Por Armando Tezucún
Ocho días después de que la Corte Suprema de Justicia aceptara y diera trámite a la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, presentada por el diputado Amílcar Pop, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el proceso. La abogada Karen Fischer, proveniente de una familia de cafetaleros, con lazos estrechos con Pérez Molina y con la derecha política, había presentado un amparo ante la CC al día siguiente de conocerse la decisión de la CSJ. Los magistrados de la CC votaron tres a favor y dos en contra de dicho amparo. De esta manera, la actuación de la Comisión Pesquisidora nombrada por el Congreso de la República quedó en suspenso.
Los argumentos esgrimidos a favor del amparo se basan en que la CSJ en su decisión no observó lo previsto en los artículos 4 y 16 de la Ley en Materia de Antejuicio. En concreto, se argumentó que el trámite contra el presidente se está haciendo “…sobre la base de una sindicación de comisión de delitos que se formuló contra terceras personas” (El Periódico 19/06/15) y que la CSJ omitió hacer un análisis adecuado del caso. Recordemos que el diputado Pop presentó la solicitud de antejuicio en base a que Pérez Molina nombró a funcionarios que ahora están acusados y detenidos por corrupción, y que encubrió a la ex vicepresidenta Baldetti a su regreso de Corea del Sur, cuando se dio a conocer la denuncia de la Cicig sobre la red de corrupción aduanera. Los magistrados que votaron en contra argumentaron que la abogada Fischer no tiene legitimidad para presentar el amparo, pues el agravio fue directo y personal contra el presidente, no contra ella.
La Comisión Pesquisidora había avanzado en su trabajo escuchando los argumentos de Pop y, a través de un informe escrito, conociendo la respuesta de Pérez Molina en su defensa. Esta comisión atravesaba dificultades, pues su presidente, el diputado Baudilio Hichos había renunciado a este cargo tras ser acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de actos de corrupción.
El 23 de junio se reunió de nuevo el pleno de magistrados de la CC, esta vez con la presencia de su presidenta Gloria Porras, quien se encontraba de viaje cuando se aceptó el amparo. Porras propuso agilizar el trámite para que la CC resuelva en definitiva, eliminando la fase de investigación y pasando a la etapa de audiencias públicas, pero los mismos magistrados que aprobaron el amparo votaron en contra de esta propuesta. Esto atrasará indefinidamente el proceso. La magistrada Porras se manifestó en contra de la decisión de la CC de amparar provisionalmente a Fischer. De igual manera, al ser consultado de oficio por la CC, el Ministerio Público solicitó la revocatoria del amparo provisional.
En defensa del “orden constitucional”
La decisión de la CSJ del 10 de junio que dio trámite al antejuicio, hacía pensar que los días de Pérez Molina en la presidencia estaban contados; esta impresión se reforzaba con declaraciones claves del embajador gringo Todd Robinson y la dirigencia del empresariado organizado en el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras). Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad parece haber dado un respiro al presidente. Es la misma CC que anuló la sentencia por genocidio contra el ex general Ríos Montt, y que acortó el periodo de la ex jefa del Ministerio Público Claudia Paz y Paz.
Más allá de los argumentos legales, la decisión de la CC de aceptar el amparo significa una defensa del orden establecido, del orden legal burgués, del sistema que legitima en su conjunto el sistema de dominio de la oligarquía y el imperialismo, ante la grave crisis coyuntural por la que atraviesa el país. Así lo expresó claramente el magistrado de la CC Roberto Molina en una entrevista que brindó al diario El Periódico. Molina dijo: “…nuestro trabajo es muy especial porque es la defensa del orden institucional, y aún sabiendo que una resolución va a ser rechazada popularmente no podemos dejar de emitirla porque es nuestro deber (…) creo que lo que empezó como una propuesta genuina en contra de los desmanes y la corrupción puede desbordar en situaciones que pongan en peligro el orden institucional y el funcionamiento de las instituciones del país (…) Situaciones similares provocaron el Serranazo, y la CC de oficio puso orden y no permitió que pasara algo peor. No soy yo quien pueda dar una opinión, pero a partir de todo esto estamos ante el peligro de un rompimiento institucional.” (El Periódico 20/06/15).
En el estira y encoje de una situación de crisis que puede dar un giro de un momento a otro, la decisión de la CC protegiendo al presidente, expresó el temor de cierto sector de las clases dominantes de que se dé un “desborde” que ponga en peligro el “orden constitucional”. Este peligro no es otro que el que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares se pongan a la cabeza de la lucha democrática contra la corrupción.
El rumbo de las protestas
Las protestas anti-corrupción convocadas a través de las redes sociales, consistentes principalmente en grandes concentraciones en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad capital, y réplicas similares en ciudades del interior, han venido en disminución. La participación de la población, en su mayoría grupos heterogéneos de las capas medias, llegó a su punto máximo el 16 de mayo, con cerca de 50 mil a 60 mil personas. Después que el gobierno dispuso el inicio de procesos de reformas a ciertas leyes, controladas desde el Congreso, organizaciones de la “sociedad civil” empezaron a coordinarse para hacer sus propuestas, siguiendo el rumbo dispuesto por el gobierno. Esto ha incidido indudablemente en la participación, que bajó a 20 mil – 30 mil el 13 de junio y unos 500 (según el diario El Periódico), el 20 de junio, aunque para ese día no había una convocatoria masiva.
Lo que ha sido notorio es el incremento de las protestas independientes de organizaciones campesinas y magisteriales. El 20 de mayo se dio la primera, con unos 5 mil campesinos de la Cnoc y Codeca, a los que se sumaron trabajadores de salud del Hospital San Juan de Dios, exigiendo la renuncia del gobierno y la instalación de una Asamblea Constituyente. Las organizaciones independientes de maestros han estado manifestando, demandando la renuncia del presidente, el castigo a los corruptos y la renuncia del deshonesto dirigente magisterial Joviel Acevedo. Esto se ha dado el 28 de mayo en Chichicastenango, el 4 de junio en Uspantán, Quiché, el 11 de junio por medio de un bloqueo de carreteras en Nahualá, el 18 de junio en Joyabaj, Quiché. En estas protestas han participado de 500 a 800 docentes.
La más reciente se dio el 22 de junio, con una marcha de protesta organizada por la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG, de orientación social cristiana), que incluyó maestros de Telesecundaria y del Magisterio en Resistencia. Los maestros reclamaron el traslado de compañeros que están por contrato temporal, a plazas permanentes, gozando de los beneficios del escalafón. La marcha en su conjunto exigió el freno a la corrupción y la reforma a leyes claves.
La Asamblea Social y Popular, compuesta por una diversidad de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, hasta el momento se ha sumado a las movilizaciones generales convocadas a través de las redes sociales, sin imponer el sello y métodos de lucha propios de los campesinos y trabajadores. Esta vacilación ha retardado el momento en que la dirección de las luchas contra la corrupción la tomen las organizaciones de los oprimidos y explotados, condición indispensable para que esta crisis del sistema político se resuelva a favor de las mayorías indígenas, campesinas y trabajadoras. La ASP anunció acciones para el 30 de junio, oficialmente el Día del Ejército, proclamado como día de las víctimas, héroes y mártires del conflicto armado por las organizaciones de derechos humanos. Ese día deberá ser el inicio de las movilizaciones independientes que coloquen a la ASP a la cabeza del movimiento democrático, planteando no solo la lucha contra la corrupción, sino todas las demandas que por años ha reclamado el movimiento campesino, indígena, sindical y popular. Sin la satisfacción de estas demandas no habrá un verdadero cambio democrático en Guatemala.
Los sindicatos que han pactado con el gobierno salen a las calles
Tal como lo habían anunciado, los dirigentes de las organizaciones sindicales y campesinas que han firmado pactos colectivos y acuerdos con el gobierno, sacaron a sus bases a las calles el 19 de junio. Estas organizaciones son la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), la Coordinadora Nacional, Indígena y Campesina (CONIC), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP). Desde cuatro puntos de la capital, las multitudinarias marchas convergieron en la Plaza de la Constitución, habiendo pasado antes por el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y la Casa Presidencial.
Aunque no pedían la renuncia del presidente Pérez Molina ni del gobierno, las marchas plantearon demandas largamente sentidas por la población, como la nacionalización de la energía eléctrica y de los recursos naturales, la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, de la Ley de Juventud, el rechazo a las reformas propuestas a la Ley de Servicio Civil, una nueva Ley de Minería, etc.
Es evidente que las burocracias que dirigen estos sindicatos han iniciado movilizaciones para no perder a sus bases en medio de la marea de la lucha democrática contra la corrupción, cediendo a la presión de sus afiliados de sumarse de alguna manera a las protestas. Las demandas planteadas en la marcha son indudablemente correctas, pues son demandas históricas, pero falta lo esencial de lo que está en la palestra en la actual crisis política, que es la reforma de todo el régimen corrupto, la renuncia del presidente, de su gobierno, el castigo a los funcionarios corruptos y las reformas que impliquen una verdadera democratización del país. Las bases que siguen a estos dirigentes no deben conformarse con plantear lo que se ha demandado por años; el sistema político del país está atravesando una grave crisis, y deben exigir a sus dirigentes que planteen soluciones a esta crisis, demandando la renuncia del presidente, en primer lugar, y el castigo a los funcionarios corruptos; ni el actual gobierno, ni Pérez Molina van a satisfacer jamás las demandas planteadas en la marcha. Deben exigir a sus dirigentes que rompan con el gobierno corrupto, y exigir la democratización interna sus organizaciones sindicales, haciendo efectiva la participación de las bases en las decisiones y llamando de inmediato a elecciones para renovar sus comités ejecutivos.
Sobre las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
La comisión del Congreso que discute las reformas a la Ley Electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Plataforma Nacional por la Reforma del Estado no parecen avanzar en las propuestas de reformas a la ley, por falta de acuerdos. En este último organismo es alentadora la noticia de que el Cacif presentó su renuncia al mismo en la reunión del 23 junio, por estar en desacuerdo en dos puntos irrenunciables, rechazan la posposición de las elecciones y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. También es alentador saber que un bloque de organizaciones sociales con la participación de estudiantes universitarios consecuentes está tomando importancia en la misma.
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone a la Asamblea Social y Popular los siguientes puntos a considerar en su planteamiento de reforma electoral: posposición de las elecciones hasta que se concluya el proceso de reforma a la ley; habilitar el voto de los guatemaltecos en el extranjero; que los comités cívicos, organizaciones, campesinas, indígenas, sindicales y populares puedan proponer candidatos a alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente; que los alcaldes y diputados puedan ser removidos de sus cargos sin trámites complicados al ser descubiertos en actos de corrupción; que el voto nulo sea vinculante; equidad de género y etnia en los listados de candidatos; reducción al mínimo del financiamiento privado a los partidos y que el TSE distribuya equitativamente la pauta publicitaria en los medios, en campañas electorales austeras; reducción de los requisitos para la inscripción de partidos políticos. El proceso electoral debe conducir a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
A los partidos de izquierda que participarán en las elecciones (Urng-Winaq, CPO-Convergencia) les proponemos que conformen un frente único con candidaturas conjuntas que incluyan dirigentes populares de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares con amplia trayectoria de lucha.
