Por Ricardo Patzán
Los días diez y diecisiete de septiembre de 2020, los edificios de Rectoría y Dirección General de Administración (DIGA) del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fueron tomados por estudiantes pertenecientes a varios colectivos universitarios. El motivo de la acción fue la oposición a las modificaciones que estaba por aprobar el Congreso de la República al Decreto 3-2019, que avalaba un préstamo de US$ 120 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a inversiones en la Usac; estos cambios al decreto en cuestión implicaban un nuevo destino de los fondos, beneficiando intereses de la burocracia universitaria vinculada al Consejo Superior Universitario (CSU) y en especial al rector Murphy Paiz.
Después de cinco meses de ocupación de los edificios, la toma se encuentra en una encrucijada. Las modificaciones al Decreto 3-2019 no prosperaron en el legislativo, y el tema salió definitivamente de la agenda de discusión de los diputados. Esto dejó sin materia la acción de los estudiantes, quedando como única justificación la negociación de la entrega de edificios sin que se den represalias contra los universitarios que retienen los edificios. Al respecto, el CSU y el rector Paiz han dado largas intencionalmente a las mesas de diálogos instaladas desde septiembre, iniciando procesos disciplinarios carentes de fundamento legal y desarrollando campañas de difamación contra los compañeros estudiantes.
El ataque más reciente lo realizaron las autoridades a finales de enero, a través de un comunicado en el que culpan a los estudiantes de fallas en el sistema informático del Campus, dañado el 29 de enero por fuertes vientos. Según el CSU, los estudiantes negaron el ingreso a los edificios a los técnicos que llegaban a reparar los servidores, pero la verdad es que los técnicos sí pudieron entrar a hacer las reparaciones necesarias, al igual que se permitió entrar anteriormente a trabajadores para realizar trámites referentes a la emisión títulos para estudiantes graduados.
El 1 de febrero el Colectivo Estudiantil Universitario (CEU) divulgó un comunicado dando a conocer el retiro de sus miembros de los edificios tomados, dejando como opción personal el continuar brindando asesoría a quienes siguen siendo parte del proceso de toma.
Las tomas de edificios o instalaciones universitarias como parte de las luchas estudiantiles son una acción táctica que debe tener corta duración; principalmente porque corren el riesgo de aislarse de las bases estudiantiles en cuyo nombre se realiza la acción, pues mientras un pequeño grupo de avanzada permanece en el interior, el grueso del estudiantado es obligado a marcharse a sus casas. Esta situación la vivimos en la toma del campus en 2010, en la del edificio de Rectoría en 2013 y nuevamente en la toma del campus en 2019. Y la experiencia es que las autoridades universitarias siempre logran organizar los cursos y actividades al margen y a pesar de la acción de protesta de los estudiantes que ocupan los edificios e instalaciones, lo que les da amplio margen de maniobra para derrotar la toma por cansancio.
La actual toma de edificios se dio en el marco excepcional de dispersión del estudiantado a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, que los obligó a continuar sus cursos de forma virtual en sus hogares. Esto hacía aún más imperante la solución rápida de la toma, o que fuera una acción tipo escaramuza sumamente limitada en el tiempo. Pero resultó lo contrario; luego de 5 meses el aislamiento con respecto de las bases es total.
Las y los compañeros en los edificios ni siquiera pueden responder ya por la integridad de los bienes contenidos en su interior, pues en dos ocasiones han ingresado agentes del Ministerio Público. Una el 30 de diciembre en que la Fiscalía Especial contra la Impunidad realizó un allanamiento en relación con la investigación de un caso de corrupción en que está implicado el exrector Estuardo Gálvez; y otro llevado a cabo por la Fiscalía de Distrito Metropolitano el 15 de enero, tras una denuncia de las autoridades de la Usac para el reconocimiento e inspección del estado de los sistemas informáticos y registros universitarios que se encuentran en los edificios.
Invitamos a las compañeras y compañeros que mantienen la toma a discutir el abandono de la misma en las mejores condiciones posibles. La situación actual del estudiantado sancarlista es precaria y hay muchas dificultades para seguir los cursos en línea; la lucha debe continuar, pero tomando las medidas para garantizar la participación real y efectiva de las bases estudiantiles, como realizar reuniones y foros virtuales y pequeñas reuniones presenciales. Estas bases son la verdadera razón de ser de los colectivos estudiantiles, y su participación es esencial.
