Por: Alberto Castro.
Hace dos años cuando Bukele estaba en actividad propagandista electoral de cara a la presidencia, alzaba la bandera de la lucha anticorrupción mientras promovía su imagen pulcra en contraposición a sus adversarios políticos ARENA y FMLN, misma táctica utilizo en el curso de la campaña electoral para diputados y alcaldes 2021, pero esta vez siendo presidente alcanzo mayor apoyo popular pudiendo apadrinar la bandera de Nuevas Ideas, por el contrario la raída oposición quedo aún más diezmada, logrando con ello hacerse del poder legislativo para el próximo periodo 2021-2023, tiene garantizado la venia de la función legislativa que hasta el 1 de mayo le será hostil.
Aquel discurso anticorrupción que tuvo y que en menor grado aun sostiene se vuelca en su contra ahora que, en dos años de gestión ha manejado las arcas públicas y realizado actos de manera oscura, concretamente ha repetido las mismas prácticas de aquellos que llamo los mismos de siempre. También se vuelcan contra el los mecanismos institucionales de control anticorrupción, como son el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), a los que a toda costa trata de evitar perder el control, en principio los previo como instrumento de persecución política y no como medios que controlarían su Gobierno.
Las rarezas en el IAIP y CICIES
El 8 de mayo de 2011 entro en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIPP), cuyo objeto es permitirle a cualquier ciudadano poder solicitar información pública del Estado. Con la Ley se dio vida al IAIP y a las Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP). El IAIP nació como institución de Derecho Público con autonomía administrativa y financiera, cuyos Comisionados, aunque nombrados por el presidente previamente deben seguir el trámite de elección a partir de ternas propuestas por: la empresa privada; asociaciones profesionales; universidades; periodistas; y sindicatos.
Con ese ejercicio se promueve solo en apariencia, la participación democrática en la cultura de transparencia de la administración pública muy en boga contemporáneamente, en contraposición al secretismo de la publicidad en la información pública que había antes del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), sin embargo la Transparencia en la Información Pública es solo una imagen publicitaria a día de hoy, pues en la práctica queda evidenciado como el Gobierno se la ha reservado en momentos que le salpican algunos actos de corrupción, la gota que rebalso el vaso en el IAIP es en lo referido a lo sucedido con la Comisionada Liduvina Escobar, quien tras denunciar acoso sexual por parte de otros comisionados, incluido el presidente del Instituto, Ricardo Gómez. Bukele en lugar de protegerla arremetió en su contra ordenando el trámite de remoción de su cargo, por su parte ella expreso que el IAIP El Salvador ‘’esta silenciado totalmente’’.
El IAIP con Bukele ha ido perdiendo su autonomía, y se ha transformado a fuerza de decretos ejecutivos y nombramientos irregulares como el de Luis Javier Suarez quien antes fuera gerente de la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones (SIGET), en un mecanismo que blinda al ejecutivo en cuanto no facilita la información pública.
La CICIES fue una promesa de campaña que no se constituyó según lo ofertado, nació el 6 de septiembre de 2019 bajo Decreto Ejecutivo, y como un Convenio del Gobierno con la Organización de Estados Americanos (OEA), el 9 de diciembre del mismo año la Fiscalía General de la República también firmó un convenio con el Comisionado Ronalth Ochaeta, quien se reunió con el enviado especial del Departamento de Estado Ricardo Zuñiga y el encargado de negocios de la Embajada de EEUU, Brandan O’brien, el miércoles 7 de abril, de donde surgió el ofrecimiento de dos millones de dólares de cooperación, esta reunión coincidió con la conferencia de prensa del mismo día realizada por ONG’s pidiendo a la Asamblea Legislativa que apruebe una ley de asidero legal a la CICIES, por su parte Bukele rechaza la propuesta de independizarla del Ejecutivo.
La lucha anticorrupción debe ser liderada por las organizaciones sindicales de empleados públicos especialmente, quienes tienen el deber de denunciar todo acto oscuro por parte de los funcionarios.
