Por Leonardo Ixim
En las últimas semanas, el Colectivo de Estudiantes Universitarios (CEU), el Frente Estudiantil Robín García (FERG), junto a colectivos estudiantiles organizados del campus central de la Universidad San Carlos (USAC) y de varios centros regionales de la universidad, han realizado varias acciones de protesta. Esto, ante la negativa del Consejo Superior Universitario (CSU) órgano de dirección y administración de la universidad, a iniciar un diálogo serio sobre el destino de fondos vitales para el desarrollo académico del alma mater.
Entre las acciones importantes, ha habido piquetes y tomas de calles en frente del Congreso de la República, donde los diputados se aprestaban a aprobar las modificaciones al préstamo por Q120 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobado en marzo de 2019 por el Organismo Legislativo (Decreto 3-2019).
A pedido del rector Murphy Paiz Olimpo, el convenio con el Bcie se ha modificado. Pese a la suspicacia inicial y cuestionamientos de algunos congresistas, la mayoría de bancadas se prestan a las intenciones no muy claras de la burocracia administrativa que dirige la U, que desea la aprobación de estas modificaciones para disponer a su antojo del destino de los fondos. Para eso se derogó el artículo cinco del decreto en mención, por medio del Proyecto de Ley 5814. Se está a la espera de su aprobación total, la cual tiene debe pasar tres lecturas, habiendo sido aprobada por el momento en primera lectura.
Sobre las acciones de hecho
Ante esta situación, estos colectivos estudiantiles tomaron el 10 de septiembre el edificio de rectoría ubicado en el campus central, al sur de la Ciudad de Guatemala; y recientemente estudiantes procedentes de centros universitarios de otros departamentos tomaron el edificio de la Dirección General de Administración (DIGA), una costosa obra ubicada también en el campus central. Allí los compañeros fueron agredidos por guardias de seguridad, que tuvieron el respaldo de algunos trabajadores, quienes manifiestan sus intereses erróneamente plegados con la burocracia y no el estudiantado.
Por supuesto -y esta es una opinión que siempre hemos manifestado sobre las tomas- estas son acciones defensivas, las cuales deben generar cierta acumulación y pasar a otras tácticas de lucha. Pero, en las condiciones actuales de una casi total inactividad en la universidad, debido a la pandemia, la táctica en mención tiende a un mayor desgaste; por ejemplo, no hay estudiantes a quien comunicar las demandas
Los colectivos nacen del seno estudiantil y su fundamento es el estudiantado. Pero lo que se observa en ellos y en la misma Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) -que además ha tomado una postura confusa sobre el préstamo-, es que no existe una conexión real con el sentir estudiantil. Por supuesto que se alega (y es real esta situación) el adormecimiento de las y los estudiantes, sin embargo, la gran tarea es vincularse a las necesidades concretas, las cuales parten de lo académico En este caso, en que se cuestiona el uso de los fondos producto de este préstamo, el problema se cierne a cuánto se destinará para la inversión y al funcionamiento, para operativizar los tres pilares de la universidad: docencia, extensión e investigación.
Al final, el CSU envió el pasado 18 de septiembre a dos funcionarias a dialogar, pero éstas mostraron una actitud prepotente y parecían no tener fuerza para asumir decisiones. Las y los estudiantes exigen que el rector de la cara, mientras este se esconde en sus funcionarios de segundo nivel, por ende, la toma sigue, con las consecuencias señaladas anteriormente.
El CSU por su parte, manipuló la información diciendo que en las instalaciones de la DIGA se encontraban unos tanques de oxígeno destinados a pacientes de COVID-19 (un lugar no adecuado para mantenerlos) y que los estudiantes se negaban a entregarlos. Esta situación fue desmentida por los colectivos, quienes no obstruyeron el uso de los tanques.
Por otro lado, las autoridades desinforman en torno a equiparar dos acciones distintas: una, la solicitud de información que está respaldada en la Ley de Acceso a la Información, la cual los colectivos estudiantiles solicitaron con respecto a la forma de ejecución del préstamo; con la acción de protesta como es la toma de edificios. Además, amenazan con el uso de protocolos represivos en el marco una comisión creada supuestamente para dialogar, haciendo un burdo llamado en ese sentido, sin garantizar que no se tomarán represalias contra las y los estudiantes que protagonizan las tomas.
Las políticas en torno al préstamo
La naturaleza de este préstamo, como ya escribimos en el número pasado, denominado “Tercera Etapa de Programa de Inversión, Infraestructura, Maquinaria y Equipo”, tiene un desglose mayor para infraestructura, el cual se usará sobre todo para construcción y con ello, hace su aparición el negocio de empresas ligadas a funcionarios de la burocracia universitaria. Además de un mayor aporte a las funciones administrativas, asignándoles a la DIGA el porcentaje mayoritario, por encima de las direcciones de docencia, extensión e investigación, cuyo eje central es la inversión para mejoras académicas
Por otro lado, con las reformas al artículo mencionado, la asignación se concentra en las facultades quienes históricamente han sido las más beneficiadas de la universidad, en detrimento de las escuelas no facultativas -en su mayoría de ciencias sociales- y los Centros Universitarios ubicados en diversos departamentos, a los cuales apenas se destina el 33 por ciento; para el de San Marcos y el de Quetzaltenango (los mas grandes) se destina una mayor asignación (María Armas, Revista de Centroamérica, numero 4; agosto-septiembre de 2020). Este tipo de unidades académicas no tienen representación en el gobierno universitario, es decir el CSU, a diferencia de las facultades, que sí están representadas.
La política seguida por los colectivos estudiantiles, de carácter principista, ha sido cuestionar el endeudamiento, y el hecho de que el Consejo Superior Universitario no exige al gobierno el 5 % de los ingresos fiscales, que le corresponde a la universidad pública según el artículo 81 de la Constitución Política. Sin embargo, dada la correlación de fuerzas, el CEU y los demás colectivos han planteado además que, de aprobarse el préstamo, no se derogue el articulo 5 en mención, relacionado a la descentralización de la ejecución; así como el destino para los centros universitarios departamentales de no menos del 55 % y a las escuelas no facultativas el 14 %. En respaldo a estas peticiones se han sumado colectivos estudiantiles de los centros de El Progreso, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chiquimula, El Petén, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Jalapa y el Instituto Tecnológico del Sur.
Por su parte, el Secretariado General de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) asume la postura de crear un marco de negociación para promover la descentralización una vez aprobadas las reformas del préstamo, a diferencia del CEU y los colectivos departamentales, quienes abogan por que, en caso de que sea aprobado, se mantenga el Plan Global de Inversiones original donde se prioriza una mejor asignación de fondos a los departamentos y las escuelas no facultativas. AEU tampoco logra concitar la participación de los entes representativos estudiantiles de los centros universitarios departamentales.
Por último, para el CEU, FERG y los demás colectivos, es vital la derogación del articulo ocho del decreto que reforma el préstamo, porque busca condicionar la ejecución de los fondos al proceso de reforma universitaria, proceso que, por su parte, esta empantanado en una serie de mecanismos poco participativos. La reforma universitaria, de implementarse tal como está, sería la oportunidad para los actores que pretenden continuar con el proceso de privatización de la universidad estatal. Además, otro de los factores en torno a exigir la derogatoria de ese artículo, es el hecho de que implica una interferencia y violación a la autonomía universitaria.
Construir alianzas para la lucha
La lucha emprendida por los colectivos es fundamental para garantizar el derecho a la educación pública superior y poner límites a la intención de privatizarla, lo cual se refleja entre otras cosas, en la usurpación de la burocracia administrativa. Esta lastimosamente existe por los privilegios excesivos que se generan en los estamentos docentes y profesionales.
Por otro lado, son los elementos conscientes del estudiantado, junto a actores en los otros sectores, quienes deben promover el derecho a la educación superior. Para ese cometido es importante lograr que el estudiantado intervenga en estos procesos políticos y la única forma de lograrlo es vincular en tales procesos de lucha sus necesidades propias del proceso de enseñanza, con el quehacer de la investigación científica y la incidencia en las condiciones sociales. En la actual coyuntura el principal obstáculo a vencer es la dispersión y atomización a que han sido obligados los estudiantes al haber sido suspendidas las clases presenciales debido a la emergencia sanitaria. Los colectivos estudiantiles, que agrupan a los elementos más conscientes, deben ser creativos en idear estrategias para comunicarse y convocar a sus compañeros de base que tienen vedado el acceso al campus y las aulas.
En ese sentido es importante también explicar a los sindicatos universitarios, a las organizaciones populares y a los partidos de izquierda, el por qué esta lucha es legítima, ya que parece existir un sesgo equivocado de estas, hacia la lucha legitima de los colectivos; con alegatos increíbles de personajes de izquierda, las cuales caen en el fetichismo legalista, sin duda el reflejo del reformismo. Nosotros por otra parte, apoyamos totalmente estas justas demandas.
