Por: Salvador Belloso
Hace más de cuatro meses que el Gobierno salvadoreño, mantiene al país bajo régimen de excepción, tras el fracaso de su plan El Salvador Seguro, y del rompimiento de acuerdos que provocó la tensión con las pandillas que culminó en la muerte de más de 80 víctimas, encontró como única vía para atender el problema del accionar criminal de estos grupos, a través de los diferentes regímenes de excepción que le ido aprobando la Asamblea Legislativa (AL), Órgano estatal dominado por el oficialismo. Con más de 50,000 personas detenidas, 59 personas asesinadas estando en detención y miles de denuncias por abusos cometidos por parte de elementos de la Policía Nacional civil (PNC), y Fuerza armada de El salvador (FAES), se ha elevado la crítica en torno a violaciones de Derechos Humanos (DDHH), cometidas por parte del Gobierno de Bukele-NI-GANA al punto de rosar el terrorismo de Estado.
Los DDHH y el Estado de Derecho
Cuando se tiende a cuestionar los límites que deben tener de los cuerpos encargados de la seguridad pública, es porque las condiciones en las que deben apegarse en la estricta observancia a los DDHH, no se ha hecho, y por lo tanto queda abierta la posibilidad de violaciones a los DDHH. Para el caso de El Salvador, cuando se han cuestionado abusos y posibles violaciones por parte del Ejecutivo, en el otro extremo se ha proyectado una contra donde se cuestiona el que se defienda a los delincuentes, esto porque existe una concepción muy errónea de los que significan los DDHH, producto de la poca promoción y educación en esta materia, por lo que es necesario aclarar que son los DDHH, y porqué son de estricta exigencia internacional.
Luego de la segunda guerra mundial, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció los principios fundamentales con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo desde entonces el marco conceptual de los derechos humanos y del Estado de derecho, como ideales a seguir por todos los pueblos y naciones, en este sentido fueron adoptados por la mayoría de las constituciones de un mundo predominantemente capitalista. En dicha declaración se incorporaron los límites del ejercicio del poder, delimitando las desviaciones hacia tiranías, al mismo tiempo es bueno hacer una remembranza que en dicha declaración se deslegitima el Derecho a la rebelión de los pueblos, en su lugar expone una guía de solución de conflictos bajo los esquemas del mismo Estado. Por eso los DDHH están íntimamente asociados con el Estado de Derecho.
Los Derechos Humanos en El Salvador
La PDDH, fue creada en 1992, como producto de los acuerdos de paz, formando parte del Ministerio Público, con facultades constitucionales como: investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido, casos de violaciones a los Derechos Humanos; Promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los Derechos Humanos; Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los Derechos Humanos; y Formular conclusiones o recomendaciones pública o privadamente.
Desde su creación la PDDH ha tenido hasta el momento nueve procuradores, el titular actual Lic. José Apolonio Tobar, fue electo por la asamblea Legislativa anterior para el periodo 2019-2022. Su periodo está por vencer, insólitamente busca ser reelecto, eso explica por qué anda en buenos términos con el Gobierno, mientras que por otra parte está en el medio de las críticas por su papel vacilante ante las victimas que han perecido en custodia del Estado estando bajo prisión, su casi nula acción frente a las denuncias de las arbitrariedades donde se denuncian violaciones a los DDHH, quedando expuesto en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN.
En dicha entrevista habló más como un funcionario del Gobierno que como el titular de una institución de DDHH autónoma e independiente, claro está que busca ganarse el agrado de la bancada oficialista, la que deberá decidir en la elección de un servil ya probado en la práctica o elegir alguien más para disipar las críticas. Independientemente de todo eso, las clase trabajadora y pueblo salvadoreño que no tenemos un solo representante en las instancias de poder, expuestos a ser víctimas, debemos organizadamente reclamar e imponer respeto frente a cualquier abuso.
