Gobierno da palos de ciego en política económica
Por Armando Tezucún
La política impulsada por el gobierno de Álvaro Colom durante los meses de abril y mayo de establecer precios “de solidaridad” o “acordados” para los productos de la canasta básica, terminó en un fracaso. La razón principal fue la resistencia de la burguesía, que se negó a que sus ganancias se vieran afectadas por una situación de alza constante de los combustibles y precios inamovibles. El presidente tuvo que resignarse a que “…al final de cuentas será el propio mercado el que determine los precios…”, como dijera en su mensaje a la nación publicado el tres de junio en los diarios.
Ante esta situación, el mandatario anunció dos medidas separadas y, en algunos aspectos, contradictorias. Por razones de espacio, nos ocuparemos en este artículo de la que causó más revuelo.
El decreto 40-74
El dos de junio Colom anunció su intención de hacer efectivo el decreto-ley 40-74, que fue promulgado en 1974 por el gobierno militar dictatorial del general Carlos Arana Osorio y que, por no haber sido nunca derogado, está aún vigente. El decreto en cuestión declara de interés nacional el cultivo de granos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo, etc.) con el propósito de garantizar su existencia en el mercado nacional y estabilizar su producción y precios. Con este fin, la principal medida a tomar sería obligar a los finqueros que posean más de cien manzanas de tierra a sembrar granos básicos en el 10% de la misma. Además los precios serían regulados por el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca) y el Ministerio de Agricultura tendría la facultad de autorizar la importación y exportación de dichos granos alimenticios. El decreto también faculta al Banco de Guatemala (banco central del Estado) a establecer un sistema de líneas de crédito para financiar la producción granos básicos.
La oposición al decreto
Como era de esperarse, los empresarios capitalistas en pleno, empezando por los terratenientes organizados en la Cámara del Agro, con sus abogados e intelectuales se rasgaron las vestiduras y pusieron el grito al cielo, rechazando la medida anunciada. Argumentaron violación a los sacrosantos principios de libertad de empresa y propiedad privada garantizados por la constitución actual, vigente desde 1985 y que contiene normativas que no existían en 1974. Anunciaron que impugnarían legalmente el decreto pon inconstitucional. Es un hecho que Colom no se percató que algunos de los instrumentos para implementar el decreto ya no existen: Indeca fue desmantelado y sus silos rematados por debajo de su valor real por el gobierno de Álvaro Arzú, y el Banco de Guatemala ya no puede otorgar créditos por prohibición constitucional.
A pesar del desfase existente en algunas disposiciones del decreto, el presidente y algunos diputados su partido insistieron en que harían cumplir el mismo: “Si ese 10% se hubiera asegurado, no habría escasez en este momento. Es cosa de responsabilidad, no de propiedad privada. Lo manda la ley y no nosotros. Esa ley está ahí y como muchas que se dejaron de cumplir, con nosotros se van a cumplir”, dijo Colom. (Diario Siglo 21, 4/6/2008).
¿Una medida progresista?
Algunos dirigentes campesinos y elementos de izquierda vieron la medida con agrado o la aplaudieron abiertamente, como Plataforma Agraria. Luis Galicia, representante de esta organización, manifestó que ante la batalla legal anunciada por la Cámara del Agro ellos recurrirían a las mismas acciones para que el decreto fuera aplicado de manera inmediata. “Nunca esperábamos una reacción positiva de los empresarios; no les tememos, y si ellos anuncian medidas legales, nosotros también las usaremos, pues el decreto existe y está vigente” (Diario Siglo 21, 4/6/2008).
Esta postura es una muestra de la ceguera política de cierta izquierda reformista, que aplaude de manera acrítica toda medida que huela a intervención estatal o a control del estado sobre la economía, sin detenerse a analizar qué tipo de Estado realiza esas medidas y a qué intereses de clase responde. El decreto 40-74 fue emitido por un gobierno militar ultraderechista, que no tenía ninguna intención de afectar seriamente el sistema de propiedad en el campo, y de todas maneras la disposición nunca fue cumplida. Su intención era obligar a los terratenientes a invertir parcialmente en cultivos distintos de los que realizan, inversión que, dados los precios actuales de los granos básicos, puede resultar muy rentable.
Lo que causa malestar entre los terratenientes y capitalistas es que el decreto pretenda indicarles de forma coercitiva dónde invertir, coartando la libertad de decidir qué hacen con su propiedad. Como declarara Carlos Zúñiga, presidente de la Cámara del Agro, “El tema de la propiedad privada le incumbe sólo a su dueño cómo se utiliza. Cualquier otra iniciativa que contravenga este principio es inconstitucional” (Diario El Periódico, 19/6/2008). Es esta amenaza velada al sistema de propiedad capitalista la que alborotó el avispero.
Medidas de esta naturaleza sólo pueden tener un carácter revolucionario y ser verdaderamente efectivas si provienen de un gobierno de obreros y campesinos, que se sustente en la movilización y lucha de las masas trabajadoras del campo y la ciudad. De lo contrario pueden conducir a cambios que no rompan con el sistema capitalista o simplemente pueden quedar en buenas intenciones.
Colom retrocede
Esto último fue precisamente lo que sucedió. El 9 de junio, después de haber sostenido una actitud bravucona, Colom dio marcha atrás y pidió a su bancada en el congreso que el decreto 40-74 sea derogado. Lo calificó de “decreto anacrónico” y culpó a sus asesores de aconsejarle una mala decisión: “Con toda franqueza, reconozco que fue una mala asesoría y ya estamos pidiendo que la deroguen” (Diario El Periódico, 10/6/2008). Por supuesto, la Cámara del Agro y demás asociaciones de la burguesía aplaudieron complacidas, mientras los cegatones reformistas que acuerparon la medida quedaron en total frustración.
Una vez más queda en evidencia que el gobierno de Álvaro Colom y la UNE, como buenos socialdemócratas, se encuentras atados de pies y manos a los grupos capitalistas que constituyen el poder económico en Guatemala y no podrán impulsar ninguna medida progresista precisamente porque no tienen la menor intención de apoyarse en los campesinos y trabajadores en lucha, a quienes temen más que a los burgueses y al imperialismo.
A pesar de la petición del presidente, los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza no procedieron de inmediato a la derogación del acuerdo 40-74, pues una mayoría de ellos sostuvieron que antes de derogarlo habría que elaborar otra iniciativa que mantenga el espíritu del decreto de garantizar la producción de granos básicos, pero eliminando la incompatibilidades con las leyes actuales. Finalmente la bancada oficial acordó elaborar un nuevo proyecto que está siendo discutido y será aprobado junto con la derogación del controvertido acuerdo del gobierno militar de Arana Osorio. La comisión de agricultura del Congreso se reunió el día 17 de junio con el ministro de agricultura y organizaciones de la sociedad civil, y el 18 con representantes terratenientes de la Cámara del Agro, con el fin de llegar a acuerdos.
Al momento de escribir estas líneas (20 de junio), la propuesta de la comisión no difiere mucho del plan de incentivos anunciado por el gobierno en abril, que no está funcionando. Se habla de financiar a los productores de maíz, reforzar el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola para que proporcione semillas mejoradas a los agricultores y revivir el INDECA.
Nuestra propuesta de lucha
Nosotros pensamos que la nueva propuesta será más de la misma política gubernamental que se encuentra estancada y no está apoyando a los pequeños y medianos agricultores. Los socialistas revolucionarios proponemos al campesinado pobre y medio que exija al gobierno blandengue de Colom que expropie el diez por ciento de las fincas de más de cien hectáreas, distribuya la tierra entre los campesinos que realmente la necesitan y otorgue financiamiento blando, fertilizantes y asistencia técnica. Las instituciones que impulsen el plan deberán operar bajo el control y supervisión de los propios campesinos interesados, para que realmente funcionen. Mientras el gobierno plantee soluciones que traten con guantes de seda a la oligarquía y cuiden los intereses de los grandes terratenientes y capitalistas del campo, no habrá solución efectiva de la escasez y altos precios de los granos básicos.
La otra medida del gobierno es la eliminación de aranceles de importación a nueve productos de la canasta básica (Leche, maíz amarillo, huevos, harinas, arroz, etc.), disposición que está topando con la oposición del Consejo de Ministros para la Integración Económica. Esperamos tocar el tema en un próximo número.