Por: Salvador Belloso

El 27 de marzo, Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, dio a sus diputados de las bancadas cyan, que en coalición con GANA hacen mayoría absoluta, la orden de aprobar un régimen de excepción ante el repunte en el índice de homicidios, que hasta la noche del sábado 26 de marzo las superaron más de setenta víctimas, tomando en consideración las del día anterior.

A horas del decreto legislativo en los medios de comunicación fueron apareciendo noticias sobre capturas masivas, este volviéndose un bucle cotidiano hasta el dio de hoy, lo cual le ha servido de argumento al Gobierno en su discurso para vender la idea de éxito de esta medida, las capturas masivas como sinónimo de efectividad, el viernes 22 de abril anunció en la red social Twitter, que habían sido capturados 15,000 terroristas, lo insólito es que tras las capturas han sido masivas las denuncias de arrestos sin causa justificada, personas ajenas a las maras y pandillas fueron presentadas como pertenecientes a dichas agrupaciones, por eso es necesario analizar si el Ejecutivo está resolviendo el problema de la violente e inseguridad, o por el contrario esto no es más que un número más del show mediático, tomemos en consideración que se extendió el régimen de excepción por un mes más.

Presiones y tensiones entre el Ejecutivo con las maras y pandillas.

La última subida de homicidios fue originada por un punto de tensión entre las organizaciones delincuenciales con el Ejecutivo, que pese a criminalizar las negociaciones del pasado, a espaldas de la población ha seguido negociando con ellas. Esta vez ha impuesto condiciones difíciles de rechazar, el tener al alto mando de las organizaciones pandilleriles en los recintos carcelarios, le sirve para ejercer presión a los miembros de dichas organizaciones que están activos en las calles, el haberles dado solo un tiempo de comida al día más los traslados, asegura el cese de comunicaciones y usarlos como si de rehenes se tratase.

Capturas infundadas y muertes por acción y omisión

El fracaso del Plan El Salvador Seguro lo han pagado lastimosamente la clase trabajadora y sectores populares de donde provienen las víctimas del accionar de las pandillas, y por si no es suficiente también aquí se paga con víctimas del desquite frustrado de este Gobierno quien al ver como pese a la gran propaganda de éxitos inexistentes que mostró y sigue mostrando del Plan Control de Seguridad, sus resultados son malos, ha volcado violencia estatal sobre quienes se supone debe proteger.

En este sentido como parte de la propaganda ha buscado en la presentación cuantitativa el ocultamiento de ineficiencias cualitativas, por ello su base ha sido la exigencia de cuota de capturas a la PNC, sin importar si proceden con causa justificada o no, lo importante es mostrar ante los medios masivas capturas, denigrando y criminalizando a inocentes, donde se incluyen personas trabajadoras, estudiantes, profesionales, etc, en las redes sociales fueron muchas las denuncias sobre detenciones infundadas, esta situación ha intentado disimularse con la captura de miembros de maras y pandillas, y supuestos colaboradores. Lo más gravoso del accionar de los cuerpos de seguridad es la muerte de tres personas en el primer régimen de excepción, dos con de ellas torturadas, no se sabe las circunstancias de muerte, pero por acción u omisión está involucrada la PNC, pero debido a la dictadura este tipo de casos no están siendo atendidos responsablemente, son vistos como un mal necesario, ninguna autoridad se pronuncia, dejan en el olvido impunemente a sus propias víctimas, por ello el accionar de la PNC y FAES roza las características del terrorismo de Estado.

Un régimen con identidad de clase

El régimen de excepción sólo lo han conocido los pobres, en las residencias de la burguesía no pasa nada, incluso durante el contexto del régimen el magnate Eduardo Kriet, realizó disparos en la vía pública poniendo en peligro vidas humanas, pero la PNC formada al igual que la FAES con desprecio y odio de clase protegieron al empresario. Debemos expresarnos y detener las agresiones hacia la clase trabajadora y pueblo salvadoreño que padece las frustraciones y fracasos del plan de seguridad bajo el pretexto de represión al accionar delincuencial de las Maras y pandillas. Ningún daño colateral justifica muertes y encarcelamientos injustos. La solución a la violencia y delincuencia amerita soluciones estructurales no parches publicitarios.