roberto Molina y Héctor Pérez Aguilera. Evidentemente estas dos instancias elegirán magistrados que favorecerán agendas y proyectos regresivos, conservadores y corruptos, inclinando la balanza a su favor en la nueva CC.
