Por Marcial Rivera
Desde la toma de posesión del cargo de Presidente de la República, Nayib Bukele ha buscado posicionarse en la opinión política como un funcionario con alta aceptación y popularidad, de esta cuenta, ha ido construyendo una narrativa pública basada en el odio, el descrédito y el bullying hacia quienes considera sus adversarios políticos, además de un amplio despliegue publicitario y propagandístico. Hasta antes del 28 de febrero, día de las elecciones municipales y legislativas, tenía por adversarios políticos, a “los mismos de siempre”, cuyo listado comenzó a conformarse por los partidos políticos de oposición que polarizaron el sistema de partidos políticos en El Salvador, por 30 años, ARENA y el FMLN.
En su narrativa, “los mismos de siempre” incluyen ONG’s, universidades, tanques de pensamiento, defensoras y defensores de DDHH, básicamente cualquier ciudadana que no le apoye ni piense como él y, por tanto, cualquiera que sea parte de “los mismos de siempre” es adversario político del presidente y debe ser neutralizado, y excluido de los distintos espacios de toma de decisión que involucren asuntos públicos.
Críticas hacia el GOES
Al instalarse en el gobierno, se hizo evidente el alcance que tendría el estilo de gobernar de Bukele, “medicina amarga”, lo que ha sido objeto de críticas por distintos sectores de la sociedad salvadoreña, uno de los cuales han sido las Organizaciones No Gubernamentales, particularmente las que trabajan −dentro de su ejecución programática− temas estratégicos tanto en la gestión pública, Derechos Humanos, atención a grupos vulnerables de la población; entre otros. Las críticas desde las ONG’s hacia el GOES han resultado incómodas y no han sido bienvenidas, en lugar de hacer acopio de recomendaciones públicas y puntuales en temas clave para el país, Bukele se ha dedicado a ridiculizar y descalificar públicamente a quienes le critican.
Una de las primeras acciones llevadas a cabo por la nueva Asamblea Legislativa fue conformar una Comisión Especial para investigar fondos otorgados a ONG siendo Alexia Rivas su presidente, Secretario de la Comisión Caleb Navarro, como relator Giovanni Zaldaña y como vocales los diputados Lorena Fuentes, Carlos Herman Bruch, Reynaldo Cardoza y Romeo Auerbach, este último de GANA y los demás integrantes de Nuevas Ideas. Esta comisión tiene como objetivo enlistar de manera más precisa, las entidades de sociedad civil, que desde su misión institucional han ejercido un trabajo de auditoría y fiscalización hacia la labor gubernamental, particularmente las ONG’s que trabajan temas relacionados con transparencia, acceso a información pública, Ley de Acceso a la Información Pública y Estado de Derecho; mismas que desde la actual narrativa gubernamental no sirven a la ciudadanía, ni han hecho algún aporte significativo a la sociedad.
Los resultados de la “investigación” que realice esta comisión, servirán como antecedente para la aprobación de una Ley Anti-ONG’s, similar a la que el congreso guatemalteco aprobó recientemente, de manera que la neutralización hacia la labor de las ONG’s estará positivada en una ley específica, consolidándose la persecución política hacia las voces disidentes, usando el aparato y la coerción del Estado. Por esto, no sería extraño que desde la Asamblea Legislativa se busque perseguir adversarios políticos, inventando delitos, cancelando personerías jurídicas de fundaciones, ONG’s y persiguiéndolos con el Fiscal General de la República inconstitucional, impuesto por la nueva Asamblea Legislativa y públicamente afín al Bukele y una Sala de lo Constitucional afín al presidente, la cual tampoco procesaría amparos, hábeas corpus, inconstitucionalidades o hábeas data, cuando los magistrados impuestos son afines a Bukele.
Retiro del apoyo de USAID
El 21 de mayo de 2021, USAID publicó un comunicado de prensa, en el que anunciaba -entre otros aspectos- "USAID tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, y preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas. En respuesta, USAID está reorientando la asistencia de estas instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública."
La reacción de Bukele frente al anuncio del retiro de fondos de USAID fue la de solicitar públicamente que esta agencia de cooperación no financie a “la oposición”, siendo el principal problema, que no se define, ¿Quién es la oposición? Anteriormente se tenían a los partidos políticos de oposición enlistados como “oposición política”, sin embargo, en la actualidad la lista crece cada día más, llegando al punto irrisorio, de considerar a ONG’s como Cristosal o al mismo Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), como parte de esa oposición. Esto ocurre, al tiempo que la comunidad internacional sigue condenando el golpe de Estado técnico y pendiente de las consecuencias del deterioro institucional que, impulsado por el gobierno central, con acciones públicas contrarias a la Constitución de la República, leyes secundarias, tratados y acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado salvadoreño.
También deben mencionarse otros acontecimientos ligados a la crisis política, como el regreso de Jean Manes como encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, cuyo nombramiento no es casual, claramente Washington necesita a alguien con experiencia en el territorio salvadoreño para salvaguardar sus intereses y aminorar influencias extra continentales que eventualmente reduzcan su radio de influencia sobre El Salvador y la región centroamericana. A esto se suma el rompimiento del acuerdo entre el gobierno de Bukele y la Organización de Estados Americanos para auspiciar a la Comisión Contra la Impunidad en El Salvador, en razón del nombramiento de Ernesto Muyshondt –ex alcalde de San Salvador− como asesor de esta entidad internacional.
Debe resaltarse que una de las principales promesas de campaña e insignias de Bukele como candidato, fue la creación de una CICIES, para lo que hizo cabildeos con la Organización de las Naciones Unidas y la OEA, aceptando finalmente el modelo propuesto por la OEA, el cual desde su génesis venía con limitaciones en su accionar, motivadas principalmente por sus atribuciones, aunque durante su duración, interpuso una serie de avisos a la Fiscalía General de la República, sobre casos de corrupción del actual gobierno, durante el manejo de la pandemia, con la ejecución de los casi cinco mil millones de dólares que el gobierno tuvo a su disposición.
Consecuencias de perseguir ONG’s
La participación de las ONG’s en El Salvador es histórica y ha jugado un papel trascendental en distintos momentos de la historia del país, durante la guerra interna atendió población víctima de situaciones derivadas del conflicto, principalmente en temas de atención humanitaria a población desplazada interna y externamente. Mucha de esta población nunca fue prioridad de atención para el Estado salvadoreño, por lo que, sin la participación de las ONG’s en la atención a esta población, la misma hubiera quedado completamente abandonada.
En tiempos de paz también han jugado un rol importante, en lo relacionado con atención a grupos vulnerables de la población, empoderamiento de la ciudadanía y dignificación de los derechos de la población; pasando de un enfoque asistencialista a un enfoque basado en derechos, en el que la caridad se deja de lado, la solidaridad pasa a ser el hilo conductor de su accionar, con miras a mejorar la calidad de vida de la población sujeta de intervención de las distintas entidades de sociedad civil. Perseguir ONG’s no solucionará ninguno de los problemas estructurales que se viven en El Salvador desde hace muchas décadas, además de no resolver problemas estructurales se dejará de atender a muchos ciudadanos, cuya asistencia es realizada por ONG’s frente al abandono sistemático del Estado, siendo esta la principal afectada, pero lo más grave es que perseguir ONG’s que representan voces disidentes acentúa el deterioro y la fragilidad institucional que se vive en El Salvador; esta es una de tantas acciones destinadas a desmantelar la democracia que tanto ha costado a este pueblo.
El Partido Socialista Centroamericano exhorta a la ciudadanía a resistir y defender las libertades democráticas, a seguir denunciando en las instancias nacionales e internacionales, las acciones antidemocráticas de Bukele, y la persecución hacia las voces disidentes, que hoy más que nunca se vuelven necesarias. Pero lo mas importante sigue siendo desatar la movilización interna independiente contra el bonapartismo de Bukele.
