Por Leonardo Ixim
La resolución de la Corte de Constitucionalidad, que amparó la continuidad del funcionamiento de las hidroeléctricas Oxec I y II, en el departamento de Alta Verapaz, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detenía su funcionamiento, y la emisión de una guía de parte del gobierno para consultar a las comunidades, supuestamente bajo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con respecto a la implementación de mega-proyectos, ha revivido el debate sobre este tema.
Esta situación corresponde a la naturaleza del modelo neo-colonial y su dimensión extractivista, que enfrenta a los distintos grupos empresariales oligárquicos en alianza con trasnacionales, en contra de comunidades mayas, xinkas y mestizas. En este contexto, la clase trabajadora se encuentra diluida y dividida, entre una minoría que se deja llevar por los cantos de sirena de generación de empleo, y otra que se opone por las consecuencias sociales y ambientales. Este enfrentamiento expone una de las principales contradicciones del capitalismo guatemalteco.
La resolución de la CC obliga al Estado a emitir una normativa para ordenar las consultas que se realizan bajo el amparo del convenio de la OIT. Esto por su parte, viola el espíritu mismo de este convenio, ya que son las propias comunidades indígenas, las que determinan sus formas de consulta. Sin embargo, la realidad es que en las decisiones que éstas han tomado, así como las que en varios municipios han hecho vecinos amparados por el Código Municipal, hay un rotundo rechazo a la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.
El caso de Oxec reviste importancia, pues dichas represas son un negocio del Holding Multinversiones, de los Bosh-Gutiérrez, junto a los dueños del club deportivo español Real Madrid. En el caso de otros emprendimientos, la CSJ ha dado fallos confusos que pueden ser revertidos por la CC. Por ejemplo, con respecto a la Minera San Rafael en el departamento de Jalapa, que ampararon a las comunidades que se oponen su funcionamiento, propiedad de la empresa estadunidense Tahoe Resorcues o la hidroeléctrica en San Mateo Ixtatán en Huehuetenango, de la empresa PDH S.A., donde al diputado por Urng Walter Félix le fue denegado un amparo para detenerla.
En el caso de la Mina San Rafael, sus defensores y representantes llegaron al racismo extremo de mencionar que en las comunidades de varios municipios del departamento de Jalapa, no existía presencia indígena. Esto generó el repudio del Parlamento Xinka, al grado que fueron los únicos que hasta este momento han realizado una acción de protesta masiva, el pasado 21 de julio.
El argumento de dirigentes de las cámaras empresariales, junto a los distintos plumíferos y comentaristas de los medios informativos burgueses, es que estos fallos generan incertidumbre jurídica para sus inversiones. Se pierden 17 mil empleos directos y 85 empleos indirectos y se deja de percibir 5 mil millones en regalías; además de difundir campañas publicitarias en los canales de televisión, donde se muestran como defensores del derecho al trabajo, y de emprender acciones legales contra la resolución de la CSJ sobre la Mina San Rafael ante la CC.
Pero lo cierto, según una nota de La Hora, donde cita a una economista del Icefi, es que esta actividad solo aporta el 0.7 % del PIB, generan 4 mil 800 empleados según datos del Igss. Es baja su contribución en la carga tributaria, contando regalías; según la SAT aportan solo Q 67.4 millones (19 julio).
El Ministerio de Trabajo publicó una guía para realizar las consultas comunitarias, hecho que implicó fuertes cuestionamientos a la titular de esa cartera Leticia Teleguario, una académica maya formada por la Usaid, aduciendo ella que no es un documento que norme la consulta, “sino únicamente un instrumento de orientación” (PL 21 de julio). La desfachatez de los oligarcas se evidenció con las declaraciones de Rudolf Jacobs vice-presidente de la CIG: “las consultas no son para aprobar o improbar proyectos sino solo para lograr consensos con el Estado” (La Hora 8 de agosto); es decir que se pasan por alto los intereses y opiniones de las comunidades. Por su parte Felipe Bosh director de Fundesa -think thank relacionado a los Bosh-Gutiérrez- como buen oligarca de finca, dice que esta guía debe de servir al Congreso para que emita una ley de consulta del convenio en mención.
El diputado Leocadio Juracán, de Convergencia, anunció la creación de una mesa conformada por organizaciones campesinas y comunidades, pero esto debe ser acompañado, como lo hizo el pueblo Xinka con movilizaciones y tomas de carreteras en todo el país, para detener esta imposición del imperialismo y la oligarquía.
