Por Leonardo Ixim

La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes, a lo cual se suma una crisis económica escalando todas las consecuencias posibles, en sus efectos para el mismo sistema mundo capitalista, pero sobre todo para el proletariado mundial.

La recesión, el estancamiento, el desempleo, el aumento de la informalidad, el aumento de la pobreza y miseria, en fin la destrucción de las fuerzas productivas, es una amenaza que se cierne sobre la clase trabajadora; si bien el mismo capitalismo resulta afectado, como en cualquier crisis y más una como esta, habrá grandes ganadores provocando una cartelización y centralización del capital a escalas inimaginables, donde los más beneficiados provendrán del imperialismo emergente chino, aunque no solo.

Esta destrucción de las fuerzas productivas, que ha ocurrido solo en las guerras, afectará a la población trabajadora, como las miles de muertes que este virus está generando y el riesgo de que las curvas de mortandad sigan creciendo. Esta cara de la moneda va acompañada de otra, el fortalecimiento de políticas y medidas autoritarias de toda índole. Por lo menos en Centroamérica, de una bonapartización de los regímenes políticos de democracia representativa, construidos al finalizar la guerra civil centroamericana como una forma de reacción democrática para parar la agudización de la lucha de clases en la región en la década de los ochenta.

Esto se vislumbraba -los resquicios autoritarios del régimen siempre existieron y no solo eran pequeñas ventanas sino su misma esencia- por lo menos en los dos últimos gobiernos, el de Otto Pérez Molina y el de Jimmy Morales Cabrera colmados de ex militares y burócratas crecidos al amparo del ejército, con la venia de los capitales oligárquicos más concentrados, continuando con el de Alejandro Giammattei, el mismo acusado de ejecuciones extrajudiciales cuando fue funcionario del gobierno de la Oscar Berger. 

Esta crisis, con las medidas, algunas necesarias, de distanciamiento social y de suspensión de concentraciones y espacios públicos, va acompañada de acciones represivas como estados de sitio, toques de queda, abuso de autoridad, prohibición de libre locomoción, entre otras medidas mas. Todo esto mientras los grandes empresarios obligan a los trabajadores a laborar y exponerse a posibles focos de infección, y el gobierno se rasga las vestiduras con discursos moral-religiosos de asumir la cuarentena, suspendiendo las actividades de semana santa, cerrando playas y prohibiendo procesiones y cultos cristianos.

En el Congreso de la Republica por otra parte, se modifica la correlación de fuerzas en parte por necesidad y en parte por oportunismo. De una situación -recordemos que esta legislatura acaba de iniciar- por el control de este organismo del Estado donde se vislumbraban dos grandes bloques,  el partido oficialista VAMOS y las bancadas aliadas, partidos de orientación conservadora por un lado;  por el otro la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) acompañado de partidos progresistas y de centro, y pegados con chicle la izquierda (es decir URNG y Winak), a excepción del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) que en todo esta situación,  debido a la enfermedad de su única diputada, ha estado ausente.

Así, en ciertas iniciativas como votar por unos cuestionables magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, o por una ampliación presupuestaria de Q11 mil millones en programas sociales para sectores vulnerables y transferencias de ingresos para la mayoría de la economía informal se votó al unísono. Sobre esto es importante recalcar que fue una afrenta a los lineamientos neoliberales, porque el gobierno emitirá bonos que comprará el Banco de Guatemala (el banco central estatal), pero no se observó las formas de dónde éste sacará la plata, ni la forma en que el gobierno tendrá recursos para pagar, y para ello necesitará hacer ajustes de tipo fiscal.

Por otro lado, se aprobó un endeudamiento masivo por Q7 mil millones -donde por lo menos Q5 mil millones son endeudamiento con la banca privada y resto con bancos multilaterales para gastos de funcionamiento del Estado-, donde la izquierda se ausentó del hemiciclo, y otros partidos como Semilla si votaron aduciendo que son recursos para mejorar el sistema público de salud con estos préstamos.

A lo que vamos con todo esto es que las fuerzas de izquierda, aunque minoritarias, no hacen una oposición real, se suman a algunas buenas intenciones, no convocan a los sectores sociales afectados y no promueven medidas reales para el pueblo como leyes para evitar los despidos o formas de agenciarse recursos, por ejemplo, con impuestos los grandes monopolios como la banca o las empresas privatizadas que proveen servicios, por ejemplo. Mientras que el movimiento social permanece disperso y sin una propuesta unificadora.