Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Por Leonardo Ixim
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Ya va un año de gobierno de Álvaro Colom, que con una política asistencialista por un lado y de clara protección a los intereses de los grandes capitales nacionales e imperialistas por el otro, reprime y criminaliza la lucha social que resiste a esos intereses con una lista grande de presos políticos, como el líder comunitario Ramiro Choc.
A inicios del periodo del actual gobierno Ramiro fue detenido, con tentativas de asesinarlo, por miembros de la Policía Nacional Civil, acusado de usurpación de tierras en áreas protegidas. Tras su detención los medios de desinformación de la prensa burguesa lanzaron una campaña de desprestigio hacia Ramiro vinculándolo con el narcotráfico.
Choc es líder de la organización campesina Encuentro Comunitario Quen ha abanderado los intereses en defensa de la tierra de los campesinos del municipio de Livingston, departamento de Izabal, en las costas del caribe guatemalteco. Ante la detención Ramiro, las bases de Encuentro Campesino se movilizaron por todo el departamento para exigir su liberación.
Impunidad sobre las comunidades
La situación jurídica del compañero se encuentra parada. La defensa ha pedido que se llame audiencia tras doce meses de prisión de Ramiro. El juzgado por su parte no la hecho; sólo a inicios de noviembre se pidió a las partes que presentaran más pruebas, lo que la defensa hizo. Hasta hora no habido de parte del juzgado respuesta de las pruebas que han presentado.
En marzo del año pasado la policía junto a elementos de la armada del ejército guatemalteco incursionaron en la comunidad de Puntarenas, miembro de Encuentro Campesino, asesinando extrajudicialmente a Mario Caal.
Las investigaciones de parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos señalan la responsabilidad de las fuerzas represivas del Estado por el asesinato de Mario, y las comunidades exigen que haya responsabilidades penales por este crimen. El Ministerio Público no abierto ninguna línea de investigación sobre el asesinato de Caal, no habiendo ninguna responsabilidad penal.
Otra demanda de las comunidades es que se levanten los cargos que pesan sobre siete líderes comunitarios, acusados de terrorismo. Se trató de llegar a acuerdos con el MP sobre esta situación, pues no existen fundamentos para este cargo y éste se lavó las manos diciendo que ellos ya han concluido la investigación y que el caso está en manos del juzgado.
Tras todos estos hechos se realizó una mesa de diálogo en marzo del año pasado entre Encuentro Campesino y diversas instancias del Estado, para tratar estos hechos y la problemática agraria, que es quid del asunto.
La raíz del problema
La causa de esta problemática se encuentra en el problema irresuelto de la tenencia, posesión y propiedad de la tierra y el territorio, concentrado en manos de la clase burguesa agro exportadora en detrimento de los campesinos e indígenas del país.
En el caso específico de Livingston a la lucha de las comunidades aglutinadas en Encuentro Campesino se agrega el establecimiento de áreas protegidas administradas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), que son coadministradas por varias onegs. Junto a eso entran en juego los intereses del capital nacional y extranjero en madera, palma africana, chalet turísticos y de recreo, a quien con impunidad la Conap otorga grandes cantidades de tierras.
Los campesinos que históricamente han vivido conviviendo con la natura son desalojados y sus líderes desaparecidos, asesinados como Mario o detenidos como Ramiro. Sobre estos casos, las órdenes de captura de los líderes comunitarios y la problemática agraria, que registra 10 casos de conflictos sobre propiedad de la tierra, se esperaba en la mesa de dialogo una respuesta de parte del Estado.
Pero tras ocho meses de burlas de parte del gobierno y sus instancias, en octubre los comunitarios se retiran aduciendo ningún avance ante las demandas. Un tema notorio es la firma de una acta donde se compromete que ninguna instancia del Estado (policía, Conap, ejercito, etc.) ni ninguna oneg iba ha estar en áreas de las comunidades. Dicho acuerdo no fue cumplido por el Estado.
Tras doce meses volvemos a exigirle al Estado burgués y represor la liberación inmediata de Ramiro, que se levanten los cargos de terrorismo sobre los compas líderes comunitarios, que vayan a la cárcel los asesinos de Mario Caal y que se resuelva en beneficio de las comunidades los problemas de tierras.
No se puede tener áreas protegidas donde se otorga impunidad a los intereses capitalistas que las depredan. No pueden existir estas áreas si no se respetan los derechos de quienes habitan ahí desde hace mucho tiempo, antes del establecimiento de dichas áreas.