Por German Aquino

El pasado 31 de octubre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a participar en las elecciones municipales y legislativas a realizarse el 1 de marzo del 2015, en las cuales se elegirán los 262 concejos que gobiernan a nivel municipal, los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa y los 20 diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). En esta ocasión el padrón electoral lo conforman   4,920,742 personas y son diez los partidos políticos inscritos para participar, entre los cuales están: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza República Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Cambio Democrático (CD), Partido Salvadoreño Progresista (PSP), Democracia Salvadoreña (DS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y Partido Social Demócrata (PSD); también hay candidaturas independientes para diputados.

La reaccionaria y antidemocrática Constitución

En El Salvador continua vigente la Constitución Política de 1983, la cual fue impuesta por el imperialismo norteamericano y la clase dominante en momentos en los cuales no existía ningún tipo de garantía o derechos democráticos y el pueblo era víctima de la represión del Estado a la vez que sufría los efectos de la guerra civil.

La Constitución de 1983 en el artículo 85 fundamentó las bases de la partidocracia, al establecer que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”. Paralelo a sentar las bases de la partidocracia, la Constitución de 1983 limitó y continúa limitando la participación política democrática. Mientras la derecha arenera se mantuvo en el gobierno central y hegemonizó la Asamblea Legislativa y por ende del órgano judicial, el sistema electoral no fue cuestionado; pero tras su derrota electoral hasta la fecha, la Sala de lo Constitucional viene señalando inconstitucionalidades del código electoral.

La lucha por el control del Estado y la derrota de la derecha arenera

Grupos económicos emergentes ligados al FMLN y grupos económicos dominantes tradicionales ligados sobre todo a ARENA se encuentran en una constante lucha por el control del timón del Estado burgués, lo cual es fundamental de cara a sus proyectos económicos y negocios generados desde Estado.

La derrota sufrida por la derecha arenera en las elecciones presidenciales del 2009 le llevó a perder el control del órgano ejecutivo y la hegemonía al interior de la Asamblea Legislativa, lo que obligó a la tradicional clase dominante a apoyarse en el órgano judicial.

Asamblea Legislativa versus Sala de lo C onstitucional: crisis jurídico-política

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) debió encabezar una verdadera democratización del sistema político salvadoreño, para lo cual tenía que hacer una serie de reformas al sistema electoral. Contrario a ello, la clase dominante tradicional, en la lucha contra el FMLN y sectores económicos emergentes, como parte de una maniobra política y con el apoyo de la sala de lo constitucional ha venido cuestionando el antidemocrático sistema electoral, emitiendo así sentencias relacionadas con las candidaturas independientes, desbloqueó de listas cerradas de candidatos a diputados, etc.

Muchas de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional llevaron a un enfrentamiento de la Asamblea Legislativa sobre todo entre la fracción legislativa del FMLN y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, produciéndose así una crisis jurídico-política.

La lucha entre dichos órganos en ningún momento es en defensa o garantía de los derechos de la clase trabajadora, el campesino, los pueblos originarios y demás sectores populares.

Falacia democratizadora del sistema político

Se hubiera podido pensar que al firmarse los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de ARENA y la guerrilla del FMLN, se abrirían los espacios de participación política, pero fue todo lo contrario debido, a que las reformas constitucionales de 1992 reforzaron el excluyente y antidemocrático sistema, el cual evolucionó rápidamente a un nuevo sistema bipartidista, basado en dos grandes partidos: ARENA y el FMLN. Así mismo el Código Electoral aprobado por la Asamblea Legislativa en 1993 prohibió las candidaturas independientes.

Años más tarde, la Corte Suprema de Justicia abre un importante debate político al haber declarado inconstitucional la prohibición de candidaturas independientes, autorizando así las candidaturas independientes, es decir, por fuera de los partidos políticos. Esta resolución no es democrática ni revolucionaria. Fue promovida por intereses políticos de las tradicionales clases dominantes y sectores empresariales. Dicha sentencia de la Corte en realidad no abrió los espacios políticos.

Casi todos los partidos políticos conspiraron desde la Asamblea Legislativa contra las candidaturas independientes, imponiendo duros requisitos para la inscripción de las mismas, lo que imposibilita construir una alternativa electoral independiente de los trabajadores y de la izquierda revolucionaria. En su momento el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestó “No apoyamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por considerarla una maniobra política y porque es insuficiente. Conocemos cuáles son los objetivos de la derecha, pero como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no podemos permitir, ni apoyar restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y del pueblo.”

De las candidaturas independientes al voto cruzado

Nuevamente la Sala de lo Constitucional abre el debate en relación al sistema electoral. En esta ocasión es a partir de la sentencia que avala el voto cruzado, lo que permitirá que las personas voten a la vez por candidatos a diputados de varios partidos y candidatos independientes. Según la Sala “…es inconstitucional el artículo 185 inciso 3° del Código Electoral, que establece la prohibición de voto cruzado, ya dicha norma vulnera el carácter libre del voto establecido en el artículo 78 de la Constitución, al prohibir marcar candidatos de distintos partidos políticos, distintos candidatos no partidarios o candidatos de partidos políticos y candidatos no partidarios al mismo tiempo.” (EDH. 6/11/2014).

Los diputados reaccionan

Como ocurrió con las candidaturas independientes, la sentencia que avala el voto cruzado ha llevado a variadas reacciones de los diferentes partidos políticos, y organizaciones. Así, Aliados por la Democracia considera que “Con el voto cruzado (el votante) podrá escoger de distintas listas de los partidos al que le parezca por su trayectoria, por su capacidad y su idoneidad y su moralidad, y eso permitirá tener verdaderos representantes. Con esta votación se va a expresar el voto soberano y vamos a mejorar la calidad de la Asamblea Legislativa".

Para Santiago Flores del FMLN, “...el fallo de la CSJ obedece a los intereses de la "oligarquía" (EDH. 6/11/2014). Alberto Romero y Margarita Escobar de ARENA “…lamentan que la Sala haya apresurado el voto cruzado”.

Según Guillermo Gallegos, de GANA, el voto cruzado “…lejos de fortalecer la democracia la debilitará, pues dijo que lo ideal es que debió ser en 2018. Además, de la confusión que supone para el elector el cambiar el mecanismo…”. Douglas Avilés, de CD, cuestionó que “…se debilitará a los partidos y fomentará el bipartidismo político”. Alexis Zepeda, del PCN, tildó de "irresponsables" a los magistrados y dijo que la estrategia de la campaña cambiará radicalmente.

Luego de las apresuradas reacciones, los diferentes partidos políticos coinciden en que deberán de legislar; esto llevará a un debate entre los diferentes partidos. En el tema de las candidaturas independientes, al momento de legislar los diferentes partidos maniobraron contra las mismas al imponer duros requisitos mediante el Decreto No. 555, siendo ahora su principal preocupación los fondos y el conteo de votos.

¿Qué intereses expresan las sentencias de la Sala?

Las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional en relación al sistema electoral están enmarcadas en la reaccionaria Constitución política de 1983, la que en esencia refleja los intereses de los explotadores. A pesar de su carácter, dicha Constitución permite ciertas garantías y derechos políticos, los cuales fueron negados en los gobiernos areneros, lo cual lo confirman las mismas resoluciones de la Sala.

Las sentencias anteriores de la Corte relacionadas al sistema electoral en gran medida permitieron que la derecha arenera se recupera a nivel legislativo, pero debido al transfuguismo y oportunismo de sus diputados, perdieron correlación de fuerza, lo que le dio al FMLN mayor margen de maniobra y negociación con otros diputados. Pero a pesar de ello, a nivel legislativo prevalece la polarización política como expresión de la lucha entre los grupos económicos dominantes tradicionales y grupos económicos emergentes.

Por una verdadera democratización del sistema electoral

Las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional no han logrado democratizar el régimen electoral, en parte porque mantienen el espíritu antidemocrático de la Constitución y debido a que todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa defienden su feudo y al momento de legislar respecto a las sentencias de la Sala en vez de abrir los espacios, los cierran. A partir de lo anterior las diferentes organizaciones sociales y políticas debemos exigir una verdadera democratización del régimen político y del sistema electoral, lo que necesariamente tiene que pasar por exigir la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.