Por Armando Tezucún
Desde hace varias semanas la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, ha entrado a una grave situación de parálisis, que mantiene detenida la toma de decisiones sobre varios casos importantes que sus integrantes deben conocer. La ausencia de tres de los magistrados de la CC, y la no elección de sus sustitutos, tiene dividido al mundillo político del país, en cuanto a si la corte puede integrarse o no sin ellos, y las posturas reflejan por supuesto diversos intereses; los mismos magistrados en ejercicio de sus cargos no logran ponerse de acuerdo en el tema.
En el año 2018, María Consuelo Porras, magistrada suplente electa por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejó su cargo al ser nombrada jefa del Ministerio Público por el entonces presidente Jimmy Morales, quedando sin reemplazo desde ese año. En julio de 2018 la CSJ nombró como magistrado suplente en sustitución de Porras a Conrado Reyes, pero esta decisión fue revocada por la CC dando curso a un amparo que recordaba que Reyes fue señalado en 2010 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de estar involucrado en estructuras criminales de abogados que hacían adopciones ilegales y narcotráfico. El 25 de septiembre recién pasado la CC dictó la suspensión definitiva del nombramiento de Reyes, quedando vacante el cargo.
En septiembre falleció el magistrado titular Bonerge Mejía, nombrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); este cuerpo aún no ha decidido cómo procederá a elegir su reemplazo, en vista de las dificultades presentadas por la emergencia sanitaria para efectuar reuniones. Ha sido sustituido temporalmente por su suplente María Cristina Fernández. Desde el 9 de julio el magistrado titular Neftaly Aldana se encuentra gravemente enfermo e imposibilitado de asumir sus responsabilidades; Aldana fue electo por la CSJ, y su suplente era María Consuelo Porras, la actual Fiscal General. La CSJ debería nombrar a un nuevo magistrado titular y un nuevo suplente, pero la CC primero debe decidir si la gravedad del estado de salud de Aldana amerita que se declare vacante su puesto o no.
En ausencia de estos tres magistrados, la CC aún puede reunirse, pues un pleno ordinario necesita la presencia de cinco de ellos, y para conocer inconstitucionalidades el pleno debe reunir siete integrantes, que se pueden completar con los suplentes. El nudo del problema es que los magistrados de la CC han estado divididos en dos bloques. Un grupo que respaldó las decisiones de la CICIG, han detenido procesos impulsados por los sectores más corruptos del Congreso y el ejecutivo y han tomado decisiones en defensa del Estado de Derecho; entre ellos están la actual presidenta de la CC, la titular Gloria Porras, el titular Francisco Mata, el titular fallecido Bonerge Mejía y el convaleciente titular Neftaly Aldana. Ellos han sido objeto de ataques de parte de los grupos de derecha del Congreso y la CSJ, y sus decisiones ignoradas por el expresidente Jimmy Morales. El otro grupo ha manifestado afinidad por el expresidente Morales y el actual mandatario Giammattei, así como por los sectores de derecha del Congreso y la sociedad civil; en este bando se encuentran la titular Dina Ochoa y los suplentes Henry Comte y María de los Ángeles Araujo.
Con la ausencia de tres magistrados el equilibrio de poder se ha roto en la CC, y el nombramiento de sus reemplazos es ahora clave para que esta corte se ponga del lado de los poderes corruptos y de extrema derecha, incluso seis meses antes de que los actuales magistrados dejen sus cargos en 2021. La CSJ, controlada por los intereses más oscuros y antidemocráticos, debe nombrar a un magistrado suplente y un titular (si Aldana es suspendido de su cargo por enfermedad); y el CANG, nido de intereses dudosos de todo tipo, debe nombrar un titular.
Por ahora los conflictos se centran en la decisión sobre el cargo de Aldana. El grupo de Ochoa, Comte y Araujo sostiene que la CC no puede sesionar si no se toma una decisión al respecto; las cámaras empresariales de azucareros, industriales y agroexportadores presionan en ese sentido y lo mismo opina el presidente Giammattei.
La complicada situación de la CC refleja el defectuoso sistema de elección de magistrados en el Estado guatemalteco, que permite que sea penetrado por los intereses del gran capital y los poderes del crimen organizado. Por ello nuestra propuesta es que los funcionarios de la CC, así como los de la CSJ y Cortes de Apelación sean electos democráticamente por el pueblo, mediante voto libre y directo; de igual manera, deben poder ser destituidos y revocados en cualquier momento por decisión popular, en casos actos de corrupción comprobados.
