Por Carolina Pérez
Según reportes oficiales desde que se reporto el primer caso al 25 de julio del 2021 se registran 84,691 casos confirmados, de estos los grupos etarios que se han visto más afectados están entre los de 20 a 39 años (35,153 casos) y de 40 a 59 años (31,875 casos), a la fecha existen 6,400 casos activos y 2,567 fallecidos con el diagnostico de COVID-19 mientras tanto un porcentaje mayor son registrados como muertes por sospecha de COVID-19. Un estudio….encontró que el 73 % de las muertes ocurrida en el Hospital de El Salvador desde que fue inaugurado el 21 de junio de 2020 hasta el 30 de marzo pasado fueron atribuidas a “sospecha de COVID-19”. (EDH.25/07/21).
En materia de aplicación de la vacuna al 23 de julio se reporta que a 1,409,999 personas ya se les aplico la segunda dosis y a 2,527,604 solamente se las ha aplicado la primera dosis. Es por ello que existe un aumento de contagio en aquellos grupos etarios a los cuales no les habían aplicado la vacuna.
Ambiguo Decreto 90
El aumento de casos y la saturación del Hospital de El Salvador es una realidad, lo cual está obligando al gobierno a tener que decidirse y jugársela si prevalecen más los intereses económicos o la salud y la vida de los salvadoreños. La realidad demanda pronta medidas, es por ello que la Asamblea Legislativa con 78 votos a favor aprobó el 13 julio del 2021 el ambivalente Decreto Legislativo transitorio 90 relacionado a Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados, con un periodo de duración de 90 de días (13 de julio al 11 de octubre 2021).
Más allá de las críticas de lo que queda de la oposición formal respecto a dicho decreto la realidad demanda verdaderas medidas de cara a evitar los contagios y asegurar una atención médica y hospitalaria para las personas que padecen del COVID-19. Con la aprobación de dicho decreto queda claro que existe una realidad que esta mas allá del manejo mediático realizado por el gobierno y que muchas personas en estos momentos están perdiendo la vida por el COVID-19 lo cual el gobierno se niega a reconocer.
Que intereses prevalecen tras las reformas
No se puede negar la efectividad de ciertas medidas del gobierno en lo que fue el inicio de la pandemia pero al momento pareciera que con dicho decreto solo busca aparentar que está haciendo algo. Prueba de ello es el hecho que a pesar que a nivel de centros escolares se están dando contagios dicho decreto no contempla la suspensión de clases, Etc. Así mismo no contempla el cierre de otros lugares en donde existe altas concentraciones de población y posibilidades de contagios, agregando a lo anterior el Órgano Ejecutivo decidió flexibilizar la prohibición y se considere el ingreso de público a los eventos deportivos, teatros, parques arqueológicos entre otras instalaciones con valor histórico presentando la cartilla de vacunación con las dos dosis anti COVID-19 aplicadas…” (https://www.presidencia.gob.sv) lo anterior llevo a que el 20 de julio se modificaran el Decreto 90 y partiendo de dicha modificación según Artículo 1 bis“…en casos excepcionales, el ministerio de salud, previa evaluación de las características particulares del evento…podrá autorizar la realización del mismo…” lo anterior deja la duda cual es la finalidad de dicho decreto.
Gobierno debe proteger la salud y vida de los salvadoreños
Evitar los contagios también es responsabilidad de todos y cada uno de los salvadoreños, pero también demanda que el gobierno asegure condiciones para ello, ante cualquier interés económico debe prevalecer la salud y la vida de los salvadoreños, las medidas tienen que tener como finalidad evitar los contagios y no fines políticos.
El gobierno debe crear condiciones para asegurar una atención médica y hospitalaria, gratuita, oportuna y eficaz para todas las personas con síntomas de COVID-19, para lo cual además de la infraestructura debe contar con los medicamentos, equipo y personal suficiente. No deben continuar sobrecargando a los trabajadores de salud que laboran en los griparios y en Hospitales en donde se tienen pacientes hospitalizados por COVID-19 dicho personal debe laborar solamente cuatro horas como máximo. Así mismo debe otorgárseles a dicho trabajadores un bono de $300 mensuales. Todos los trabajadores de salud deben contar con Equipo de Protección Personal adecuado. A nivel general para proteger a la clase trabajadora el gobierno debe asegurar que los dueños de las empresas brinden transporte gratuito a los trabajadores desde sus lugares de residencia hasta el centro de trabajo. Así mismo el gran empresariado debe implementar medidas que realmente eviten los contagios.
