Por Juan Arellano

El frente de diputados que representan a los partidos de extrema derecha, conocido por los medios como “Pacto de Corruptos” está fraguando un nuevo ataque contra los derechos del pueblo guatemalteco. Se trata de la iniciativa 5272, que propone aprobar la Ley  para la Protección de la Vida y la Familia.

Este proyecto de ley fue presentado al legislativo en abril de 2017 por el diputado Aníbal Rojas, del partido Visión con Valores (Viva), quien fue presidente de la Comisión de la Mujer del Congreso, y un grupo de diputados autodenominados “Provida”;  recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República el 7 de junio de 2018. Ese mismo año fue aprobada por el pleno de diputados en primera y segunda lectura, entre mediados y finales de agosto; el 29  y 30 agosto fue planteada en la agenda de la sesión plenaria para ser aprobada en tercera lectura, aprobación por artículos y redacción final, pero ambas sesiones fueron suspendidas por falta de quórum una y por una manifestación de maestros la otra. A partir de septiembre la iniciativa 5272 desapareció de la agenda del pleno, probablemente por el agravamiento de la crisis política provocada por el conflicto entre el gobierno de Jimmy Morales y la CICIG.

El presente año, en plena campaña electoral, los diputados de extrema derecha desengavetaron el proyecto y lograron que su aprobación en tercera lectura figurara en la agenda del pleno el 1 de mayo. Representantes de organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual se hicieron presentes frente al Congreso para presionar contra su aprobación, y finalmente la sesión no se realizó por falta de quórum.

Sin duda la  iniciativa estará agendada en las próximas sesiones del plenario, ya que los diputados ultraderechistas están más que dispuestos a sacrificar los derechos de las niñas y mujeres, de los jóvenes y de la comunidad LGTBIQ con tal de ganar el voto de los grupos religiosos más conservadores, evangélicos y católicos, para la elección de los candidatos de sus partidos. Así lo reconoció descaradamente el diputado del Partido de Avanzada Nacional Fernando Linares Beltranena: “Totalmente. Creo que es mejor que salga en época electoral, porque entonces se pintan los candidatos si están a favor de la vida y a la educación sexual, de acuerdo con el sexo con que nacieron los niños o si están a favor de toda esta moda perversa que tiene que ver con el cambio de sexo y promoción de la homosexualidad” (Prensa Libre 2/05/19).

La iniciativa 5272 propone aumentar las penas vinculadas con el aborto, modificar figuras penales relacionadas con el mismo, definir la familia y el matrimonio (básicamente según criterios religiosos) y prohibir derechos a la comunidad LGTBIQ. Propone como su objeto “la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres a educar y orientar a sus hijos y formarlos en el ámbito de la sexualidad” (1528753491_Dictamen 5272.pdf.Sitio web del Congreso de la República)-

El resultado es altamente discriminatorio, pues define la familia como formada por el padre, la madre y los hijos, dejando por fuera la enorme cantidad de núcleos familiares integrados por la madre y sus hijos, y todas las variantes muy frecuentes donde está ausente uno de los cónyuges. Esto además de prohibir el derecho de los homosexuales a constituir familias.

En el caso del aborto, además de proponer la elevación de penas por diversos tipos de abortos, reforma el artículo 139 del Código Penal, instituyendo la penalización del aborto culposo; éste es el que resulta de un accidente involuntario, que actualmente no es punible. La iniciativa propone penas de dos a cuatro años, lo que injustamente castigaría a la gran cantidad de mujeres que sufren abortos espontáneos, por accidente e involuntarios.

El artículo 15 elimina automáticamente de las escuelas e institutos el tema de la educación sexual, dejándola en manos de los padres y madres, quienes muchas veces son ellos mismos presa de prejuicios e ignorancia en temas de sexualidad.

Finalmente atenta contra la libertad de expresión, pues define la  libertad de conciencia y expresión como la no obligatoriedad de aceptar como normales las conductas no heterosexuales, y declara que ninguna persona podrá ser perseguida por no aceptar como normal la diversidad y la ideología de género. Cuando es totalmente lo contrario; los miembros de la diversidad y el movimiento feminista son continuamente hostigados y discriminados.

Llamamos a las organizaciones sindicales y campesinas a hacer frente común con los grupos feministas y de la diversidad sexual para oponernos a esta ley retrógrada y nefasta.