GUATEMALA.- La gran deuda del gobierno con la población indígena y campesina en el 2012

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Por Marcial Rivera

 "Yo pregunto a los presentes

si no se han puesto a pensar

que esta tierra es de nosotros

y no del que tenga más.

 

Yo pregunto si en la tierra

nunca habrá pensado usted

que si las manos son nuestras

es nuestro lo que nos den."

 

(Fragmento de la canción "A desalambrar" de Víctor Jara)

 

Termina el año 2012, ha pasado el 13 Baktun y con esto, según las antiguas creencias mayas, inicia una nueva era en la historia de la humanidad. En esta coyuntura, se hace propicio hacer un análisis de los principales sucesos que marcaron el 2012, sobre todo porque este año se ha caracterizado por ser de luchas constantes. Uno de  los principales sectores y luchas impulsados en este 2012 fue el estudiantado normalista con las luchas contra la reforma a la carrera de magisterio y lo que ello implica. En especial el campesinado indígena realizó importantes movilizaciones y luchas, con el objetivo de alcanzar mejores condiciones de vida, tener más acceso a la tierra, y a un entorno propicio para desarrollarse como campesinos.        

¿Por qué lucha el campesinado?

La principal bandera de lucha en torno a esto, la causa que hicieron suya todas las organizaciones campesinas es la lucha por la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral, ley 4084, la cual beneficiará directamente a las poblaciones que viven en condiciones infrahumanas y de grandes limitantes socioeconómicas. Lo relevante de esta ley, es que hace once años fue presentada al Congreso y aprobada por la comisión respectiva, pero aún así, debido a la influencia de la oligarquía y los grupos de poder burgués, no ha sido aprobada por el pleno. Incluso autoridades municipales se decantan por la aprobación de esta ley, en la medida en que beneficiará a las poblaciones más vulnerables de Guatemala, a partir de la construcción de un tejido productivo basado en el fortalecimiento y tecnificación de la producción agrícola.

Un elemento importante de la propuesta de ley es que democratiza lo relacionado a las consultas comunitarias, pues las reconoce como medio legítimo y adecuado de participación social, así como la creación del Ministerio de Desarrollo Rural, el cual sustituiría y haría las veces del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, otro elemento importante es el relacionado al uso de los ecosistemas, el cual se plantea equilibrado y respetuoso con el medio ambiente; así como otros parámetros relacionados al comercio, siempre con miras a beneficiar al campesinado.

La ley 4084 dista mucho de ser una reforma agraria, como lo afirman los sectores de la oligarquía rancia guatemalteca, organizados en ANACAFÉ, el CACIF, la Cámara de Industria y la Cámara del Agro. Estos empresarios oligarcas afirman que se les quiere despojar de sus tierras, mientras que en realidad la ley posibilita el uso de tierras ociosas e improductivas, para el campesinado, generando con esto miles de empleos directos otros tantos más indirectos, y aunado a esto la posibilidad del aumento de la capacidad adquisitiva por parte de la población. Es claro que la aprobación y aplicación de esta ley no cambiará la estructura de la tenencia de la tierra ni resolverá todos los problemas ancestrales del campesinado indígena, pero sin duda mejorará sus condiciones de vida. Aún está por verse si, en caso de aprobarse la Ley de Desarrollo Rural Integral, se logra reglamentar su aplicación efectiva, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, con la Ley de Vivienda aprobada a inicios del año.

Falta de consensos

El atraso a la aprobación del proyecto de ley se debe a dos factores: el primero es la inestabilidad que existe en el congreso a partir de las interpelaciones impulsadas por la bancada de Libertad Democrática Renovada, que no se logran llevar a cabo por no tener quórum, el cual a su vez no es logrado por la oposición a los procesos de interpelación por parte del Partido Patriota. Por otro lado, las enmiendas que se han propuesto al proyecto original tanto por parte de las gremiales empresariales como por parte de algunas bancadas legislativas a lo interno de la Asamblea. En la última semana de noviembre, durante tres días, la Junta Directiva del Congreso trató de que se aprobara la ley, pero fue imposible lograr el quórum necesario. Las maniobras de la oposición, de las cámaras empresariales y de diputados del mismo PP, a pesar de la posición del presidente y la vicepresidente a favor de la ley, evitaron su aprobación.

Este episodio puso de manifiesto también las diferencias entre el gobierno de Pérez Molina y los sectores más reaccionarios del empresariado. La política presidencial es negociar y hacer concesiones, con el fin de lograr “paz social” que permita el fortalecimiento del Estado y que éste priorice el combate a la delincuencia y el crimen organizado, mayor estabilidad, y en última instancia, un buen clima para la inversión capitalista y los negocios. Pérez Molina ansía lograr con el campesinado el mismo tipo de acuerdos logrados con los principales sindicatos del magisterio y de trabajadores de salud, y por ello impulsa la aprobación de la ley 4084. La oligarquía, en cambio, prefiere una política más inflexible, retener el control, dando a la vez dádivas por medio de programas como la “responsabilidad social empresarial”, cruzadas de jóvenes de las universidades privadas que construyen viviendas para los pobres y otras engañifas por el estilo.

Esta ley debe aprobarse pronto, pues no es solo una ley que ha sido discutida a lo interno del Congreso de la República, sino además ha sido suficientemente discutida por distintos sectores de la sociedad, esto a partir de la marcha indígena y campesina que se diera en marzo, desde Cobán, Alta Verapaz. El principal punto de discusión relacionado con esta ley es el artículo 10, que ha recibido contrapropuestas. Éste básicamente establece que se promoverá la democratización del uso y tenencia de la tierra, sin embargo no menciona la palabra expropiación ni su espíritu es el de confiscar las tierras a los dueños de las mismas, en función de otorgárselas a los campesinos y que ellas y ellos puedan hacer uso de la misma. Sin embargo aunque dicho artículo no establece esto, esta ha sido la interpretación de los sectores empresariales. Los representantes empresariales aseguran que dicha ley no debiera aprobarse en tanto que no se ha consensuado lo suficiente, siendo que  la misma ha sido discutida por más de seis meses. Por otro lado cabe citar a Alberto Brunori quien funge como representante de Naciones Unidas, al referirse a la aprobación de la ley como una deuda que el gobierno tiene con los pueblos indígenas.

La lucha debe seguir

Pronto comenzará el 2013, y con esto nuevas coyunturas que girarán en torno a las principales banderas de lucha que se izaron en 2012. La relacionada con las luchas populares sobre la tierra será una de ellas. La unidad de las organizaciones campesinas será fundamental para lograr éxitos, y la lucha debe expresarse en todos los espacios de organización popular y participación política. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), cree en esto firmemente y apoya la  lucha campesina e indígena por la aprobación la Ley de Desarrollo Rural Integral, enfatizando a la vez que una verdadera transformación de la democracia y del sistema político sólo será posible por medio de una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Carta Magna que transformen el país a favor de los desposeídos.