GUATEMALA.- El cierre del proyecto minero en La Puya: un triunfo de la resistencia de la población

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Por Armando Tezucún

A finales de junio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó en definitiva al Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) en la demanda contra Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), por la violación de los derechos de los pobladores al haber autorizado la explotación minera de oro y plata en el lugar conocido como La Puya, sin efectuar una consulta popular que expresara la voluntad de la población. Con ello la CSJ ordenó al MEM anular el expediente que permitía los trabajos de extracción del mineral. Exmingua es subsidiaria de la empresa estadounidense Kappes Cassiday & Associated (KCA).

En noviembre de 2011 el MEM otorgó la licencia de explotación por 25 años a Exmingua, pese a la oposición de los pobladores. Los habitantes de las regiones aledañas (San José del Golfo y San Pedro Ayampuc) organizaron un movimiento de resistencia que ha durado cuatro años, instalando un plantón frente a la entrada de la mina; el motivo es que la minera estaba contaminando los ríos aledaños. La valiente lucha de las compañeras y compañeros enfrentó en varias ocasiones la embestida de la policía y el ejército que acompañaban el ingreso de maquinaria a la mina, y desmantelaron varias veces el plantón con lujo de violencia. En el ínterin la dirigente Yolanda Oquelí sufrió un atentado que la dejó gravemente herida. La Resistencia de La Puya se convirtió en un referente de las luchas populares, ganando la solidaridad de estudiantes, sindicatos, organizaciones campesinas y de derechos humanos.

En agosto de 2014 Calas interpuso un amparo, invocando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al Estado a hacer partícipes a los pueblos indígenas de las decisiones que puedan afectarles. El 11 de noviembre de 2015, la CSJ otorgó el amparo, suspendiendo la licencia de explotación minera hasta que no se realizara una consulta comunitaria; esta decisión se dio a conocer en febrero de 2016. El 6 de mayo la Corte de Constitucionalidad rechazó de forma unánime una apelación de Exmingua y el MEM contra el fallo de la CSJ, reiterando la suspensión de las operaciones de la mina.

Los ministerios de Energía y Minas y de Gobernación, intentaron defender las actividades de Exmingua. Ante la negativa del MEM a ejecutar la decisión de la CSJ, el 2 de marzo la Resistencia de La Puya llegó a las oficinas centrales del ministerio a solicitar una reunión con el ministro Juan Pelayo Castañón, pero no fueron atendidos. A partir de ese día las compañeras y compañeros instalaron un plantón frente al ministerio para exigir el respeto de sus derechos. Este plantón ha sido objeto de agresiones en varias ocasiones por parte de automovilistas desconocidos, pero aún continúa hasta que la mina esté completamente cerrada.

El 9 de marzo en la madrugada un contingente de antimotines de la Policía Nacional Civil y agentes privados de seguridad se presentaron en el sendero que conduce a la mina custodiando vehículos pesados que pretendían ingresar a la empresa. Ante la oposición de la población, se presentó el abogado de la minera quien solicitó la presencia de los jueces de paz de San Pedro Ayampuc y Chinautla, pero éstos dieron la razón a los pobladores al examinar la copia de la resolución de la CSJ.

Después de ser objeto de dos demandas penales por incumplimiento de deberes y desacato a una orden de la CSJ, el ministro Pelayo Castañón renunció a su cargo el 26 de abril, a pesar del respaldo recibido de la Cámara de Industria de Guatemala. El día siguiente se efectuó una reunión a la que acudieron representantes de varios ministerios, la resistencia de la Puya y organismos de derechos humanos. En ella los funcionarios del Estado se comprometieron a garantizar el cese de las actividades de la mina.

Pero la empresa continuó extrayendo mineral, a pesar de los fallos de las cortes, situándose ya en la ilegalidad. En una serie de capturas y allanamientos se descubrió que la minera había acumulado mineral extraído ilegalmente, con un valor estimado de Q 225 millones. El 8 de junio, un juzgado ordenó el arraigo del presidente del consejo administrativo de la mina, y de su gerente general, luego de ser denunciados por los delitos de desobediencia y explotación ilegal de recursos naturales.

La tenacidad, valentía y decisión de los compañeros de La Puya son un ejemplo a seguir para otros sectores populares en lucha. La resistencia ha sido indirectamente favorecida por la peculiar coyuntura política por la que atravesamos, en la cual, por el impulso anti corrupción que viene de la embajada gringa, han adquirido preponderancia el Ministerio Público, la Cicig y otros organismos de justicia, opacando por momentos el poder de los grupos de la oligarquía y el ejecutivo se muestra falto de iniciativas.