Por Edgar Miguel Kan

Los últimos tres meses en el país se ha vivido una fuerte discusión sobre la necesidad o no, de una reforma constitucional, sobre la necesidad y actualización de las normas y el contexto actual para una mejor seguridad, justicia y transparencia en el actuar público. Lo que se oculta tras esta falsa percepción de modificación del pacto social, más acorde al grupo social que rige, es la intención real de la afinación del pacto interburgués.

La Constitución Política de un país no es más que el marco referencial de la legitimación del poder estatal y la utilización de la misma, entendiéndose ésta como la consecución de voluntades por parte de las élites dominantes, quienes han tenido y mantienen el control político, siendo un poder hegemónico que a base de falsos pactos sociales, confunden en la esperanza creadora de una acción consensuada, que mientras no sea una expresión popular real, es el peor instrumento de legalidad.

Pacto interburgues

Esta acción bien elaborada por la burguesía, desde el pensamiento rousussoniano, no es más que el afianzamiento de la ideología liberal en la psique social, bajo la cual se ha desarrollado un andamiaje ideológico de dominación, tan sagaz que se mantiene hasta la actualidad.

Resulta irónico que en el país, tras la constante dominación económica/política y social, bajo la cual se vive el gobierno de turno, quien es la expresión de una derecha radical y un sector emergente de la burguesía del poder militar, se quiera abrir una discusión seria sobre el rumbo legítimo del pacto social.

Esta mascarada es en realidad una acción difusa para legitimar la afinación a este pacto interburgúes, mismo que jamás ha incluido la expresión popular, de indígenas, de obreros de mujeres, que ha tenido su voto, más no su expresión, es el elemento más importante de reconocer al enemigo, de entender la lógica de poder. La constitución por sí sola no es el cambio, sino el cambio de relaciones de poder entre unos y otros, los de siempre con los que nunca han tenido.

Esta acción que tanto debate ha generado, es en realidad una de las formas más burdas de querer legitimar la afinación del pacto, pacto que en su gran mayoría se basa en la recomposición ficta y boba de estamentos estatales que no llegan a ser más que el maquillaje de su “independencia”, propuesta por los pensadores de la derecha y por quienes usan el poder para mantener avasallado al conglomerado. Resulta así entendible, porqué la Universidad de San Carlos (USAC), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la Universidad Rafael Landivar (URL), sean quienes proponen esta reforma a la seguridad y justicia.

De las sesenta reformas  originales que incluían un variopinto de necesidades sociales bajo las cuales supuestamente hay un interés, subsisten únicamente treinta,  legitimadas por  los espacios donde supuestamente se consensuó. Al final la imposición frustrada de los tres grupos quienes en constantes y frustrados intentos han tratado de reformar el pacto, logró convencer en su propuesta y posible reforma.

Candados hacia una transformación estructural.

En cuanto al constante debate sobre la constitución y sus reformas, se han pormenorizado las reformas a la ley que sustenta “la institucionalidad democrática”, la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Esta es la que establece la mayor o menor representación popular basada en el censo nacional, la que define los parámetros de participación y más allá, la que determina las reglas del juego.

Detrás de los bombos y los platillos que anuncian la reforma constitucional, una que no es más que una fachada de afinación de intereses y la estratégica reforma a la ley electoral, solapada sino oculta en la agenda mediática, no es casualidad que el interés verse en la acción inmediata sobre el documento del cual emana la legitimidad burguesa. Sin embargo, la afinación y la restricción a la participación se da en la ley electoral, entonces ¿Habrá interés por las reformas constitucionales o el verdadero interés se encuentra en la ley electoral?

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), estamos seguros que el pacto interburgués es un negocio cerrado y no habrá representación de intereses sociales reales, sino a través de una constituyente popular  en donde los sectores populares, indígenas, obreros, campesinos y mujeres sean representados por igual. La ley electoral debe abrirse a las participaciones más democráticas y justas y no enclaustrarse en una retórica que apuntala el bipartidismo burgués.

¡Abajo el Pacto Interburgués, Si a la Asamblea Nacional Constituyente democrática y popular!