Por German Aquino
Nayib Bukele asumió la Presidencia de la republica de El Salvador el 1 de junio del 2019. Participó electoralmente con la bandera de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), logrando derrotar a los partidos del bipartidismo: a la rancia derecha de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al partido de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Este último se habían mantenido en el gobierno los últimos diez años. Este triunfo electoral de Bukele agudizó la crisis interna del bipartidismo, la cual todavía no logran superar.
La población salvadoreña, más allá de las ideologías, demandaba solución a problemas fundamentales como son la violencia y delincuencia, corrupción y desempleo, que obliga a muchas familias a migrar principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de Bukele ha centrado sus programas y campañas mediáticas, en la búsqueda de solución de estos problemas, logrando captar la atención de la ciudadanía y mantener altos índices de aprobación hacia su administración.
Evaluar a cada gobierno en los primeros cien días se va haciendo costumbre, lo cual es prematuro, pero permite tener una idea del rumbo de este en los siguientes años. Por ello se hace necesario hacer dicho ejercicio de evaluación en lo que respecta el gobierno de Bukele-GANA.
Breve caracterización del gobierno de Bukele-GANA
Desde sus inicios, la conformación de gabinete de gobierno fue un misterio, pero una vez que asumió la Presidencia el público se enteró que está conformado por personas pertenecientes a GANA, familiares y amigos del presidente, así como también por personas disconformes de la derecha de ARENA y del FMLN. También debemos mencionar el nombramiento de funcionarios provenientes de organizaciones sindicales, como es el caso de Rolando Castro, actual ministro de Trabajo.
Hasta el momento el régimen político tiene elementos que le apuntan más hacia el bonapartismo, es decir, una tendencia hacia el autoritarismo presidencial, lo cual de consolidarse sería desastroso para la clase trabajadora y sectores populares. Bukele se nos presenta como el redentor que salvara al país de la vorágine de violencia y delincuencia que sangra al pueblo salvadoreño, pero para cumplir esos fines irrespeta el mismo “Estado democrático de derecho”. Bajo el gobierno de Bukele, las Fuerzas Armadas cada día usurpan funciones que le corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC), incluso fortaleciendo los cuerpos de seguridad.
EL gobierno de Bukele representa a un sector del empresariado salvadoreño, pero goza del visto bueno de toda la clase empresarial, hasta el momento. Al respecto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) considera que, en lo poco que va de este gobierno, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) ha subido. De igual manera Roberto Poma, quien es parte del gran empresariado, manifestó “…el gobierno está haciendo lo posible por cumplir sus promesas electorales”; sobre todo en el tema de seguridad. También estamos viendo que la relación con el sector privado en este momento se está fortaleciendo y se está generando un grado de confianza que va a ayudar a que el país salga adelante… en los primeros 100 días las señales son bastante positivas” (EDH. 04/09/19).
A nivel de las relaciones internacionales, el Presidente Bukele es un fiel cumplidor de las políticas promovidas por el gobierno imperialista de Donald Trump. Bukele se ufana de haber “…restablecido las relaciones con nuestro mayor aliado internacional. Esas relaciones están en su mejor momento… Altos funcionarios de Estados Unidos nos han visitado para crear acuerdos que nos ayuden al desarrollo” (EDH.09/09/19). Así mismo, ha mantenido un dura crítica hacia los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y el de Maduro en Venezuela.
Aunque es prematuro decirlo, en estos cien días la economía no se ha reactivado. El Estado, para su funcionamiento, ha tenido que recurrir nuevamente a préstamos, en lugar de obligar al gran empresariado que pague impuestos sobre sus ganancias.
En síntesis, con el gobierno de Bukele estamos ante un modelo económico neoliberal en crisis, y un sistema de gobierno que avanza rápidamente hacia el bonapartismo.
Reducción de la violencia y delincuencia y sus costes
Desde la implementación de los planes de seguridad por parte del actual gobierno, los índices de muertes violentas se han reducido, las publicaciones periodísticas relacionadas también se han reducido. Los miembros de las maras y pandillas han sido obligados a realizar repliegues tácticos en las zonas que antes controlaban, lo que ha dado una sensación de efectividad de dichos planes. Este es el factor fundamental que contribuye a los altos índices de aceptación del gobierno de Bukele.
Los planes de seguridad implementados por el gobierno de Bukele, en parte son los mismos que los implementados bajo los gobiernos anteriores, pero existen ciertas variantes como el hecho de incrementar el número de efectivos de las represivas Fuerzas Armadas en las labores de seguridad y dar órdenes de absoluta libertad de reprimir. Los costes de dicho planes han recaído sobre todo en la juventud quien sufre la represión, lo cual ha llevado a un mayor índice de jóvenes asesinados por los cuerpos de seguridad.
Según el presidente Bukele, en materia de seguridad “…Por primera vez, en décadas, hemos abierto el reclutamiento masivo de nuevos soldados, jóvenes comprometidos con su país, que ven el servicio a los demás, como una vocación”. Nada más falso, muchos jóvenes se ha enlistado en el Ejercito por necesidad, porque ven una oportunidad de trabajo para poder ayudar a sus familias, cuando estos jóvenes deberían de estar cursando estudios secundarios o superiores.
Los Planes Control Territorial en gran parte se financiaran vía préstamos “…solo hay fondos específicos para echar a andar tres fases (de las siete) por un monto total de $575.2 millones, de los cuales $200 millones serán deudas y el resto vienen del gasto de la Nación, del impuesto a la seguridad, de donaciones,…” (EDH.09/09/19).
Si bien los planes de seguridad han logrado generar opinión pública favorable al gobierno de Bukele, solo están combatiendo los efectos más no las causas sociales que generan la violencia y la criminalidad.
La lucha contra la corrupción como arma política
La lucha contra la corrupción fue planteada desde los gobiernos del FMLN, uno de sus resultados fue sacar a luz pública actos de corrupción de los gobiernos de ARENA. Lo novedoso del gobierno de Bukele, es la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (CICIES). Según Bukele, “…La CICIES nos servirá para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción, porque el saqueo estatal debe parar y los que lo hicieron deben pagar…La CICIES será independiente, neutral y transparente, perseguirá al corrupto y al corruptor,…” .
Desde sus inicios la CICIES es un proyecto que no tiene el consenso de todos los empresarios y demás instituciones del Estado. No fue producto de un entendimiento entre los tres poderes del Estado. Estas contradicciones nos indican que la lucha contra la corrupción y la impunidad recaerá solo contra aquellos que sean adversarios políticos, siendo cobija de corrupción para otros que le son afines. Para combatir a los “corruptores”, en realidad se deben investigar a los grandes empresarios que hacen negocios con los contratos del Estado.
Amenazas constantes hacia trabajadores de salud
En su discurso de cien días, Bukele nuevamente lanzó amenazas hacia los trabajadores de salud manifestando “…Ayúdennos a hacer lo imposible por sacar adelante lo que parece inalcanzable, los demás, los que sientan que están siendo explotados o que se les pide mucho, por favor, no permitan que los sigan explotando, déjenme inmediatamente sus plazas y denle la oportunidad a los demás que sí quieren atender a los pacientes como se merece. Duele ver cómo hay decenas de miles de profesionales de la salud en diferentes ramas, buscando una oportunidad con todas las ganas de atender a nuestro pueblo y no de poderle dar una oportunidad por una minoría y hago hincapié en una minoría de profesionales en salud, que no tienen la vocación y el amor para atender a nuestro pueblo que ya ha sufrido demasiado…”
Esto no es nada nuevo, recordemos que el miembros de la dirección del FMLN, tras la última derrota en las elecciones legislativas y municipales, culparon a los trabajadores de salud y educación de ser los responsables, atreviéndose a llamar a la población que realizara acciones en contra de los trabajadores.
El gobierno Bukele nuevamente busca desacreditar las justas luchas y demandas de los trabajadores de salud. Sin embargo, como bien lo dice, es una minoría la que no cumple y hace bien su trabajo, lo cual debe corregirse. La gran mayoría hace bien su trabajo, pero necesita que el gobierno garantice condiciones mínimas: medicinas, equipos, personal suficiente, mejores salarios, etc.
A nivel de salud como en otras áreas sociales, el gobierno mantiene un discurso populista, habla de cantidad y no de calidad. Traslada la responsabilidad de las deficiencias a los trabajadores de salud. Se debe exigir una atención médica hospitalaria oportuna, eficiente y eficaz para todo el pueblo salvadoreño.
Violación a la autonomía e independencia sindical
En estos cien días se ha podido presenciar la más completa violación a la autonomía, independencia sindical e irrespeto a la voluntad de las bases sindicales. Una de ellas fue contra los trabajadores del seguro social. El Ministerio del Trabajo, transgrediendo todas las leyes, impuso una nueva Junta Directiva en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS). Por la forma en que fue impuesta, la nueva Junta Directiva esta amarrada y tiene compromisos con el actual gobierno. El STISSS es una de los sindicatos más fuertes y jugó un papel fundamental en la lucha contra la privatización de la salud. La imposición de una nueva Junta Directiva nos alerta de los planes de privatización que impulsara el gobierno de Bukele en el área de salud y seguridad social.
Unidad y acción
En estos primeros cien días, las acciones realizadas por el gobierno en materia de seguridad han sido percibidas de forma positiva por la población, pero también ha realizado acciones en contra de trabajadores públicos como son los despidos, etc, justificando que dichas plazas son innecesarias. El gobierno Bukele tiene un marcado espíritu anti obrero y antisindical. Bukele quiere manejar el Estado como si este fuera su propia empresa privada.
Las organizaciones sindicales y sociales no debemos permitir la división por parte del gobierno Bukele. Debemos solidarizarnos con las luchas de las demás organizaciones, tampoco debemos permitir la instrumentalización política partidaria de la cúpula del FMLN quienes hoy se quieren mostrar los verdaderos defensores de la clase trabajadora. Se debe desarrollar una coordinación de todas las organizaciones de cara a enfrentar a este nuevo gobierno.
