Los jueces y magistrados deben ser electos y destituidos directamente por el pueblo
Por Edgar Miguel Kan
Guatemala se encuentra en un proceso de selección de las más altas autoridades judiciales en el país, al que poca atención se ha dado desde los movimientos sociales, olvidando irresponsablemente que el Poder Judicial es la máxima expresión de violencia represiva legitimada por el Estado. Esto se manifiesta en la cotidianeidad de las luchas sociales, pues la conflictividad que se genera a partir del despojo social realizado por los empresarios, patronos, explotadores, terratenientes y el Estado mismo, desemboca en una decisión judicial que legitima la usurpación violenta hecha al pueblo necesitado de justicia (los hombres, las mujeres, las y los trabajadores, los y las campesinas, los pueblos indígenas).
Demandar y denunciar esto debe ser un eje de lucha primordial para cualquier movimiento organizado, para cualquier partido que reivindique un verdadero fin popular. De lo contrario estaríamos ante una retórica voraz propia del sistema capitalista, que: Aliena, mediante la incapacidad de participación; despoja, el sentir popular de la justicia a través de sus estructuras corporativas (gremios colegiados, universidades, etc.) y; asimila, pues la estructura se encuentra dada y por lo tanto no se puede cambiar.
Para cambiar esta constante situación de opresión que vivimos en el Estado capitalista, debemos empezar por el conocimiento real de las estructuras que se utilizan para oprimirnos, en este caso la estructura judicial que falazmente tratan de imponer como justicia. La justicia es un valor social que todas y todos los proletarios explotados intuimos, pues siempre hemos sido despojados de una situación de igualdad y nos oprimen para que pensemos que es justo ser explotados. Desde nuestra experiencia milenaria de hambre, pobreza, sufrimiento y explotación, sabemos bien qué no es justo y qué si lo es, por lo que permitir que sean estructuras corporativas las que decidan sobre nuestro futuro, sobre nuestra necesidad de igualdad, sobre nuestro empleo, sobre nuestros conflictos, es una retórica de dominación que utiliza el sistema para doblegarnos.
Situación actual en Guatemala
Se convocó a la estructura corporativa denominada comisiones de postulación, que como hemos reiterado en esta trinchera informativa, no es más que el modelo legal establecido por la constitución del Estado guatemalteco para que representantes de las universidades, en igual número del colegio de abogados, y de magistrados de salas elijan a los representantes de la Corte Suprema de Justicia (máximas autoridades del poder judicial).
Este modelo ha sido ampliamente discutido, sobre todo por la falta de transparencia en la selección, exclusiva participación de élites corporativas, convirtiendo lo judicial en algo exclusivo de los abogados y en consecuencia apartando la necesidad social, favoreciendo los intereses que mueven a las élites.
Este proceso, como los anteriores, ha sido marcado por una serie de recursos legales que abordan desde la falta técnica para elegir a las personas más idóneas y capaces, hasta el evidente tráfico de influencia, nepotismo y secretismo propio del mundo corporativo. Incluso el 11 de agosto la Corte de Constitucionalidad retrotrae el proceso para que se enmiende el procedimiento, que como sabemos es inoperante para la necesidad de justicia.
Poder Popular
La actual forma de elección de los funcionarios judiciales es el reflejo de un modelo caduco propio de una relación de dominación histórica. Esta relación en Centro América es la cotidianeidad de las élites económicas y corporativas. Sólo mediante la real representación popular podrá controlarse la arbitrariedad corporativa de los abogados sobre la justicia.
En la patria centroamericana no es nuevo un modelo popular y representativo en el Poder Judicial. Para lograr romper con la legitimación violenta del capitalismo y del pensamiento colonial de los abogados, es menester hacer de las Cortes espacios de Justicia y no de vericuetos legales.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), demandamos un cese a la faena histórica que el gremio jurídico ha tenido de la Justicia, y exigimos un control popular sobre el poder judicial mediante una participación extensiva de toda la población en la elección de representantes populares que atiendan a la necesidad y exigencia de justicia que el pueblo centroamericano aclama, para consolidar una República Socialista.