Por Leonardo Ixim

Está por iniciar la campaña electoral, que según las últimas reformas electorales aprobadas en 2016, se realizará en la segunda parte del proceso electoral, desde el 16 de marzo hasta 36 horas antes del evento electoral. Según estas nuevas reformas el proceso se divide en tres partes, la primera desde febrero hasta el 16 de marzo, que es para la nominación e inscripción de candidatos; la segunda, la campaña electoral de tres meses de duración; y la tercera, el evento electoral  y el cómputo de los resultados.

Pero previo a la campaña electoral, diversos partidos, en su mayoría burgueses y conservadores, han llenado de vallas publicitarias las principales arterias y carreteras del país bajo una campaña de afiliación promocionando la imagen de sus  partidos.

En la Ley Electoral y de Partidos Políticos se hace una distinción entre campaña de afiliación y campaña electoral. La primera es una actividad constante para cualquier organización política y consiste además de promocionar la imagen del partido, en presentar las propuestas, posicionamiento y los programas políticos, es decir su posicionamiento ideológico y político ante problemáticas del país. En la campaña electoral se posiciona la imagen de los candidatos y se presentan los planes gubernamentales.

Esta distinción entre afiliación y política por un lado y campaña electoral y gobierno por el otro, no está clara y aunque define qué es cada uno de estos términos, genera confusión o vacíos legales que los partidos aprovechan.  Por ejemplo, la campaña de vallas en términos estrictos no esta fuera ley, pero la promoción de la imagen del partido debería ser regulada en la forma en que se realiza, pues tal campaña de afiliación partidaria mañosamente apareció previamente de la campaña electoral.

Por otro lado las distinciones entre propuesta, programa y posicionamiento político por un lado y plan de gobierno tiene el objeto de  crear un verdadero  sistema de partidos políticos que rebasen  el plano electoral; siendo el ejercicio de afiliación y la promoción ideológica y programática una función natural. Pero como el objeto de armar organizaciones partidarias esta marcado por lo electoral, con el fin de que una nueva camarilla de oportunistas ocupen cargos políticos para defender los intereses de la burguesía, los partidos amañan la misma ley bajo una óptica mercantilista,  realizando primero la afiliación y luego la promoción de candidatos. 

Desde el marxismo sabemos que esta distinción entre política y elecciones es ilusoria. Porque promocionar la imagen partidaria, así como el programa de un partido es la base para sintetizarlo en un plan de gobierno, y como los distintos partidos representan camarillas que buscan mantenerse o ser parte de la casta de politiqueros, ninguno de los partidos que participan -la izquierda es un tema aparte- son una opción para el proletariado y los pueblos de Guatemala.

Nuevos Casos de Financiamiento Ilícito

A partir de enero, también en vísperas del inicio de la campaña electoral, las Fiscalías de Delitos Electorales  y Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Publico (MP)  han dado a conocer ante los medios de comunicación diversos hechos relacionados de casos de financiamiento ilícito del proceso electoral de 2015, contra diversos partidos políticos de la contienda electoral actual. Lo curioso fue que se inició con el partido Encuentro Por Guatemala, que hasta hace unas semanas iba ser el vehículo que postulara a la ex fiscal Thelma Aldana.

De tal forma que la Comisión Internacional Contra la Impunidad junto a la Fiscalía de Delitos Electorales, presentaron pruebas que  llevaron a una jueza pesquisidora a quitarle la inmunidad con que goza la sempiterna secretaria general de ese partido y permanente diputada Nineth Montenegro, por no entregar en el plazo correspondiente a la Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el reporte del origen de Q1 millón 748 mil 232 que este partido recibió en 2015, consistiendo en donaciones que la empresa Maximum Financial and Investments Services aportó a través de la entidad Yeyo, S.A., por el arrendamiento de seis pasarelas digitales para su campaña (Prensa Libre 10-01-19). Lo paradójico del caso es que el candidato a presidente será  Manfredo Marroquín, ex director de la ONG Acción Ciudadana, entidad que se especializa en la lucha contra la corrupción y que es parte de la red mundial Transparencia Internacional financiada con recursos del Departamento de Estado y que es la punta de lanza de política gringa contra gobiernos molestos para sus intereses.

En ese momento la agrupación Plataforma Ciudadana, formada por Aldana y otras figuras cercanas a ella durante su gestión al frente del MP, y de un sector de empresarios cercanos al dueño del vespertino La Hora, Oscar Clemente Marroquín junto a políticos provenientes del extinto partido de extrema derecha Movimiento de Liberación Nacional, mostraron su apoyo a Montenegro y denunciaron que era una forma bloquear la candidatura de Aldana. Ésta por su parte desechó a Encuentro por Guatemala y se decantó por el Movimiento Semilla.

La extrema derecha ataca a Thelma Aldana

Aldana a su vez, es señalada de malversación en la construcción de un edificio que supuestamente albergaría instalaciones del MP durante su gestión al frente de tal instancia y que quedó a medias. A ella los políticos de extrema derecha dirigidos por Fernando Linares Beltranena y Oscar Azmitia del Congreso le montaron una comisión legislativa para investigar la construcción de tal obra quedándose en un show, pero dejando en el ambiente los posibles actos de corrupción de la ex fiscal general. Por su parte la investigación penal fue frenada por el amparo que le otorgó un juzgado civil a Aldana.

Esta fiscalía también presentó pruebas contra el diputado Felipe Alejos del partido Todos -partido formado por el tío de este, Gustavo y que fue una escisión de la Unidad Nacional de la Esperanza- por delitos de financiamiento ilícito. Alejos, quien le quitó el partido a su tío, tenía ya un proceso de antejuicio que está estancado tras la decisión de un juez pesquisidor, y refrendada por la Corte Suprema de Justicia por el caso Tráfico de Influencias.

En este otro proceso, el partido Todos ya ha sido sancionado por el Registro de Ciudadanos del TSE por un monto de $US 70 mil, señalando directamente al secretario general de esa agrupación Felipe Alejos, por diversos hallazgos de la campaña de 2015, relacionados a: deudas con la empresa de cable Tigo Star, otras por pago de alquiler de oficinas, por pago por vallas publicitarias; aportes dinerarios y no dinerarios por Q11,765,288.39, superando al limite de ley para aportaciones individuales de $US 10 mil; también por aportes anónimos por Q359 mil 733.72.  Además de donaciones de medios de comunicación sin soporte documental como FM Maya S.A. por Q12,500 para el candidato a diputado Juan Emilio Colmenares González y Vea Canal S.A. por Q2,156,000.00 para la campaña del diputado Juan Ramón Lau (Prensa Libre 04-02-19).

Sandra Torres y la UNE acusados de financiamiento ilícito

La UNE por su parte, ya tenia un proceso penal, responsabilizando al en ese entonces secretario general Orlando Blanco y un proceso de cancelación en el TSE, pero posteriormente el juez Mynor Moto decretó falta de méritos contra Blanco. Tiene además otro proceso donde se señala directamente a la actual candidata Sandra Torres; la FECI pidió  el retiro de la inmunidad -derecho que se otorga a todo candidato a cargo de elección- junto a otros diputados por ese partido, señalando  también al candidato a vicepresidente en 2015 el empresario azucarero Mario Leal.

Salen involucradas empresas con un historial de operaciones mercantiles reales, pero que  habrían captado fondos de otras de cartón, constituidas para la recepción de los recursos. Los hechos consisten en que al menos Q3.4 millones, fruto de  coimas cobradas por Leal Castillo, fueron destinados a la campaña de 2015; se apunta a las empresas Maariv, S. A., y Promotora de Recursos Habitacionales, S. A., que fueron utilizadas para canalizar esos recursos. El dinero por su parte habría salido de Ingeniería Integral, S. A., una empresa de Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo del operador externo del caso La Línea, Giovanni Marroquín Navas (Prensa Libre 07-02-19).

Ante las acusaciones contra Torres, ésta reaccionó furibundamente, denunciando la existencia de un plan urdido a favor de Aldana para allanarle el camino presidencial, mencionando al responsable de la FECI Juan Carlos Sandoval de ser parte de tal plan. Ese discurso ya ha sido promovido por sectores de extrema derecha y por el mismo presidente.

Por su parte existen otras investigaciones contra los partidos PAN, UCN, URNG, Winaq y VIVA. Y procesos de cancelación contra CREO, PAN, VIVA, UCN, EG y FCN-Nación; esta ultima situación no puede avanzar porque según la ley, una vez convocado el proceso electoral no se puede cancelar ningún partido en la contienda.

Recordemos que sobre el partido gubernamental se ha responsabilizado al actual presidente Jimmy Morales, secretario general en 2015, por recibir fondos sin reportar de los empresarios  Felipe Bosch Gutiérrez, José Guillermo Castillo Villacorta, José Miguel Torrebiarte, José Fraterno Vila Girón y Salvador Paiz del Carmen. En dos veces los partidos aliados al gobierno han detenido en el Congreso la eliminación del antejuicio; los empresarios por su parte fueron beneficiados con medidas sustitutivas para no ir a prisión y en la actualidad afrontan juicio.