Por: Salvador Belloso.

A propósito de las jornadas de protestas realizadas en diferentes ciudades de Estados Unidos, tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, es necesario traer a colación algunos sucesos ocurridos en El Salvador durante las cuarentenas. Está demostrado que la Policía Nacional Civil (PNC) realizó ejecuciones extrajudiciales contra tres ciudadanos, sin que estos crímenes provocarán sensibilidad o conmoción popular, y mucho menos dio cabida a protestas. La violencia y los asesinatos se ha convertido en algo “normal”.

Estamos genuflexos ante los constantes atropellos de los órganos represivos del Estado, cerramos los ojos ante estas constantes violaciones a los derechos fundamentales. Aceptamos como ciertas las mentiras oficiales de que esos asesinatos son necesarios para combatir la criminalidad y delincuencia de maras y pandillas. No obstante, los resultados de estas ejecuciones selectivas no rinden los frutos esperados. Al contrario, tal y como se ha comprobado, empeora la situación de inseguridad y violencia.

El poco valor de vida para el Estado.

La conceptualización discursiva del Estado, expresa falsamente el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos, y el derecho a la vida como principio y fin de la actividad del este. En la realidad las cosas no ocurren así: se impone la desigualdad económica, seguido por la constante persecución a los marginados a quienes se consideran un “peligro social”.

No es extraño que se tipifiquen los supuestos delitos que tiene origen en la desigualdad social, y se impongan duras penas en nuestro sistema judicial. Así podemos contemplar el trato preferencial a los delincuentes de cuello blanco, mientras se da el escaso acceso a la defensa del pobre al que se le imputa cualquier delito.

También encontramos cierta permisividad impune al persecutor de los procesos de criminalización secundaria. Los agentes de la PNC, desde la gestión Sánchez Cerén-FMLN a la actual Bukele-GANA, tienen en los hechos libertad de asesinar sin observar los presupuestos de las excluyentes de responsabilidad penal para el uso letal de la fuerza, lo que indica que los asesinatos extrajudiciales forman parte de la política criminal Estatal que  los diferentes gobiernos aplican.

Todas las funciones del poder (no poderes porque el poder no se parte, sigue siendo uno solo) del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) colaboran para favorecer su eficacia. No es de extrañar que la Fiscalía General de la República (FGR), se haga de la vista gorda ante los asesinatos cometidos por agentes policiales e incluso militares quienes han retornado a la administración de la seguridad pública como en el sangriento pasado.

Es necesario un cambio radical de las políticas seguridad públicas.

El problema de la violencia y delincuencia sitúa sus efectos en los homicidios cuyas cifras son inestables, pues cambian de acuerdo a la dinámica de los pactos oscuros con las administraciones gubernamentales.

En el mes de abril hubo un repunte de homicidios, a lo cual el presidente, que es constante en su actividad publicitaria, dijo a través de un tuit que autorizaba el uso de la fuerza letal a los miembros de la PNC y FAES. Posteriormente se hicieron públicas tres hechos de sangre perpetrados por agentes policiales y miembros de la FAES. Tal es el taxista no autorizado que fue abatido luego de maniobras imprudentes en su automóvil pero que no reúne las condiciones en las que deba ser enfrentado letalmente, esto ocurrió en San Martín, San Salvador. El día de las madres fue apagada la vida de una joven en el municipio de San Julián, Sonsonate, que salió a comprar con ocasión a la festividad del 10 de mayo. El reporte policial decía que fue abatida una pandillera en un enfrentamiento, lo cual fue desmentido. En Zacatecoluca, La Paz, luego que fuera entregado el cuerpo de un joven a sus familiares en un féretro sellado, pero por sospechas lo abrieron descubriendo algo aterrador; el cuerpo tenía hematomas y estaba esposado. 

No debemos seguir tolerando ningún tipo de violación a los derechos fundamentales por parte de los cuerpos de seguridad pública o militar, debemos exigir soluciones estructurales a los problemas de violencia y que sean transparentes. Para exigirlo el pueblo estadounidense nos ha dado el ejemplo que a seguir: la movilización contra los abusos y violaciones cometidos por los órganos represivos del Estado.