Por Armando Tezucún
El programa de reforma a las instituciones del Estado y combate a la corrupción impuesto por Estados Unidos como condición para implementar el Plan Alianza Para la Prosperidad, marcha viento en popa. Mientras la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) continúan capturando y procesando funcionarios involucrados en actos de corrupción, el Congreso de la República ha tomado la batuta en la reforma del Estado.
Así, con la venia de la embajada gringa, el nuevo Congreso ha desarrollado durante poco más de un mes de estar en funciones, una inusitada actividad. Antes de cumplir el mes los diputados habían aprobado 17 decretos, la misma cantidad que en todo el año pasado.
El nuevo presidente del Congreso, Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), inició el cambio en el legislativo dando a conocer el listado de sueldos de trabajadores y la cantidades de asesores contratados por los partidos, causando revuelo en los medios y en la opinión pública. Taracena llegó a la presidencia gracias a una alianza entre la UNE (que ganó el bloque minoritario más importante del Congreso), el bloque Reformador (formado por disidentes del Partido Patriota), el partido Todos, las bancadas de la Unión del Cambio Nacional, Creo-unionistas, Visión con Valores y algunos diputados independientes. Fuera del acuerdo quedaron el partido Lider y el oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación.
En su discurso de toma de posesión como presidente del Congreso, Taracena esbozó la agenda de reformas al Estado, planteando un lineamiento más claro que la vaga y demagógica arenga pronunciada por el nuevo presidente Jimmy Morales. Prometió limpiar la corrupción administrativa del Legislativo y reformar la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Servicio Civil, la Ley del Organismo Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Esta agenda ha sido puesta en marcha, y en el ínterin se ha desarrollado una pugna entre los diputados del partido de gobierno FCN-Nación y las bancadas que controlan la Junta Directiva, en especial la de la UNE. El partido oficial no solo fue excluido de la dirección del Congreso, sino que no logró la presidencia de ninguna de las 52 comisiones legislativas. Esto es grave para el gobierno de Jimmy Morales, ya que no contaría con el apoyo legislativo necesario para sus propuestas.
En los primeros días de febrero fueron aprobados los cambios a la Ley Orgánica del Congreso. Entre las nuevas disposiciones, se restringe y penaliza el transfuguismo, es decir la costumbre de los diputados de cambiarse a una bancada distinta de la del partido con el que fueron electos. Los cambios a la ley entrarán en vigencia un mes después de que sea publicada, y ello provocó una estampida de diputados que cambiaron de bancada horas después de aprobados los cambios. 11 diputados pusieron sus cartas de renuncia, de ellos 8 se pasaron al oficial FCN-Nación.
El presidente Morales y su partido fueron ampliamente criticados por incumplir la promesa de campaña de no aceptar diputados tránsfugas. Javier Hernández, jefe de bancada del FCN-Nación se defendió diciendo que la promesa la hizo Morales, no él, y que la bancada necesita crecer numéricamente; Morales se sacudió el bulto diciendo que como presidente él ya no trabaja con una bancada, sino con el conjunto del Congreso y además representa la nación. La fuga de diputados hacia el partido oficial ha continuado, animada por ofrecimientos y prebendas, y para el 19 de febrero, la bancada del FCN-Nación ya sumaba 30 diputados, igualando a la UNE; con los disidentes, la bancada oficial ganó la presidencia de siete comisiones legislativas.
El fortalecimiento de la bancada oficial resulta peligroso por las leyes que se encuentran en discusión. La Ley de Desarrollo Rural ya fue enviada de nuevo a comisión, al igual que la Ley Nacional de Juventud. La Corte de Constitucionalidad envió al Congreso el 15 de febrero los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tendrán que ser discutidos por los diputados. La bancada del FCN está objetando las reformas a la Ley Orgánica del MP, oponiéndose al artículo que le resta poder al presidente para destituir a la o el Fiscal General y causando falta de quórum; los diputados del FCN propusieron una enmienda a la ley para que el MP necesite la autorización de un juez competente para solicitar la colaboración de entidades públicas en sus investigaciones, lo que evidentemente obstaculizaría la labor del MP. Los militares retirados que se han refugiado en el partido oficial sin duda tratarán, a través del Congreso, de entrampar los juicos por genocidio contra sus ex compañeros de armas.
Ante el fortalecimiento de la extrema derecha del FCN en el Legislativo, las diputadas y diputados de la izquierda (Convergencia, URNG, Winaq), deben formar un frente común con una agenda legislativa que defienda los intereses de los explotados y oprimidos y frene el avance de la derecha.
