Por German Aquino.
Antes de la pandemia del COVID-19 existía una lucha del gobierno de Bukele contra los órganos legislativo y Judicial. Ahora, este conflicto se ha acentuado. Bukele utiliza las medidas de combate contra la pandemia, define sus estrategias y acentúa sus disputas políticas, para crear y fortalecer su base social o clientela electoral, haciendo concesiones económicas a los grandes grupos empresariales, en detrimento de los intereses del pueblo salvadoreño.
Los alarmantes niveles de contagios y colapso de centros de atención
Desde el 18 de marzo, cuando se detectó el primer caso, al 20 de mayo 2020 se han realizado 62,838 pruebas COVID19. De este total, 1,571 fueron confirmados como positivos, lo que muestra un ascenso de la curva. A la fecha han fallecido 31 personas por el COVID-19. Vale aclarar que las cifras en gran parte no reflejan la realidad, la cual podría ser más alarmante.
Los trabajadores y organizaciones sindicales de trabajadores de la red de hospitales del Ministerio de Salud (MNSAL) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), como conocedores de la realidad hablan con conocimiento de causa y están alertando del colapso de la red hospitalaria por lo que piden se continúe la cuarentena.
Trabajadores y Sindicatos de salud expresan la realidad
Al respecto el Sindicato de Enfermería del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SEISSS), mediante comunicado del 18 de mayo del 2020, ha manifestado: “como SEISSS queremos hacer del conocimiento público las situaciones que se viven a diario en los diversos centros de atención del ISSS producto de la emergencia nacional: …el hospital regional de Sonsonate, unidad médica Atlacatl que están atendiendo pacientes sospechosos y positivos a COVID-19 y dichos pacientes permanecen hasta 8 días esperando ser trasladados por SEM esto por falta de lineamientos claros, adecuación de áreas física inadecuadas…”.
De igual manera, el Sindicato de Defensa de las Trabajadoras y los Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIDETTRISSS), en relación al conflicto entre los políticos, manifestó “…como sector salud les hacemos un llamado a lograr un acuerdo que beneficie EXCLUSIVAMENTE AL PUEBLO; a que visiten los Centros de atención del ISSS y MINSAL, para que constaten de primera mano la triste realidad del COVID-19 y su alto grado de CONTAGIO Y MORTANDAD , y de cómo estos ya están a punto de colapsar…”
Los trabajadores de todos los centros de atención medico hospitalaria del MINSAL y del ISSS, están manifestándose y piden a las autoridades se prolongue la cuarentena, para salvaguardar la vida y la salud del pueblo salvadoreño, y la de ellos mismos como trabajadores. Muchos trabajadores de salud han salido contagiados y están sufriendo la sobrecarga laboral, por lo cual todavía se continua denunciado la falta de Equipo de Protección Personal (EPP).
Más allá de la discusión legal
El gobierno de Bukele ha dictado una serie de Decretos, como el relacionado con la emergencia nacional por la enfermedad del COVID-19, por medio de los cuales han restringido algunos importantes derechos fundamentales, bajo el pretexto de “salvaguardar la salud de los salvadoreños” .
Muchos de los Decretos dictados por Bukele han generado controversias, debido a que, bajo la democracia burguesa, cuando se limitan derechos fundamentales, necesariamente tendrían que pasar por la ratificación o rechazo de la Asamblea Legislativa. Este conflicto ha involucrado a las cámaras empresariales, a los partidos políticos de la Asamblea Legislativa, incluida la Sala Constitucional que ha emitido sentencias en defensa de las instituciones y la frágil democracia burguesa.
No es para menos. Bukele está usando el descontento social contra los partidos ARENA-FMLN y el miedo a la pandemia para imponerse sobre los otros poderes del Estado. Más allá de las discusiones jurídicas, la clase trabajadora debe revisar y discutir hasta qué punto estos decretos (Legislativos o Ejecutivos) han asegurado la salud, la vida, el trabajo y la comida del pueblo salvadoreño.
Los niveles de contagio, mas allá de las cifras oficiales, van en aumento. El sistema de salud está colapsando, la gente se está enfermando. Los enfermos crónicos están falleciendo por falta de atención. Los niveles de contagio del personal de salud son altos, las empresas no están pagando los salarios a sus trabajadores, miles de personas se han quedado sin empleos, la crisis alimentaria va en aumento. Los decretos ejecutivos y legislativos no han dado una repuesta adecuada, mas bien las cosas empeoran cada día.
Los prorrogables “Estado de Emergencia” y evasión de la LACAP
El 14 de marzo de 2020 se emitió el Decreto Legislativo No. 593 mediante el cual se declaro estado de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio, para un plazo de 30 días. Este Decreto después de múltiples prorrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa finalizo el 16 de mayo del 2020.
Al no ponerse de acuerdo el ejecutivo y el legislativo, Bukele invocó el artículo 24 inciso 2° de la Ley de Protección Civil y Mitigación de Desastres, para dictar el Decreto Ejecutivo No 18 declarando otra vez el “Estado de Emergencia Nacional” por un periodo de 30 días a partir del 16 de mayo, esquivando el control de la Asamblea Legislativa.
El Decreto Ejecutivo No 18 en el Art. 9 establece que “…la presente disposición adquiere carácter especial y prevalece sobre cualquiera que la contrarié, inclusive sobre los procedimientos de adquisición y contratación establecidos en la LACAP,...” .
¿Por qué quieren burlas los controles de la LACAP? Una de las razones de Bukele para declarar el “Estado de emergencia” no está relacionado con la vigencia de la cuarentena, sino en que quiere tener las manos libres para asignar las millonarias compras a su grupo de poder. La Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, finaliza hasta el 21 de mayo. La discusión no era sobre la cuarentena, sino sobre como burlar la LACAP.
Defienden la legalidad pero no los intereses del pueblo
El Decreto Ejecutivo Numero 18 fue criticado por los partidos políticos y el gran empresariado. Óscar Ortiz de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí (FMLN) manifestó: "Lo que el Ejecutivo hizo el fin de semana es ilegal, está por encima de sus atribuciones constitucionales. Lo que el Ejecutivo dio a conocer es un fraude de ley, porque conociendo que no puede hacerlo, aún así lo dio a conocer" (DEM. 18/05/2020).
A la fecha, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, suspendió el Decreto No 18, señalando que: “Mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad, las autoridades del Órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece; asimismo, se suspenden los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del aludido decreto ejecutivo número 18” (DEM. 18/05/20209).
Mientras se pelean en las alturas, miles de trabajadores sufren desempleo, recorte de salarios, etc.
Bukele calma a los grandes empresarios
La turbulencia generada a raíz del Decreto Ejecutivo No 18, forzó a Bukele a reunirse con los grandes empresarios, para calmar su descontento: “…el presidente de Agrisal, Roberto Murray Meza; Ricardo Poma, de Grupo Poma; Francisco Calleja, de Grupo Calleja; Víctor Saca, de Laboratorios Vijosa; Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de Avianca; Mario Salaverría, de la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES); Diego de Sola, director ejecutivo de Inversiones Bolívar; Claudia Alexandra Araujo de Sola, presidenta del Comité Nacional del INCAE Business School; y miembro de otras empresas..” (DEM. 19/05/20209).
En esa reunión no estuvo presente Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quien al momento lidera la oposición empresarial al poder ejecutivo.
Al respecto, Bukele manifestó que “…mientras los diputados se reunían con la ANEP, nos reunimos con los empresarios más grandes del país y llegamos a un entendimiento”.
Según Comunicado de prensa de la Presidencia: “El Presidente Nayib Bukele sostiene encuentro con grandes empresarios del país y se acuerda impulsar una hoja de ruta para la reapertura económica el 6m de Junio…el plan incluye un periodo de cuarentena estricta de dos semanas, previo al reinicio de labores económicas el próximo 6 de junio , aunque el Presidente Bukele recordó que esto va amarrado a una Ley de Emergencia Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa, …”
El gran empresariado reafirmó la necesidad de la reapertura de sus empresas haciéndole el llamado a: “…restablecer el diálogo y la comunicación con total respeto entre las instituciones de gobierno, las gremiales empresariales y los sectores políticos… " . (DEM. 19/05/20209).
El problema de la reapertura sin protección para los trabajadores
La realidad es que ninguna cuarentena puede ser eterna. Todos queremos volver a la anterior normalidad, pero ahí está, escondido, el virus acechando sobre nosotros
Bukele se puso de acuerdo en la reapertura gradual de la economía, pero por ningún lado de mencionan las medidas de protección económicas y sanitarias para los trabajadores y sus familias.
Cualquier reapertura debe garantizar las medidas para disminuir el contagio en las empresas, eso implica trabajar por turnos, en grupos más reducidos para que haya distanciamiento social y protección en los centros de trabajo, en el transporte público y en los centros de enseñanza. Se debe reinstalar en sus puestos de trabajo a aquellos que fueron despidos o sus contratos suspendidos.
Decreto NO 19 versus Ley de Salud
El 18 de Mayo con 63 votos la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia por COVID-19, la cual mantiene aspectos de las leyes anteriores, manteniendo la cuarentena por 15 días más e incorporando un Plan de reactivación económica en cuatro fases.
Bukele anunció que vetaría esa ley. El 19 de Mayo, Bukele emitió el Decreto Ejecutivo No 19 y dictó un nuevo Estado de Emergencia
Los trabajadores y sus organizaciones sindicales no debemos apoyar ni hacer barra a ninguno de los grupos en pugna, debemos exigir medidas concretas que defiendan al trabajador en caso de continuar la cuarentena o de una reapertura de la economía.
