Por Armando Tezucún
Desde finales del año pasado los medios de comunicación controlados por la oligarquía, y algunas entidades del Estado, iniciaron una campaña de desprestigio contra los pactos colectivos firmados entre los sindicatos de trabajadores del Estado y sus ministerios o instituciones correspondientes. La finalidad última de esta mal intencionada campaña es culpar a los trabajadores estatales de la crisis financiera por la que atraviesa el Estado desde hace varios años, obviando la histórica negación de la oligarquía a pagar impuestos, la evasión fiscal que legal e ilegalmente realiza el empresariado y la corrupción de los altos funcionarios en el manejo de los fondos públicos. Esta es una política regional que están aplicando las burguesías centroamericanas, para hacer pagar a los trabajadores públicos por la profunda crisis de los Estados, utilizándolos de chivos expiatorios, realizando despidos, disminuyendo sueldos y recortando beneficios sociales.
Como ya hemos comentado, el nuevo presidente Jimmy Morales integró su gabinete y equipo de funcionarios con representantes de la oligarquía, de los grupos burgueses emergentes y peones de la embajada gringa. Como consecuencia, la campaña contra los empleados y sindicatos estatales ha continuado, cada vez con mayor énfasis.
El ataque es encabezado por la Procuradora General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, quien ha declarado perjudiciales para el Estado los pactos colectivos firmados en salud, el Congreso, y el Registro General de la Propiedad.
Los mayores sindicatos del sector estatal son los del área de salud y los de Educación, con decenas de miles de trabajadores afiliados. Las compañeras y compañeros que laboran en estos sectores cumplen funciones de servicio claves para la población, y trabajan en condiciones difíciles, sin presupuesto adecuado, con sus centros de trabajo desabastecidos, con sueldos modestos y en numerosos casos sin estabilidad laboral, pues muchos están sujetos a contratos que han de ser renovados cada año. Otros sindicatos estatales son menos numerosos, y con frecuencia han logrado negociar pactos colectivos que les dan muchas ventajas e incluso salarios muy por encima de los vigentes en el mercado laboral. En estos casos las dirigencias sindicales han obtenido acuerdos con los ministros y directores de instituciones públicas, que sin duda incluyen beneficios para ambas partes, creando grupos privilegiados dentro de los trabajadores del Estado. El caso de los empleados del Congreso de la República destaca dentro de estos últimos; el nuevo presidente del Congreso, Mario Taracena, dio a conocer a finales de enero el listado de salarios, en que secretarias, conserjes, asistentes, contadores, guardias, etc. ganan montos similares a los de los diputados, y que en las empresas privadas corresponden a puestos de alta gerencia. Otros casos similares son los de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (aunque los sindicatos de esta institución negaron la existencia de los sueldos denunciados por la Junta Directiva) y el Registro General de la Propiedad.
Estos casos de sectores estatales que han logrado privilegios, que han implicado acuerdos ventajosos entre dirigentes sindicales y funcionarios, son utilizados para atacar a los trabajadores estatales en su conjunto. La mira sin duda son los compañeros y compañeras de las áreas de salud y educación, que en la historia reciente han estado a la vanguardia de la clase obrera guatemalteca, como los grupos que más se han movilizado en la defensa de sus salarios y condiciones de trabajo.
Según la procuradora Villagrán, los pactos se han firmado sin consultar si existen recursos y sin consultar al Ministerio de Finanzas; ella afirmó que el año pasado el Estado gastó al menos Q 1,100 millones en pactos colectivos, mientras Guatemala atraviesa una grave crisis económica, el Estado no tiene capacidad financiera, y el 50% de la población vive en extrema pobreza (El Periódico 26/01/16).
Villagrán y la oligarquía se rasgan hipócritamente las vestiduras, para esconder que los verdaderos culpables de la crisis financiera son los burgueses y empresarios que se niegan a pagar suficientes impuestos y evaden sus responsabilidades fiscales.
Llamamos a todos los sindicatos estatales, en especial a los de salud y educación (incluyendo a los independientes) a unirse en un solo frente para defender las conquistas de los trabajadores públicos. Es el momento de dejar a un lado las diferencias y elaborar un plan unitario de lucha para enfrentar los ataques de la patronal, que pretende despojarnos de los logros de años de movilizaciones y protestas.
