Por Leonardo Ixim
El nombramiento de María Consuelo Porras Argueta como nueva jefe del Ministerio Público (MP) por el presidente Jimmy Morales, entre una lista de seis finalistas seleccionados por la Comisión Postulación, generó en varios actores expectativas sobre la continuación de la línea que la saliente fiscal general Thelma Aldana tuvo.
En los últimos años se puso en entredicho la conformación y la labor de esta comisión porque la burguesía tradicional perdió la capacidad de influencia, sobre todo en las universidades privadas más añejas que controlaba. Igual así porque surgieron nuevas facciones burguesas y élites de poder vinculadas muchas al crimen organizado, especialmente a partir del gobierno de Alfonso Portillo, tanto en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en muchas universidades privadas -sobre todo de nuevo cuño- y en la pública Universidad de San Carlos, copándolas. Esto generó preocupación en la sociedad civil y sobre todo, en el Departamento de Estado, que busca reducir la influencia de esas fuerzas.
Al inicio del proceso actual la denominada sociedad civil cuestionó el hecho de que la postuladora priorizara los títulos académicos a la pertinencia institucional y la calidad humana; pese a todo el proceso cumplió en sus formalidades y transparencia en las deliberaciones, siendo seleccionados una serie de ex funcionarios vinculados a la procuración de justicia tanto en las cortes -como el caso de Porras Argueta- como procedentes del MP. Quedaron fuera una serie de personajes señalados por ser cercanos al actual gobierno y haber tenido relaciones con grupos criminales y de poderes fácticos. Es decir, se priorizó a funcionarios -siempre por la observancia del imperialismo- de la institucionalidad burguesa dispuestos hacer cumplir el estado de derecho, para limitar las actividades criminales de grupos tradicionales burgueses o emergentes.
De los seis seleccionados para que el presidente designara, se consideró a Porras como la más cercana a los intereses oficialistas por su matrimonio con un militar de alta que ejerce altos cargos en el ejército cercano al gobernante. Pero el cargo que ejercía como magistrada suplente de la Corte Constitucionalidad y el haber ejercido otros cargos de jueces en el Organismo Judicial, la vuelven una mujer funcional a la institucionalidad burguesa.
Sin embargo el temor está, de que la nueva jefa del MP no siga los pasos de Aldana y su estrecha colaboración con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), sobre todo en casos de alto impacto -situación que fue acompañada en los primeros dos años del gobierno actual por el pasado ministro de gobernación- relacionados a temas de corrupción en obras públicas, financiamiento electoral ilícito, narcotráfico y lavado de activos, etc.; donde la mayoría de casos están ya judicializados y en etapa intermedia. Así como también las investigaciones actuales sobre delitos electorales contra el presidente y su partido.
En 1992, al reformar el Código Procesal Penal, el MP se transformó en el ente encargado de la persecución penal y ejecutar la política criminal estatal; a diferencia de otros países donde los jueces tienen la potestad de investigación, aquí es el MP quien persigue y litiga en los tribunales.
La actual política criminal, por lo menos la aplicada en las últimas tres administraciones de ese ente desde 2009 -pues antes existía una total parcialización e impunidad- está centrada en casos específicos: corrupción, violación a los derechos humanos pasados y crimen organizado de alto nivel. Porras ha dicho que revisará esto, centrándose en otros delitos que aquejan a la población como las extorsiones u otras actividades delictivas de las maras; sea esto demagogia o no, muestra una diferencia. Lo otro, ha sido que el modelo de gestión fiscal basado en la especialización y la medición del desempeño priorizando casos de alto impacto, en otros casos ha habido dificultades por la segmentación de tal modelo en la investigación y litigación, traduciéndose en que en los tribunales no se logra armar los casos. Además, hay molestias de turnos extenuantes de fiscales, sobre todo en fiscalías regionales.
Pese a todos estos dispositivos garantistas, el MP, como toda institución del Estado burgués, perseguirá siempre a los luchadores obreros, indígenas y campesinos, sino que lo digan los criminalizados por fiscales y jueces, o hacia la juventud pobre por delitos menores. Mientras que a empresarios acusados por delitos electorales, ambientales y laborales donde están involucrados, se les trata con guante de seda. Por tanto, las organizaciones populares no deben apostarle como estrategia la presencia de funcionarios probos sino a crear un proyecto revolucionario que transforme el Estado actual.
